La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo circular este jueves una actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con la conclusión, una vez más, de que en el país persisten los abusos y torturas cometidos por organismos del Estado.
“La oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice una parte del informe publicado este jueves.
La ACNUDH, encabezada por Michelle Bachelet, documentó nuevo casos en los que las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. “Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, dice el organismo.
Además, también recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva, y denuncian que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.
“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.
En el informe también advierten que se desconoce el paradero de varias personas, entre los que se encuentran el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
“A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, dijo.