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La ONG Foro Penal dio, este 21 de mayo, la cifra actualizada de los presos políticos en Venezuela: 306. De los cuales 95 se encuentran en la cárcel de Ramo Verde y 34 en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En rueda de prensa Alfredo Romero, directivo, denunció que -salvo el recinto penitenciaron de Los Teques ubicado en estado Miranda- no han podido tener acceso a los privados de libertad y que en el caso del Dgcim ni siquiera se ha permitido designaciones de abogados.

“Hace dos meses fue que se comenzó a permitir el acceso de abogados a Ramo Verde con cierta separación entre rejas y hemos podido conversar con ellos, pero en lugares como la Dgcim no se nos ha permitido el acceso” dijo Romero.

Luego del balance, el director del FP, Gonzalo Himiob, hizo alusión a la denuncia sobre el traslado de presos políticos recluidos en la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede El Helicoide  a cárceles comunes.  Advirtió que tales traslados no son consecuencia de la Gaceta Oficial emitida recientemente por el Ejecutivo, puesto que mucho antes ya se venían adelantando.

“Eso ya lleva mucho tiempo, tan es así que en el último corte al 5 de mayo en la Dgcim, una semana antes de la publicación de esta Gaceta Oficial del 12 de mayo, ya teníamos registrados y comprobados 48 traslados irregulares, de los cuales, 16 se referían específicamente a presos políticos, esto es algo que ya habíamos denunciado”, aseguró.

Llamado

La exdiputada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 Delsa Solórzano denunció el comienzo del traslado de presos políticos a cárceles comunes en Venezuela.

La medida se publicó en la Gaceta Oficial Número  42.125. En ella se establece que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz tiene 30 días, a partir del 12 de mayo, para trasladar a presos políticos a las cárceles que administra Servicios Penintenciarios.

En este sentido, Himiob pidió a los actores políticos que denuncian la situación a no generar “alarma innecesaria” sobre una situación que no es nueva y que no tiene vinculación con la Gaceta Oficial.

“Lo que ha pasado es que a un grupo de personas, en el caso de los presos políticos, arbitrariamente detenidos en condiciones muy precarias, tanto en el Sebin como el Dgcim, Faes etc, se les están trasladando a otros centros donde igual estarán detenidos injustamente y seguro en condiciones precarias, pero no significa un cambio en las condiciones, salvo en casos puntuales donde se ha detectado cambios para mejor o peor, pero básicamente la situación se mantiene igual”, explicó.

El abogado subrayó que la irregularidad reside en que las mudanzas se están realizando contrario a lo establecido en el Código Orgánico Penitenciario, el cual ordena que se le avise del traslado al juez de la causa, la defensa y a los familiares. Himiob denunció que tales previsiones no se están cumpliendo y luego viene el decreto del Ejecutivo a darle carta aval a la irregularidad.

Reiteró que los traslados no implican cambios en las condiciones de los presos políticos porque no dejarán de serlo y a ello se le suma que ningún centro penitenciaron tiene instalaciones óptimas.  

Puso el caso del dirigente sindical petróleo Eudis Girot, quien fue llevado de la Dgcim el 30 de abril hacia el Rodeo II, pese a ser diagnosticado con COVID-19. “No es adecuado generar un estado de alarma cuando es algo que ya viene pasando. ”, reprochó.

“Lavarse la cara”

Himiob le sumó otra posible  explicación a la situación de traslados: la denuncia de torturas e incluso asesinatos en los  centros de reclusión del Sebin, Dgcim y Faes, por lo que el Estado venezolano estaría intentando “lavarse la cara” ante la Corte Penal Internacional  (CPI)  y hacer ver que hace algo para que esas situaciones, por lo menos en tales lugares, no sigan pasando.  Recordó que el mismo fiscal Tarek William Saab informó a la Fiscalía de la CPI del desalojo de los privados de libertad, comunes y por motivos políticos, de tales recintos.

Alertó que los traslados ya se han producido en un número importante y que no se van a detener. Acotó que el FP estará monitoreando la situación.

“Los asesinatos y las torturas que ya cometiste en esos centros de reclusión no se borran, no se desaparecen por el simple hecho de sacar a la gente de la Dgcim, del Sebin. Ningún organismo internacional aceptará eso”, advirtió.  

Rechazan uso de presos políticos como fichas de negociación

Romero también hizo alusión al nuevo proceso de conversaciones que habrían iniciado el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, para rechazar que, de nuevo, se utilice a los  presos políticos como “fichas de negociación”. Advirtió que ello trae como consecuencia nuevas encarcelaciones para seguir contando con estas fichas.

“El Foro Penal no apoya ese uso, aunque le damos la bienvenida a cualquier liberación porque todos los 306 son personas inocentes y detenidas de manera arbitraria. Al FP no se le ha comunicado ningún proceso, ni solicitado formalmente información sobre los presos políticos para esos efectos”, subrayó  el abogado.

Dijo que la aclaratoria viene a propósito de que en pasados procesos de negociaciones se anuncian liberaciones pasadas como si fueran nuevas y se aumenta o se rebaja la cifra de presos políticos a conveniencia de los actores. Denunció que en la última ocasión se habló de 100 liberaciones que en realidad fueron 50. Luego vinieron nuevas detenciones.

“Algunos están exiliados y se les limpia la causa, pero no están tras las rejas,  se incluyen también  a presos comunes que no son presos políticos y todos aceptan ese número como un éxito, sin aclarar que no es la cifra real, para crear la impresión de que se reduce la represión y el número de presos políticos”, alertó.

Indicó que de la cifra de 306, solo 15% ha recibido condena, siendo inocente y 53% tiene más de dos años privado de libertad sin juicio, contraviniendo lo establecido en el Código Procesal Penal, el cual establece que esa persona debe ser liberada si no ha sido objeto de un proceso.  Indicó que este último porcentaje es el que se usa para las negociaciones.

“Hay casos como el Antonio Garbi, lleva 7 años presos en Tocuyito desde 2014, lo encarcelaron a los 21 años, estudiante, ni siquiera ha tenido audiencia preliminar, sin derecho a la defensa, sin debido proceso, se le han violado todos sus derechos, ha recibido tratos crueles e inhumanos. En cualquier negociación todos deberían ser liberados plenamente porque son inocentes”, recalcó.