El aumento de la represión durante el estado de alarma “pone en cuarentena” los derechos civiles y políticos de los venezolanos, denuncia el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su más reciente informe.
La libertad personal y la integridad personal son los derechos más vulnerados.
De acuerdo con el registro que lleva la Organización no gubernamental, en el país ocurrieron 34 detenciones arbitrarias desde el 4 de marzo hasta el 7 de abril. En el marco de la cuarentena nacional que decretó Nicolás Maduro por la pandemia de COVID-19 se registraron 29 casos.
Instigación al odio y asociación para delinquir son los delitos más imputados durante el estado de alarma, según la base de datos que lleva la organización.
El perfil más frecuente de los detenidos fue periodistas (10), miembros del personal médico (5) y personas relacionados con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó (5).
En 12 de los casos los detenidos fueron liberados, mientras en 12 situaciones fueron excarcelados con medidas sustitutivas y 10 continúan privados de libertad.
“Las detenciones persiguen silenciar las voces disonantes a la versión oficial sobre la situación del país bajo el estado de alarma y la respuesta a la pandemia COVID-19 y aprovechar las circunstancias para debilitar el liderazgo opositor”, advierte Provea.
Preso por un mensaje de WhatsApp
Carlos Correa, director de Espacio Público, coincide en afirmar que se utiliza un patrón de persecución penal para silenciar en contextos de emergencia.
“No es la primera vez que esto ocurre, lo vimos cuando hubo denuncias durante la crisis eléctrica, pero se ha intensificado ahora. Vemos detenciones por compartir mensajes en redes sociales y en WhatsApp, están abriendo procesos penales y están utilizando la denominada Ley contra el odio, también imputan instigación a delinquir y usan argumentaciones de diversa naturaleza”, explica el comunicador y defensor de derechos humanos.
La detención de Elio Mendoza, supervisor en Planta de Pella de la Siderúrgica del Orinoco, es un ejemplo de cómo enviar un mensaje puede costar la libertad en Venezuela.
Sus familiares denunciaron que fue aprehendido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la noche del 1 de abril por haber reenviado un mensaje de WhatsAap.
Mendoza habría sido llamado por el jefe de Planta de Sidor para que hiciera una guardia nocturna el 1° de abril, a pesar de ser su día libre, porque se había presentado una avería. “El gerente de Planta, Francis Villega, lo llamó y le dijeron que no mandarían el transporte sino una camioneta a buscarlo. Él salió el miércoles a las 10:17 pm, fue la última vez que lo vimos”, explicó la hermana del trabajador, Carla Mendoza, documenta Provea.
En el mensaje se hacía referencia al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, como miembro de la banda “Los Enanos” y era una ficha con su biografía.
Mendoza tiene 53 años y “padece de una cardiopatía hipertensiva y los funcionarios no han permitido que ingresen a visitarlo o darle sus medicinas”, señala Provea.
Correa subraya que el derecho a la información y por lo tanto el de expresión “no se puede suspender ni siquiera en estado de excepción”, según establece la Constitución.
Agrega que los funcionarios simulan que están buscando a supuestos pacientes enfermos de COVID-19 para allanar viviendas como nueva práctica.
En estos procedimientos los cuerpos que más actúan son las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y la Dgcim, de acuerdo con el registro de Provea.
La cifra de detenciones se eleva en los reportes de Foro Penal. El director de la organización, Alfredo Romero, informó el 14 de abril que registraron 54 detenciones con fines políticos desde que se anunció el primer caso de COVID-19 en el país (13 de marzo).
Indicó que un grupo de personas fue privado de libertad por estar relacionado directa o indirectamente con el dirigente opositor Juan Guaidó, otro con el reenvío de mensajes que establecía algún tipo de información contraria al gobierno y el tercero por informar sobre la pandemia.
El abogado defensor Joel García precisó que los delitos que más imputan a los empleados de Guaidó son: asociación para delinquir, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas de fuego.
Y denuncia la fabricación de órdenes de allanamiento y detención contra el asesor de Juan Guaidó, Demóstenes Quijada. “La Dgcim solicitó al Fiscal la orden de aprehensión y de allanamiento de Demóstenes en fecha 02/04/2020, pero increíblemente, ya el fiscal había solicitado las órdenes y ya la juez las había acordado en fecha 01/04/2020, es decir, un día antes que se las pudieran. Burdo montaje”, cuestionó.
Censura del personal sanitario
El enfermero Rubén Duarte fue detenido por la Dgcim el 17 de marzo luego de que denunciara públicamente la carencia de insumos médicos y productos de limpieza para atender la emergencia por COVID-19 en el Hospital Central de San Cristóbal, Táchira.
En un video difundido a través de las redes sociales, Duarte exige la dotación de equipo de seguridad para todo el personal hospitalario y desmiente a Freddy Bernal, quien más temprano habría asegurado que el centro hospitalario estaba totalmente preparado para recibir a los pacientes. Fue liberado un día después.
La Organización de las Naciones Unidas alertó a las naciones para que no aprovechen las medidas de emergencia adoptadas por el brote de COVID-19 para suprimir los Derechos Humanos y perseguir a la disidencia.