En mayo se registraron 46 ataques contra defensores de DDHH, alerta ONG

LA HUMANIDAD · 25 JUNIO, 2022 16:39

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 ataques e incidentes de seguridad contra activistas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, durante mayo de 2022. También señaló que este es el segundo mes con mayor número de casos en lo que va de año, solo superado por marzo, donde se documentaron 51 agresiones. 

«Quienes se encuentran en primera línea respondiendo a las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y acompañando a las víctimas y a la sociedad en general, por las graves violaciones de derechos humanos y abusos a los que han sido sometidas, continúan siendo objeto de agresiones, amenazas, intimidación y hostigamiento», reza el reporte mensual, publicado en junio de 2022

El CDJ detectó 29 casos de estigmatización, 11 de intimidación y hostigamiento, tres de amenazas y dos de judicialización. Sobre ello, apuntó que estos hechos reflejan una «intensificación en la política de criminalización y el uso de la tesis del enemigo interno». Un 57 % de los ataques estuvo dirigido contra organizaciones no gubernamentales y el 43 % hacia personas defensoras.

Así mismo, el CDJ denunció que el nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional representa una amenaza latente para ONG que se dedican a proteger las garantías de los venezolanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó, el pasado 16 de junio, que el gobierno de Nicolás Maduro deseche la ley, por considerar que esta puede causar «restricciones arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras».

«Con esta ley se pretende ejercer un control excesivo de las actividades de las organizaciones y asociaciones en Venezuela, no solo al pretender regular la cooperación internacional desde el ámbito financiero, sino también desde el ámbito técnico, recursos humanos, entre otros comprometiendo así la operatividad y la legalidad de las organizaciones», publicó el Centro para los Defensores y la Justicia.

Un patrón de hostigamiento

De acuerdo con el informe mensual del CDJ, el 26 % de los ataques e incidentes tuvo como responsables a funcionarios públicos; el 24 % fue perpetrado desde los medios de comunicación asociados al Estado venezolano y sus cuentas en redes sociales, 18 % fue responsabilidad de las instituciones públicas, 17 % fue cometidos por organismos de seguridad estatales y 15 % se le atribuyó a simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. 

«Como hemos denunciado con anterioridad, la estigmatización se enmarca en el uso de un discurso de odio y desprestigio empleado por funcionarios del Estado en distintos niveles de poder, los cuales además son ampliamente replicados y difundidos por terceras personas simpatizantes del partido de gobierno e integrantes de los mecanismos de control social instaurados por el Estado», puntualiza el reporte. 

Entre las principales plataformas o portales que generan contenido en contra de defensores de derechos humanos destacaron Zurda Konducta, Con el Mazo Dando, Lechuguinos, Misión Verdad y Venezuela
News.

Lo que exigen los defensores

El CDJ mencionó uno de los casos más reseñados de mayo referente a los ataques contra activistas: la demanda por difamación interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, contra el padre Alfredo Infante, coordinador del Centro Gumilla, y Marino Alvarado, coordinador de accesibilidad de Provea.

Aunque esta terminó en un acuerdo conciliatorio entre ambas partes, organizaciones no gubernamentales en Venezuela afirman que se trata de una muestra de la política de persecución y hostigamiento del Estado. 

Finalmente, el CDJ reiteró su preocupación por los registros de incidentes de seguridad en Venezuela y exigió el cese de los actos de intimidación hacia las personas que defienden los derechos dentro del país. 

«Es obligación del Estado procurar la protección y promover el trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, por ende, toda acción u omisión contraria a ello constituye un incumplimiento sus compromisos internacionales asumidos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», apuntó. 

 

LA HUMANIDAD · 16 AGOSTO, 2022

En mayo se registraron 46 ataques contra defensores de DDHH, alerta ONG

Texto por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 ataques e incidentes de seguridad contra activistas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, durante mayo de 2022. También señaló que este es el segundo mes con mayor número de casos en lo que va de año, solo superado por marzo, donde se documentaron 51 agresiones. 

«Quienes se encuentran en primera línea respondiendo a las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y acompañando a las víctimas y a la sociedad en general, por las graves violaciones de derechos humanos y abusos a los que han sido sometidas, continúan siendo objeto de agresiones, amenazas, intimidación y hostigamiento», reza el reporte mensual, publicado en junio de 2022

El CDJ detectó 29 casos de estigmatización, 11 de intimidación y hostigamiento, tres de amenazas y dos de judicialización. Sobre ello, apuntó que estos hechos reflejan una «intensificación en la política de criminalización y el uso de la tesis del enemigo interno». Un 57 % de los ataques estuvo dirigido contra organizaciones no gubernamentales y el 43 % hacia personas defensoras.

Así mismo, el CDJ denunció que el nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional representa una amenaza latente para ONG que se dedican a proteger las garantías de los venezolanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó, el pasado 16 de junio, que el gobierno de Nicolás Maduro deseche la ley, por considerar que esta puede causar «restricciones arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras».

«Con esta ley se pretende ejercer un control excesivo de las actividades de las organizaciones y asociaciones en Venezuela, no solo al pretender regular la cooperación internacional desde el ámbito financiero, sino también desde el ámbito técnico, recursos humanos, entre otros comprometiendo así la operatividad y la legalidad de las organizaciones», publicó el Centro para los Defensores y la Justicia.

Un patrón de hostigamiento

De acuerdo con el informe mensual del CDJ, el 26 % de los ataques e incidentes tuvo como responsables a funcionarios públicos; el 24 % fue perpetrado desde los medios de comunicación asociados al Estado venezolano y sus cuentas en redes sociales, 18 % fue responsabilidad de las instituciones públicas, 17 % fue cometidos por organismos de seguridad estatales y 15 % se le atribuyó a simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. 

«Como hemos denunciado con anterioridad, la estigmatización se enmarca en el uso de un discurso de odio y desprestigio empleado por funcionarios del Estado en distintos niveles de poder, los cuales además son ampliamente replicados y difundidos por terceras personas simpatizantes del partido de gobierno e integrantes de los mecanismos de control social instaurados por el Estado», puntualiza el reporte. 

Entre las principales plataformas o portales que generan contenido en contra de defensores de derechos humanos destacaron Zurda Konducta, Con el Mazo Dando, Lechuguinos, Misión Verdad y Venezuela
News.

Lo que exigen los defensores

El CDJ mencionó uno de los casos más reseñados de mayo referente a los ataques contra activistas: la demanda por difamación interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, contra el padre Alfredo Infante, coordinador del Centro Gumilla, y Marino Alvarado, coordinador de accesibilidad de Provea.

Aunque esta terminó en un acuerdo conciliatorio entre ambas partes, organizaciones no gubernamentales en Venezuela afirman que se trata de una muestra de la política de persecución y hostigamiento del Estado. 

Finalmente, el CDJ reiteró su preocupación por los registros de incidentes de seguridad en Venezuela y exigió el cese de los actos de intimidación hacia las personas que defienden los derechos dentro del país. 

«Es obligación del Estado procurar la protección y promover el trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, por ende, toda acción u omisión contraria a ello constituye un incumplimiento sus compromisos internacionales asumidos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», apuntó. 

 

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