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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el Mecanismo de Seguimiento para Venezuela (Meseve), y las relatorías especiales de Libertad de Expresión y  los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales expresaron su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela.

A través de un comunicado que hicieron público este lunes 26 de julio mencionaron «los intentos del Estado por menoscabar la autonomía universitaria» de las universidades públicas en el país. Entre ellas resaltaron la decisión del pago de las nóminas del personal de las universidades públicas y sus entes adscritos a través del Sistema Patria.

Sostuvieron que las alertas de la sociedad civil este mecanismo podría «generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarias y funcionarios de las universidades con posiciones críticas hacia el gobierno».

La Cidh y las relatorías especiales se hicieron eco de las exclusiones que hizo el gobierno de Nicolás Maduro de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) para la discusión del contracto colectivo del sector, lo que representa una afectación de la «libertad de asociación del cuerpo docente».

Remuneración exigua

«Según indican organizaciones de la sociedad civil, esto habría ocurrido como represalia por las opiniones críticas de sus integrantes hacia las políticas gubernamentales en materia laboral. Del mismo modo, la Cidh tuvo conocimiento de la exigua remuneración que reciben las y los docentes de las universidades públicas, que oscila entre $5.92 y $10.43 USD mensuales.

Al igual hablaron de la preocupación por la revisión que se plantea el Ministerio de Educación Universitaria que propone un nuevo plan de estudio, según la Comisión, «que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes universitarios principalmente a las carreras que respondan a las ‘necesidades de formación de la nación’, lo cual podría deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de las y los estudiantes».

En el comunicado se menciona cómo el Poder Judicial ha impedido la renovación de las autoridades gremiales y estudiantiles, una práctica que se aplica en Venezuela desde el año 2010.

Lea el comunicado completo en este enlace