Comité de madres de presos políticos espera que su propuesta de amnistía sea tomada en cuenta por la AN

El Comité de Madres por la Verdad informó que ya consignó formalmente ante la Asamblea Nacional su propuesta de Ley de Amnistía, iniciativa exige una participación amplia y plural de los familiares en la discusión, implementación y verificación de la norma, que espera sea agregada a la propuesta que consignó ante el Parlamento la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

El comité, que se acercó a la sede administrativa de la AN, solicitó que se consideren las propuestas que su grupo y otras organizaciones humanitarias presentaron previamente.

Los impulsores insisten en que esta ley forme parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a la redemocratización y reinstitucionalización del país.

Demandan que el Estado se comprometa a “no perseguir ni reprimir a personas u organizaciones por opiniones distintas, y que todos los sectores impulsen cambios políticos sin recurrir a la violencia”.

Mediante un comunidado, el Comité de Madres insiste en que la propuesta recalca que la aprobación y aplicación de la amnistía no afecta el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a recibir reparación integral.

“Esta reparación incluye restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición”, afirman.

El texto subraya que la amnistía busca servir como puente hacia la reconciliación nacional sin borrar responsabilidades ni menoscabar derechos de las víctimas.

Para apoyar la propuesta, el comité invita a los ciudadanos a registrarse en el sitio web www.juntosporlaamnistia.org.

AN aprueba en primera discusión, y por unanimidad, Ley de Amnistía

Esta consignación se suma a la que la Asamblea Nacional aprobó el 5 de febrero de 2026, en primera discusión y por unanimidad, de un proyecto oficial de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Dicho proyecto cubre hechos desde 1999, excluye crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y otros delitos graves, y avanza ahora hacia consulta pública antes de una segunda discusión.