Los primeros presos políticos de la revolución bolivariana fueron nueve funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), a quienes responsabilizaron por lo ocurrido el 11 de abril de 2002 en los alrededores de Puente Llaguno, donde se desencadenó un tiroteo que dejó 19 personas muertas.
Luis Enrique Molina, Arubel Pérez, Erasmo Bolívar, Héctor Rovain, Marco Hurtado, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez e Iván Simonovis, fueron apresados en 2003 y empezaron a cumplir sus condenas desde 2009.
Forero, Vivas y Rodríguez, condenados a 30 años de prisión (pena máxima), están bajo arresto domiciliario desde el año 2011 por razones humanitarias. Los tres enfermaron durante sus años de reclusión y la condición del tribunal para otorgar estas medidas fueron: no salir del país y presentar un informe médico cada dos meses.
Tres años después, en 2014, el comisario Simonovis, obtuvo medida sustitutiva de libertad, también por medidas humanitarias. El expolicía presentó al menos 20 patologías durante su estancia en Ramo Verde, de las cuales destacan: enterocolitis aguda, deshidratación severa, lumbalgia mecánica, hernia discal y osteoartrosis degenerativa de columna a la altura de la región cervical.
Simonovis escapó de su domicilio el pasado 19 de mayo de 2019; ahora está exiliado en Estados Unidos y fue nombrado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, como comisionado especial de seguridad e inteligencia.
De los nueve funcionarios de la ya extinta PM solo cinco han podido salir de los barrotes de Ramo Verde. De estos, el único que tiene libertad plena es Marco Hurtado, quien fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión y cumplió 17. Hurtado tenía boleta de excarcelación desde diciembre de 2019.
Cuatro siguen tras las rejas
Molina, Pérez, Bolívar y Rovaín continúan tras los barrotes de la cárcel militar Ramo Verde, en el estado Miranda. Allí tiene al menos 17 años presos, a pesar que su defensa ha solicitado en diversas oportunidades medidas humanitarias.
En el año 2014, el cabo Arube Pérez, sufrió un infarto. Desde esa vez el exfuncionario policial presenta graves problemas cardiacos y ha sufrido al menos tres crisis; en 2017 el exoficial fue llevado de emergencia al hospital militar Carlos Arvelo, ubicado en Caracas, tras presentar una dolencia por una obstrucción de una de las válvulas del corazón.
Pérez fue sentenciado a 17 años y 10 meses de presidio por la comisión de homicidio calificado en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego. El 15 de febrero de 2021 el exfuncionario de la PM debería salir en libertad, sin embargo, desde el 30 de junio de 2016 Pérez podría cumplir el resto de su pena fuera de la cárcel.
Héctor Rovaín, inspector en jefe de la extinta policía, fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves en complicidad correspectiva. Como en la mayoría de los casos, la defensa de Rovaín solicitó medidas sustitutivas de libertad pero les fue negada.
En 2023 el exinspector de la PM podrá optar por libertad condicional y para el año 2025 podría cumplir su condena en un lugar distinto a la cárcel.
Otros de los condenados a pena máxima fue el distinguido Erasmo Bolívar. El exfuncionario sufrió un desprendimiento de retina en un ojo y una lesión en las rodillas. La defensa aseguró que el tribunal que lleva el caso no ha aceptado remitir a Bolívar a un centro médico para que sea intervenido quirúrgicamente.
La pena máxima también recayó sobre el cabo primero Luis Enrique Molina, quien este 2020 cumple 17 años privado de libertad. El cabo fue sentenciado por homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves en complicidad correspectiva, lesiones leves y uso indebido de la fuerza. Desde 2011 le corresponde una medida alternativa al cumplimiento de la pena.
17 años de defensa
La abogada Theresly Malavé tiene 17 años defendiendo a los policías metropolitanos; ha sido testigo del proceso penal de cada uno de los detenidos y en reiteradas ocasiones lo ha calificado de injusto y político.
Este jueves 30 de enero, a las afueras del Palacio de Justicia, la abogada aseguró a Efecto Cocuyo que el proceso judicial de los cuatro policías que quedan recluidos en Ramo Verde está paralizado a pesar de que los exfuncionarios han trabajado y estudiado desde el primer día de su detención, para poder optar por las fórmulas alternativas del cumplimiento de su pena.
“Esto significa que a la persona que está detenida le restan un día de pena por dos de trabajo y estudio. Lo que quiere decir, que ellos, los que están condenados a 30 años deberían tener ya una libertad condicional porque la pena se le reduce”, explicó Malavé.
Denunció penalmente a la juez de ejecuciones del estado Aragua, Adaa Marina Armas, que lleva el caso de los exfuncionarios de la PM por privación ilegítima de libertad, tras no excarcelar al comisario Marco Hurtado. “Aun cuando cumplió la pena lo dejó privado de libertad dos meses más sin razón alguna, violando la constitución y los deberes que como juez juró cumplir”, dijo.
Para la jurista el cabo Arube Pérez, debería estar en libertad condicional, ya que solo le falta un año para cumplir la pena. El exfuncionario se encuentra optimista, pero la defensa espera que el tribunal cumpla con su deber y emita su boleta de excarcelación.
El optimismo no acompaña a los otros tres funcionarios que fueron condenados a 30 años. La abogada señala que aunque todos están contentos por la libertad de Marco Hurtado, se siente “absolutamente desesperanzados” por tener que cumplir una pena y ser inocentes.
“Les recuerdo que en el expediente nunca se pudo probar nada y que esto es algo netamente político”, insistió.
Por qué no se les ha dado medida sustitutiva
A pesar de que a Lazaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez e Iván Simonovis, recibieron medidas sustitutivas de libertad por presentar complicaciones médicas durante su reclusión, a Molina, Pérez, Bolívar y a Rovaín no les han otorgado las medidas humanitarias.
“Ellos están igualmente enfermos, Erasmo ha tenido un problema en un ojo y una rodilla. Lo han trasladado al médico porque el director anterior de Ramo Verde, lo ha hecho, porque si es por el tribunal estaría muerto”, aseguró Malave.
Los padres de Rovaín murieron mientras el exfuncionario continúa en la cárcel. El tribunal no les permitió ir a verlos. Han pasado 17 años y los primeros presos políticos de la revolución chavista viven entre la desesperanza y el olvido.