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Después de casi tres años de completo silencio sobre la deuda externa venezolana, se dio el primer paso para empezar una reestructuración. El acuerdo con los acreedores es una tarea pendiente para Venezuela, pero la convocatoria presentada por Delcy Rodríguez, quien es la recién nombrada Ministra de Economía y Finanzas del equipo de Nicolás Maduro, no ofrece ninguna pista sobre cómo será un posible plan de pago.

En Efecto Cocuyo consultamos al economista Leonardo Vera Azaf, quien es especialista en mercados financieros internacionales, y al abogado Marco Villegas, quien está dedicado al análisis financiero, para entender las claves más importantes de la llamada “Oferta Condicional conjunta de Interrupción de los Períodos de Prescripción en los Bonos Soberanos Internacionales” lanzada esta semana.

Estos son los dos puntos centrales para entender esta nueva oferta a los acreedores de una deuda que totaliza alrededor de 165.000 millones de dólares:

[1] Más presión para los Estados Unidos

Cada uno de los 29 papeles de la deuda externa venezolana tiene un contrato atado a la legislación del estado de Nueva York. Esto supone que las decisiones tomadas por el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) para que se puedan vender o hipotecar los activos venezolanos en los mercados internacionales son cruciales para que cualquier negociación pueda ser viable y tener validez legal.

“El motivo fundamental detrás de este anuncio es ir a una negociación. De algún modo lo que se le dice a los acreedores es vayan al Departamento del Tesoro para que podamos firmar un acuerdo” explicó el economista Leonardo Vera Azaf, en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

A los tenedores de los bonos soberanos de la República, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas (Corpoelec) se les insta a presionar para “superar las limitaciones impuestas”, que son las sanciones financieras fijadas por los Estados Unidos. Aunque también se les pide que depongan cualquier demanda o reclamación hecha por los pagos, tanto de capital como de intereses, que no se cancelan desde mediados del año 2017.

A cambio se les ofrece reconocer la deuda y entrar a un proceso de reestructuración. Eso porque el equipo de Nicolás Maduro interpreta que “la posible limitación de los derechos de los tenedores de bonos han comenzado a correr”. En otras palabras, que los plazos para reclamar la deuda de algunos de estos papeles comienzan a agotarse.

Aunque Vera Azaf apuntó que “todos los abogados de Wall Street les han dicho a las agencias que concentran estos bonos (venezolanos), que esa no es la interpretación de prescripción de los contratos”.

[2] Sin apoyo técnico visible

Esta nueva oferta condicionada fija el 13 de octubre como fecha límite, para que los tenedores de bonos puedan responder, bien sea al firmar un acuerdo de interrupción de pago o con un intercambio de cartas.

“Es un nuevo principio de una negociación que no está 100% clara. Cuando hay reestructuraciones de deudas suelen estar acompañadas por equipos técnicos importantes o bancos internacionales. Esto lo vimos en Argentina o en Ecuador” advirtió Marco Villegas, director de la firma Arca Análisis Económico, en entrevista para Efecto Cocuyo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, fue pieza clave para que Argentina y Ecuador pudieran llegar acuerdos con los tenedores de bonos de sus deudas externas ahora durante la pandemia del COVID-19.

En el caso venezolano, Delcy Rodríguez no detalló si hay apoyo de algún organismo multilateral, ni tampoco de una firma financiera internacional. Cuando se hizo la reestructuración de los bonos Pdvsa 2017, por ejemplo, se usaron agentes de negociación en Nueva York, Londres y Hong Kong. Eso sin hablar de que la propuesta no incluye montos o fechas para un posible plan de pago.

“Considero algo positivo que haya reconocimiento de la deuda y que se vuelva a hablar de esto. El papel de la deuda internacional es importante para la reactivación de la industria petrolera. Pero esta propuesta no incluye ni la quita, ni la fecha que se propone para el pago, eso es lo básico en cualquier propuesta de renegociación” explicó Villegas.

Hasta ahora, lo único claro es que el momento elegido para lanzar esta convocatoria ocurre antes de que se venzan los papeles del Pdvsa 2020 que ahora es la mayor disputa legal de la deuda externa venezolana. La fecha límite fijada también es justo tres semanas antes de que se celebren las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y que son percibidas por el chavismo como una oportunidad de un cambio en la política estadounidense hacia el reconocimiento de Nicolás Maduro.

Foto principal: Prensa Presidencial