El decreto número 4.610 de la Gaceta Oficial 42.125 ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) transferir el ejercicio de custodia de los presos al Ministerio de Servicios Penitenciarios.
El Dgcim, adscrito al Ministerio de la Defensa, y el Sebin, del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, desde el pasado 12 de mayo tienen 30 días de plazo para el traslado de los privados de libertad, según señala el decreto publicado en Gaceta.
“La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para dar cumplimiento a los principios de igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de la ciudadanía”, dice el decreto.
Asimismo, con la firma de Maduro se exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para contribuir con el cumplimiento de la disposición oficial, “incluyendo la emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos de las personas que actualmente permanecen privadas de libertad en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)”.
Este anunció generó alarma en Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, quien este martes 18 de mayo a través de su cuenta en Twitter indicó que la nueva medida implica “trasladar a los presos políticos a cárceles comunes”.
El Foro Penal registró hasta el pasado 17 de mayo 306 personas presas por motivos políticos en Venezuela; de ellos 284 hombres, 22 mujeres y un adolescente.
El pasado 1 de marzo esta ONG que defiende los derechos de los presos políticos en el país denunció que el 88 % de los privados de libertad por razones políticas no tienen condena, mientras que al 74 % de ellos ni siquiera se les ha abierto un juicio.
En agosto de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro dictó medida de “indulto” para diputados en el exilio, presos políticos, activistas y otros reclusos. La lista estuvo conformada por 110 nombres.
Meses más tardes, el 1 de diciembre de 2020, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó la liberación de 40 militares venezolanos que estaban presos por diferentes causas.
Algunos de estos militares liberados ya “tenían boleta de excarcelación, cumplimiento de pena y otros métodos alternativos de cumplimiento de la pena”.
El martes 11 de mayo, el presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, planteó un “acuerdo de salvación nacional”, en el partes de sus exigencias está la liberación de todos los presos políticos y el regreso al país de los exiliados.