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El Ministerio de Finanzas anunció que se extenderán por 30 días más los términos de la oferta condicional dirigida a los tenedores de bonos, que estaría vigente hasta la medianoche del 13 de octubre.

Los emisores, que son la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) dieron un plazo adicional este jueves, 12 de noviembre, a la oferta condicionada anunciada por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez.

Los tenedores de bonos interesados en aceptar la oferta, deberán presentar el acuerdo de interrupción de los plazos en curso de prescripción hasta el próximo 13 de diciembre de 2020, “salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada”.

Reestructuración

En noviembre de 2017, el país anunció su intención de reestructuración de la deuda externa y convocó a los tenedores de bonos para buscar fórmulas de forma de superar las limitaciones impuestas por las sanciones.

Para octubre de 2019, Venezuela se había puesto al día en deuda externa con Rusia, según aseguró el Kremlin. En agosto de 2019, la Asamblea Nacional calculaba la deuda externa del país en 130.633 millones de dólares. En noviembre de 2017, el entonces ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró el inicio el proceso de refinanciamiento de la deuda externa venezolana.

El pasado 15 de septiembre, se anunció una propuesta de reestructuración de la deuda externa. Los plazos de prescripción para las reclamaciones de derechos causados han empezaron a correr desde esa fecha. La deuda que totaliza alrededor de 165.000 millones de dólares.

Según el economista Leonardo Vera Azaf, quien es especialista en mercados financieros internacionales, el motivo fundamental detrás del primer anuncio es ir a una negociación. A los tenedores de los bonos soberanos se les insta a presionar para “superar las limitaciones impuestas”, que son las sanciones financieras. Aunque también se les pide que depongan cualquier demanda o reclamación hecha por los pagos, tanto de capital como de intereses, que no se cancelan desde mediados del año 2017.