Al migrar nóminas al sistema patria Ejecutivo busca más control, advierte economista

LA HUMANIDAD · 20 MARZO, 2021 13:50

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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Este mes de marzo el Ejecutivo nacional ordenó la migración al sistema patria del pago de las nóminas de los trabajadores universitarios y empleados de colegios subvencionados. La medida generó rechazo y acusaciones de vulneración a los derechos laborales, la Constitución y el propio derecho a la educación.

Para el economista Aaron Olmos lo que está detrás de esta acción es que la administración de Nicolás Maduro adquiera más control.

“La plataforma se está convirtiendo en un mecanismo de control y mayor centralización de información y poder por parte del Gobierno”, dijo a Efecto Cocuyo.

Consideró que la aplicación de la medida al sector educativo sería un “plan piloto”, para luego hacerla extensiva a toda la administración pública. Ante este escenario manifestó preocupación.

El especialista recordó que las universidades públicas del país denuncian desde hace años un déficit presupuestario, de la mano con un retraso en el envío de los recursos. “Imagínate que más adelante el Ejecutivo asume el control de todas las nóminas y en algún momento, en alguna suerte de represalia, decide atrasar pagos o no pagar”, indicó.

Recursos humanos

Olmos apuntó que este cambio de modalidad viola “cualquier cantidad de procesos administrativos tradicionales” y ahora el Ejecutivo es quien asume el rol del patrono.

“¿Entonces a quién yo le voy a reclamar algo con un pago si quien me está pagando directamente es el Ejecutivo? ¿Qué rol tendrían ahí las unidades de recursos humanos, de nómina, presupuesto, contraloría, de finanzas, de contraloría, básicamente quedarían acéfalas porque toda actividad la asumiría el Ejecutivo”, se preguntó.

El profesor, invitado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) en materia de criptomonedas, reiteró que en la actualidad al sistema patria “le están dando cualquier cantidad de usos”.

Es una plataforma de trasmisión de gasto social y gasto público a través de los bonos, una casa de intercambio para el tema de los criptoactivos y el Petro, e incluso se habilitó para monitorear el coronavirus en el país. “Resulta que ahora también se le quiere echar mano como herramienta de centralización de los pagos de los trabajadores públicos”.

El economista consideró que con esta acción el Gobierno estaría tratando de afianzar la idea de Venezuela como una economía digital y mencionó el más reciente lanzamiento del pago móvil C2P (comercio a persona).

Recordó que para que las y los venezolanos pudieran acceder a beneficios sociales a través de la plataforma patria se les pidió carnetizarse y, de acuerdo a cifras oficiales, habría más de 19 millones de personas abonadas en la plataforma.

Olmos mostró preocupación sobre que esta migración de las nóminas implique que quienes no tenían el carnet de la patria deban tramitarlo, en contra de su deseo.

Con el pago de los bonos los beneficiarios deben hacer una transferencia de la página del sistema patria a sus bancos afiliados, proceso que puede tardar unos dos días. Sin embargo, por ahora los salarios de esta primera quincena cayeron directo a las cuentas nóminas de los trabajadores.

Retrasos, errores y protestas

El pago de esta primera quincena se caracterizó por errores y retrasos que algunas autoridades atribuyeron a ajustes en la plataforma.

El movimiento educativo Fe y Alegría, amparado en el convenio de la Avec con el Ministerio, denunció que para el jueves 18 de marzo el 73,54 % de su personal no había cobrado.

La Avec, así como otras organizaciones religiosas, solicitaron a las autoridades que se revierta la medida, que a su juicio atenta contra la autonomía administrativa y el derecho a la educación.

Mientras, en la Universidad del Zulia (LUZ), el profesor Jesús Urbina denunció que el Ministerio de Educación Universitaria se equivocó al poner la coma y terminaron cancelando 1 % de los sueldos reales de los trabajadores.

Los universitarios insisten en que esta medida representa es una confiscación del presupuesto y una violación de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 de la Constitución.

Este viernes 19 de marzo protestaron frente a la sede del ministerio en Caracas y entregaron un documento donde también exigen volver a la modalidad tradicional de los pagos.