Jason Barnes, ciudadano norteamericano de 34 años de edad, fue detenido por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro tras ser acusado de la quema de dos hectáreas en el sector Campo Elías del estado Yaracuy, según denunció Humberto Prado, comisionado presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas del gobierno interino.
Prado rechazó la detención de Barnes debido a que este presuntamente habría sido acusado por un “patriota cooperante” de la quema de las tierras. El hombre detenido es padre un niño de 4 años de edad.
El Comisionado, calificó la detención de arbitraria, y aseguró que ocurrió luego de que un grupo del Consejo Comunal de la zona se acercara a la residencia de Barnes, para gritar que “por culpa de los norteamericanos teníamos un bloqueo”. Esto ocasionó que lo responsabilizaran de la tala, quema y toma ilegal de agua en el sector.
Tras la acusación de los integrantes del Consejo Comunal, Barnes habría aclarado que se había abierto un procedimiento administrativo por una toma de agua encontrada en sus terrenos que no obstruían el servicio del líquido en la zona.
Por este procedimiento al que se refería Barnes, su esposa fue citada en Fiscalía para declarar, pero no se llevó a cabo por la detención del estadounidense.
“La policía presuntamente le habría sustraído un monto de 500 mil bolívares. En un principio, la Fiscal a cargo del caso había solicitado arresto domiciliario. Sin embargo, una juez dictó medida de privativa de libertad justificando que los supuestos delitos eran ambientales y que se debía atender lo que decían los Consejos Comunales”, se lee en un hilo de tuit publicado en la cuenta del Comisionado para los DDHH.
Barnes, que se desempeña como ingeniero, fue llevado a la comandancia de la entidad con los presos comunes, donde permanece recluido de forma ilegal, según denuncia Prado. El centro de reclusión donde permanece hay hacinamiento y enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis.
La detención fue notificada a Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, y a Paulo Abrāo, Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de Derechos Humanos