Dos miembros de Misión de Determinación de los Hechos renuncian por “limitaciones presupuestarias”

La defensora de derechos humanos argentina Patricia Tappatá Valdez anunció este 1 de octubre su renuncia irrevocable como miembro independiente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La dimisión, efectiva a partir del 31 de octubre, se produce en medio de crecientes limitaciones presupuestarias que han afectado el funcionamiento del equipo, según informó Tappatá en su carta dirigida al presidente del Consejo, Jürg Lauber.

Tappatá, quien se unió a la misión en 2021 junto a Marta Valiñas (Portugal) y Francisco Cox Vial (Chile), señaló que las “dificultades continuas” y los recientes recortes financieros han generado una “precariedad” que compromete la capacidad del equipo para cumplir con su mandato: investigar violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela desde 2014, incluyendo posibles crímenes de lesa humanidad como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Coincidiendo con esta decisión, Francisco Cox Vial también presentó su renuncia el mismo día, citando “otras obligaciones profesionales” y las “condiciones difíciles” de trabajo.

Estas salidas dejan a la misión con una sola integrante, Marta Valiñas, en un momento crítico tras las elecciones venezolanas de julio de 2024, marcadas por denuncias de represión.

En su carta, Tappatá expresó gratitud al equipo y destacó los logros de la misión, que ha documentado responsabilidades de alto nivel en el Estado venezolano. Sin embargo, alertó que la crisis en Venezuela exige una mayor responsabilidad de los Estados y mecanismos internacionales, y que la actual precariedad podría debilitar la vigilancia global sobre el país.

La renuncia ha generado reacciones inmediatas. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el futuro de la investigación, considerada clave para la rendición de cuentas en Venezuela.

La Misión, establecida en 2019, ha enfrentado obstáculos para acceder a información y testigos, operando de manera remota debido a la falta de cooperación del gobierno venezolano. A pesar de ello, sus informes han sido fundamentales para visibilizar la represión en el país. La salida de dos de sus tres integrantes plantea interrogantes sobre la continuidad de esta labor en un contexto de creciente tensión política.