La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a proteger la vida y la integridad personal de los privados de libertad durante su traslado desde las instalaciones del Dgcim y el Sebin hasta los centros penitenciarios ordinarios.
Este sábado 30 de mayo la Cidh reconoció en su cuenta de Twitter estar al tanto del traslado desde hace dos semanas de al menos 50 privados de libertad y pidió a las autoridades que, además de permitir una evaluación médica independiente de los trasladados, informen a los familiares y a la defensa sobre los lugares a dónde han sido llevados.
#Venezuela🇻🇪 La @CIDH conoció del traslado, en las últimas dos semanas, de al menos 50 #PersonasPrivadasDeLibertad desde las instalaciones de la #DGCIM y el #SEBIN a centros penitenciarios ordinarios. 1
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 29, 2021
El pasado 12 de mayo, el gobierno de Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Oficial 42.125 el decreto número 4.610 en el que ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) transferir el ejercicio de las funciones de custodia de los presos al Ministerio de Servicios Penitenciarios, en un plazo de 30 días.
Gobierno de Maduro ordena al Sebin y al Dgcim transferir custodia de los presos al Ministerio Penitenciario
Este domingo la Cidh expresó su preocupación porque varias de las personas trasladadas llevarían años en privación de libertad bajo regímenes de prisión preventiva.
De esta forma el organismo recordó “el deber del Estado de revisar periódicamente la vigencia de circunstancias que motivaron su aplicación inicial”.
En la actualización mensual que realiza la ONG Foro Penal sobre los presos políticos en el país, indicó que para el 21 de mayo eran 306, de los cuales 95 se encontraban en Ramo Verde y 34 en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Sin embargo, en esa ocasión la ONG dedicada a la defensa de derechos humanos no se sorprendió de la medida del Ejecutivo de trasladar a los presos a los centros penitenciarios, pues “eso ya se venía haciendo”.
“Tan es así que en el último corte al 5 de mayo en la Dgcim, una semana antes de la publicación de esta Gaceta Oficial del 12 de mayo, ya teníamos registrados y comprobados 48 traslados irregulares, de los cuales, 16 se referían específicamente a presos políticos, esto es algo que ya habíamos denunciado”, aseguró la ONG.
Por su parte, la dirigente opositora Delsa Solórzano también denunció la medida el 19 de mayo, cuando adelantó que enviarían comunicaciones a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de este organismo, así como a la Unión Parlamentaria Internacional.