Expertos de la ONU exigen a Venezuela levantar bloqueos de internet y respetar la libertad de expresión

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas instó este miércoles a Venezuela a continuar levantando los bloqueos a sitios web de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y servicios digitales, al advertir que estas restricciones limitan de forma indebida el acceso a la información, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la comunicación segura.

“Estas restricciones limitan indebidamente el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la capacidad de comunicarse de forma segura”, advirtieron los expertos en un comunicado.

Según el texto, proveedores de servicios de internet como CANTV, Digitel, Telefónica Venezolana (Movistar), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network han bloqueado durante años el acceso a sitios de medios y organizaciones de derechos humanos, así como a plataformas de redes sociales, servicios de mensajería y proveedores de VPN, presuntamente a solicitud de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

El bloqueo de la red social X fue levantado tras los terremotos de junio de 2026, pero otros sitios y servicios digitales permanecieron inaccesibles. En septiembre de 2026, varios portales fueron desbloqueados y se restableció el acceso a algunas plataformas adicionales. Sin embargo, otros sitios siguen total o parcialmente restringidos, incluidos medios nacionales e internacionales, herramientas de privacidad en línea y organizaciones de la sociedad civil.

“El reciente desbloqueo de sitios es un paso en la dirección correcta. Pero debe extenderse a todos los sitios bloqueados de forma indebida e implementarse por todos los proveedores de servicios de internet”, señalaron los expertos. “Mantener las restricciones socava el derecho del pueblo venezolano a buscar, recibir e impartir información, así como la capacidad de periodistas y defensores de derechos humanos de comunicarse de forma segura y ejercer su legítimo derecho a promover y garantizar la realización efectiva de los derechos fundamentales”.

Los especialistas expresaron preocupación por la falta de información sobre la base legal de estas restricciones y sobre las vías disponibles para impugnarlas. Instaron a las autoridades a adoptar medidas acordes con los estándares internacionales para evitar que los bloqueos arbitrarios se repitan en el futuro.

Recordaron, además, que las empresas de telecomunicaciones tienen una responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos y que el Gobierno debe garantizar que las instrucciones emitidas a estos proveedores no contribuyan a violaciones. En el caso de CANTV, empresa estatal, subrayaron que sus operaciones deben ajustarse a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Los expertos también celebraron el anuncio de la presidenta encargada de solicitar enmiendas a las disposiciones penales de la Ley contra el Odio. Señalaron que los mecanismos internacionales de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre esta legislación y su uso indebido para restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia pacífica desde su adopción en 2017.

“La reforma de la Ley contra el Odio debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar el pleno respeto de la libertad de expresión”, indicaron.

Asimismo, tomaron nota de avances en casos de periodistas enfrentados a procesos penales en Venezuela, incluidos tres recientes en los que se dictaron absoluciones. “Esperamos que se adopten las mismas medidas en otros casos pendientes, de conformidad con las obligaciones de derechos humanos del Estado”, dijeron.

Los expertos se encuentran en contacto con el Gobierno de Venezuela sobre estas preocupaciones. El grupo está integrado por miembros del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, y la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas.