El seguimiento de las protestas y la represión en Venezuela data desde 2014. Amnistía Internacional mira de cerca el comportamiento del gobierno de Nicolás Maduro en materia de derechos humanos. En menos de un mes, en lo que va de año, varias prácticas se reiteraron y exacerbaron, lo que permitió a la organización internacional confirmar la política del miedo que se cierne sobre la población.
“Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde 2015”, expuso Erika Guevara, directora para las Américas de AI, durante una rueda de prensa el 20 de febrero.
En este contexto de emergencia humanitaria compleja, se registró una escalada de la política de represión de Maduro, según AI. El fin: controlar a la sociedad venezolana y castigar particularmente a los habitantes de zonas populares que decidieron protestar entre los días 21 al 25 de enero de 2019, dijo Amnistía Internacional.
Estas conclusiones forman parte de un informe que prepara la organización. Guevara adelantó su contenido y aseveró que AI llevó a investigadores hasta Lara, Yaracuy, Vargas y distintas localidades de Caracas, entre el 31 de enero y el 17 de febrero. Recabó más de 50 testimonios y documentó 15 casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Guevara.
Estos son las principales señales de que el estado de terror está presente en Venezuela:
1.- Ejecuciones extrajudiciales. Hay un patrón en las muertes registradas. Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las Faes. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.
2.- El exceso de la fuerza para el control del orden público. AI registró el caso de un joven herido por armas de fuego a manos de los cuerpos de seguridad pública mientras participaban en protestas. Tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) participaron en este tipo de operativo.
3.- Detención arbitraria de niños y adolescentes. Foro Penal contabilizó un total de 137 de estos casos. AI documentó la detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que participaban en una protesta, el 23 de enero. Los insultaron con calificativos de “guarimberos” y “terroristas”, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte. Los cuatro adolescentes fueron acusados de delitos que, bajo la legislación nacional, no permiten privar de la libertad a adolescentes, pero permanecieron ocho días recluidos por orden judicial. Pasaron cuatro de estos días en el Centro de Rehabilitación de Menores, de régimen militar, donde les raparon el pelo y les obligaron a cantar frases como “somos los hijos de Chávez”.
Recomendaciones
El organismo internacional ofreció también una serie de recomendaciones. Todas están enfocadas en la justicia ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela. AI descartó la posibilidad de que la reivindicación de las víctimas ocurra en el sistema actual de justicia. Considera que las instituciones están debilitadas.
“La justicia venezolana parece tener por regla abandonar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades”, aseveró Guevara.
Por esta razón AI solicitó que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tome medidas para hacer frente a la impunidad. Recordó que existe la posibilidad de crear un mecanismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Guevara explicó que además del Consejo de la ONU, otra instancia que podría accionar a favor de los venezolanos vulnerados es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Éste ente podría considerar las violaciones denunciadas por AI e incorporarlas como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.
La directora para las Américas de AI exhortó a los países preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela a explorar el ejercicio de la jurisdicción universal.
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