¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro arremete contra Polar, la empresa privada de alimentos y bebidas más grande de Venezuela? ¿Por qué lo hace justo cuando la pandemia por el COVID-19 amenaza con profundizar la crisis alimentaria en el país?
El conglomerado industrial vuelve a ser objeto de control de precios, de venta supervisada y ahora de bloqueos de los códigos Sica (Sistema Integral de Control Agroalimentario) que le impiden despachar sus productos.
“Vas a perder esta pelea (Lorenzo) Mendoza; te lo garantizo que la vas a perder y muy mal perdida”, sentenció el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, la noche del 29 de abril en el canal del Estado.
Las medidas gubernamentales contra Polar se dan al mismo tiempo que 9 millones de venezolanos padecen inseguridad alimentaria aguda y los ingresos petroleros del Estado venezolano se reducen dramáticamente por el descalabro de la industria, las fluctuaciones de los precios internacionales por el nuevo coronavirus y las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa.
El economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, explica las razones que, a su juicio, motivaron al gobierno a aplicar los nuevos controles de precios, comenzando por Polar: “El gobierno quiere tratar de calmar el mercado, eso es racional. Sin embargo, como no está acostumbrado a manejar la economía de manera estable, necesita mandar el mensaje de que está controlando el país, protegiendo a los consumidores y castigando a los culpables de la inflación”.
Y agrega: “¿Quién es el verdadero culpable?, el que no logra controlar el equilibrio del mercado, el que está gastando más plata de la que tiene, el que ha hostilizado al sector privado y pulverizado la confianza, el que tiene una política de control completamente no democrática y ha generado una pérdida de las relaciones internacionales que lo lleva al aislamiento”.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Ronald Balza, responde: “Si el propósito es corregir los problemas de abastecimiento, la medida de control de precios los va a empeorar. En medio de una situación de cuarentena es menos justificable, porque una de las consecuencias inmediatas del control de precios es la aparición de mercados paralelos y en estos mercados negros es difícil que se apliquen medidas de control para la manipulación de los alimentos, lo cual puede generar nuevas fuentes de contagio”.
¿Qué hay detrás de la marca?
Empresas Polar es una de las principales compañías de Venezuela. Su marca pasó a ser parte de la cultura popular venezolana. En 2015, la BBC mundo estimaba que tenía 28 plantas en total y aportaba 3% al Producto Interno Bruto del país.
Alimentos Polar es una de las tres filiales que componen el conglomerado y dispone, actualmente, de once plantas dedicadas exclusivamente al procesamiento de alimentos.
Solo en abril la empresa produjo y despachó más de 55 millones de kilos de alimentos y otros productos, según datos que suministraron a Efecto Cocuyo. Ello constituye un incremento de más de 50% respecto a la producción registrada en 2019 (20.855.703 kilos), entre el 29 de abril y el 12 de mayo de ese año.
Es poco probable que exista alguna despensa en Venezuela en la que no haya un producto que diga Empresas Polar en la etiqueta. Hasta en las bolsas de alimentos subsidiados, que distribuye el sector público a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), aparece la popular Harina P.A.N.
En abril de 2016, la entonces ministra de comunas Isis Ochoa reveló que el Estado venezolano era dueño de más de 500 plantas productoras de harina de maíz precocida. Sin embargo, cuatro años después, el gobierno depende de la producción de Polar y la importación del producto desde México.
La variedad de la oferta es otro indicador del espacio que ocupa Polar en el mercado, de productos de consumo masivo en Venezuela.
Polar tiene un portafolio que suma al menos 28 productos. Harina precocida de maíz, aceite de maíz, mezcla para cachapas, arroz, pastas alimenticias, margarina, mayonesa, salsa de tomate, queso fundido, vinagre, crema de arroz, avena, modificadores lácteos (achocolatados), gelatina, bebidas instantáneas, sardinas en lata, pepitonas, yogurt pasteurizado, bebidas lácteas, alimentos para mascotas, alimentos balanceados para animales, detergente líquido y en polvo, lavaplatos líquido y en crema, jabón en panela, suavizante y desinfectante.
Una de las mayores fortalezas es su sistema de distribución. La empresa asegura que cubre 90.000 puntos de venta (abastos, supermercados, luncherías, farmacias, panaderías, etc) en todo el país, sobre la base de la Red de Franquicias de Distribución.
Polar se ufana de ser la única empresa capaz de llegar a todo el territorio nacional y beneficiar a aproximadamente 30.000 trabajadores directos y más de 180.000 indirectos, entre transportistas, franquiciados, ayudantes, productores agrícolas y campesinos.
La versión oficialista de Polar
El canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), estrenó, el 24 de julio de 2015, una serie de episodios bajo el título El lado oscuro del oso blanco. En las piezas audiovisuales acusan a los Mendoza de enriquecerse con la asignación de dólares preferenciales y usar estas divisas para expandir su negocio en el exterior, una acusación que repitió recientemente Diosdado Cabello.
Se señala que el conglomerado recibió 3.022.465.869 de dólares por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) en nueve años, entre 2004 y 2012. VTV también afirma que Polar viola la libertad sindical y el derecho a la salud de sus trabajadores, además de acaparar alimentos en centros clandestinos para provocar escasez.
Lorenzo Mendoza se defendió de las acusaciones el 2 de febrero de 2016. Afirmó que los proveedores de la empresa recibieron 5.954 millones de dólares del Estado venezolano entre 2003 y 2016 que representan el 0,69% de los ingresos en dólares recibidos por exportaciones en ese periodo (864.469 millones de dólares) y el 1,15% de las importaciones totales de Venezuela que suman 518.225 millones de dólares en esos 13 años.
“Esos 5.900 millones de dólares han estado auditados hasta la médula. La última auditoría la hizo un equipo técnico de Pdvsa”, manifestó ante los medios de comunicación.
Y aseguró que al Estado le hubiese costado 93.300 millones de dólares importar los productos terminados producidos por Empresas Polar: 17.696 millones de kilos de alimentos. “Por cada dólar entregado a nuestros proveedores somos capaces de producir 18 veces más”, afirmó Mendoza.
Dos modelos de liderazgo, dos visiones de país
El éxito de la compañía llegó a convertir a su presidente ejecutivo, Lorenzo Mendoza, en un “fenómeno electoral” en 2018. En el estadio José Bernardo Pérez, de la ciudad de Valencia, cientos de personas llamaron al empresario “¡Presidente!, ¡Presidente!”. Fue un outsider que no irrumpió sino al que empujaron a la opinión pública. Pero que nunca se postuló a las elecciones presidenciales de ese año.
Esto revivió la guerra declarada contra la empresa que inició Hugo Chávez y heredó Nicolás Maduro. “Me han declarado la guerra económica y yo les declaro la guerra económica. Vamos a ver quién puede más, ustedes burgueses o nosotros”, advirtió Chávez en 2010. Ese mismo año amenazó con expropiar hasta la última planta de Empresas Polar. De modo, que las más recientes restricciones que le impone el gobierno, constituirían un nuevo round de una pelea de más de 15 asaltos.
“Este tipo de acciones han tenido repercusiones y consecuencias negativas de escasez. Si no se cubren los costos de producción, para la distribución, para el comerciante, para toda la cadena de valor, que va desde el producto en el campo hasta su transformación, distribución y comercialización, los alimentos tienden a desaparecer. Difícilmente se puede trabajar a pérdida y mucho menos en un momento en el que la economía ya está contraída”, opina el presidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno.
El representante del gremio empresarial también advierte sobre efectos sociales: “Cuando se toman estas medidas contra empresas de tradición, de marcas reconocidas por el usuario, con una importante vinculación, en algunos casos hasta sentimental, lo que ocurre es que se genera escenarios de desconfianza y de angustia por parte del consumidor”.
En Aragua, específicamente en Turmero, donde ocurrió la fiscalización y el bloqueo de los códigos de distribución de la planta Polar, ha cundido el temor entre los comerciantes y se registraron compras nerviosas en algunos establecimientos tras la medida, anunciada el 24 de abril, informan fuentes del sector comercial.
“Hay mucho temor porque hay varios factores que se conjugan. Uno de ellos tiene que ver con los productos. Sabemos que si estos controles persisten vamos a tener escasez, pero también preocupa muchísimo la producción de alimentos a nivel del sector primario. En Aragua hay zonas donde los productores agrícolas solo están produciendo el 10% por la falta de combustible. La maquinaria que necesitan para trabajar funciona con diesel y las motobombas para el sistema de riego también utilizan este tipo de combustible y hay mucha limitación. La gente del Zodi (Zona Operativa de Defensa Integral) exige el traslado de los vehículos hasta los centros de abastecimiento de combustible, pero los tractores no pueden recorrer tantos kilómetros”, expone el presidente de la cámara de comercio y producción de Cagua (zona cercana a Turmero), José Alejandro Balbi.
El presidente de Fedecámaras Aragua, Ricardo Clemens, coincide en advertir que ningún empresario se puede sentir cómodo produciendo a pérdida. “El control de precios va a generar más escasez. El sector privado solo aspira a trabajar con las libertades económicas que consagra nuestra Constitución”, indica.
Otra fuente, que prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que en algunos supermercados, ubicados en Maracay, guardaron mercancía “por temor a que se las quiten o le impongan sanciones”.
El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, recuerda que en los últimos cinco años el sector comercio perdió 75% de su capacidad de aporte al Producto Interno Bruto del país. “El resultado es que hace cinco años teníamos una economía de 350 mil millones de dólares y hoy es de 60 mil millones, hemos perdido dos tercios de nuestra economía en los últimos cinco años”, precisa.
Los escenarios post-COVID-19 son menos alentadores. Más de 90% de los comercios en Venezuela son microempresas, empresas familiares o unipersonales incapaces de soportar los costos de nómina, impuestos y pago de servicios sin generar ingresos. “Al terminar la cuarentena va a haber una mortandad de comercios. Los cadáveres los vamos a recoger al final de la guerra”, lamenta.
¿Quién está contra las cuerdas?
Desde 2019 Alimentos Polar importa directamente la materia prima y los insumos que requiere.
“Las divisas ofrecidas por el Banco Central de Venezuela no son suficientes. Por lo tanto, Alimentos Polar debe comprarlas directamente a otros oferentes, a una tasa de mercado fluctuante muy superior a la publicada por la institución oficial. Para adquirir divisas, la empresa debe generar ingresos suficientes ajustando sus precios cada vez que sea necesario en función de los costos de reposición”, respondió la directiva el 29 de abril en un comunicado en el que niegan haber acordado una lista de precios con el gobierno.
La empresa enfrenta también los estragos de la pandemia de COVID-19 que se suman a las dificultades que tiene para operar por la inestabilidad del servicio eléctrico.
“El sector privado tiene que autogenerar electricidad para poder operar, las empresas han tenido que perforar pozos para poder tener agua y ¿eso no está en los costos de producción de los bienes? Cuando compito con un colombiano resulta que a él le dan agua y electricidad mientras que yo tengo que comprar plantas eléctricas y perforar pozos, ¿a quién le cuesta más?”, cuestiona el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.
Mendoza confirmó que el coronavirus provocó el cierre de una de las plantas procesadoras de cerveza, en San Joaquín (estado Carabobo), y comienza a afectar el funcionamiento de varias plantas de alimentos, en un video publicado el 8 de abril.
“Si tú amenazas la distribución de Polar estás amenazando el abastecimiento nacional. Nadie puede sustituir hoy a empresas Polar en términos de capacidad de distribución, la mayoría de las empresas desmantelaron sus sistemas de distribución porque les costaban fortunas”, afirma León.
El economista y encuestador señala que el gobierno vuelve a una propuesta de control “porque se siente nervioso al ver los incrementos de precios que son significativos en el mercado”.
“Tienes un problema de distorsión en el mercado que se amplificó con la crisis. La pandemia generó una mayor pérdida de confianza de los agentes económicos y crisis en el flujo de caja de la nación. Las se fueron al piso porque el precio del petróleo está pulverizado. El gobierno no tiene capacidad para mantener ni los Clap ni los bonos de la patria, como tampoco para comprar el combustible como sí lo podía hacer con los 14 mil millones de dólares que tenía en 2019. Está en una situación dramática y necesita desviar la atención”, señala.
El único año en el que la economía reaccionó positivamente en los últimos 15 años fue 2019 porque se relajaron los controles, agrega el economista: “El año pasado el flujo de caja del gobierno se vino abajo y no tenía cómo controlar a las empresas, porque no tenía dólares que entregarles. Tampoco podía sustituir las importaciones porque no tenía cómo importar. Se generó, de facto, un proceso de apertura y la gente empezó a importar con sus propios dólares. Permitieron la venta a precios que consideraban convenientes para reponer inventarios. Se dolarizó una parte de la economía, se regularizó el abastecimiento y se desaceleró la hiperinflación”.
Según el analista la injerencia estatal en el mercado a través de controles de precios tiene efectos contraproducentes si, antes que todo, se requiere garantizar suficiente disponibilidad de alimentos: “Alteras la economía, liquidas los anaqueles, destruyes la empresa y alborotas socialmente a la población, lo cual puede llevarte a una anarquía, como lo vimos inmediatamente en Upata (Bolívar) y Maturín (Monagas)”, señala el experto.
Las protestas por comida y escasez de gasolina se extendieron a las poblaciones de Punta de Mata (Monagas), Río Caribe ( Sucre), Socopó (Barinas) y Guanare (Portuguesa) el pasado 23 de abril.
El analista sostiene que cuando en Venezuela se aplican controles de precios aumenta la inflación y se ataca al sector privado se genera escasez. “El único que en este momento garantiza abastecimiento es el sector privado porque el gobierno no tiene dinero y está sancionado. El sector privado no tiene sanción y tiene sus propios dólares, pero solo va a traer sus dólares si los puede reponer”, concluye.
Foto: prensa Empresas Polar.