CIDH exige derogar la Ley contra el Odio y cuestionan opacidad en su reforma

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) urgieron al Estado venezolano a derogar la Ley contra el Odio y cualquier otra norma que restrinja la libertad de expresión, mediante un comunicado publicado este miércoles 28 de octubre. 

Ambos organismos reiteraron el llamado que hicieron el pasado 26 de junio de 2026, al advertir que una reforma parcial no corrige las fallas estructurales de la ley para censurar, sancionar o perseguir las opiniones críticas.

El pronunciamiento responde al proceso que inició la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2026, cuando creó una Comisión Especial por solicitud del Ejecutivo para avanzar en la “despenalización de los tipos penales previstos en esta norma”, luego de que en febrero el presidente del Parlamento admitiera situaciones de “mala utilización”. Aunque esa comisión revisó el proyecto en octubre y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró su conformidad constitucional el 15 de octubre, el Legislativo aún no publica el texto que discutirá.

Ante esa reserva, la Cidh y la Rele pidieron que cualquier cambio legal se ajuste a los estándares interamericanos y cuente con una participación amplia de la sociedad venezolana. 

“Exhorta a la Asamblea Nacional a publicar oportunamente el texto íntegro del proyecto de reforma que sería discutido, y a habilitar espacios abiertos y participativos que consideren las perspectivas de organizaciones de sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y demás actores interesados o potencialmente afectados”, se lee en el comunicado.

#CIDH y @RELE_CIDH urgen a #Venezuela a derogar la “Ley contra el Odio”

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— CIDH – IACHR (@CIDH) October 28, 2026

Más de 80 casos registrados desde 2017

Organizaciones de la sociedad civil venezolana cuestionaron su exclusión del debate legislativo y advirtieron que una modificación parcial no resuelve los vicios de origen ni la incertidumbre jurídica de los procesados. Según reportes públicos, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios acusados por presuntos delitos de odio, (incluidos 49 periodistas, trabajadores de la prensa y comunicadores, además de siete medios de comunicación) y en 65 de ellos se aplicó la Ley contra el Odio.

La Cidh y la Rele documentaron en el Capítulo IV.B sobre Venezuela de sus Informes Anuales de 2024 y 2025 el uso selectivo de esta norma para castigar voces críticas, una práctica que se agravó tras las elecciones de 2024 para criminalizar a personas percibidas como opositoras. 

Desde la promulgación de la ley en 2017, ambas instancias alertaron que sus restricciones generan un efecto intimidatorio incompatible con la democracia. “La Relatoría Especial expresó preocupación por el uso de conceptos amplios y ambiguos que podrían dar lugar a interpretaciones restrictivas y prohibir expresiones protegidas por el derecho internacional; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y el retiro de información de interés público; y la amplia facultad otorgada al Estado para utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos”, puntualizaron.

Ambos órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtieron que los riesgos contra la libertad de expresión no se limitan a las sanciones penales, sino que también provienen de otras medidas restrictivas según su alcance y consecuencias. 

“Las normas vagas o ambiguas pueden dar lugar a actuaciones arbitrarias y generar efectos inhibitorios y de autocensura, especialmente respecto de expresiones críticas o sobre asuntos de interés público”, concluyeron.