Credit Suisse, una empresa de servicios financieros que ha servido de asesor para el intercambio de bonos Pdvsa, marca distancia del Gobierno venezolano. La compañía con sede en Zúrich (Suiza) emitió un comunicado interno el pasado 7 de agosto en el cual anuncia a sus operadores la prohibición de transar títulos de deuda de la estatal petrolera con vencimiento en 2022, los bonos de la deuda venezolana que expiran en 2036 y cualquier otro instrumento financiero emitido por el Gobierno a partir del 1 de junio de 2017.
“Teniendo en cuenta el clima político y los recientes acontecimientos en Venezuela y las medidas tomadas por el actual Gobierno, queremos asegurarnos de que Credit Suisse no provea los medios para que nadie pueda violar los derechos humanos del pueblo venezolano”, indica el memorando emitido por la compañía.
La empresa financiera también asegura no tener “apetito por proporcionar ningún financiamiento a la República de Venezuela“, por lo que ha restringido sus negocios con contrapartes venezolanas, sea que se trate de individuos, compañías e, incluso, operaciones en las que haya activos venezolanos involucrados.
La medida de Credit Suisse llega luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera nuevas sanciones contra ocho funcionarios de Venezuela. También después de que gobiernos de la regionales advirtieran que en el país ya no hay una democracia, sino una dictadura.
Para ello, la empresa suiza ordenó como parte de sus nuevas normas que la oficina de Riesgo Reputacional evalúe los negocios con contrapartes en el país latinoamericano. El despacho también llevará control de todas las transacciones con títulos venezolanos superiores a los 5 millones de dólares.
Se cree que Credit Suisse incrementó sus controles en las transacciones de bonos venezolanos para evitar una reacción similar a la que tuvo el grupo de inversión americano Goldman Sachs, que en mayo de este año compró bonos Pdvsa con un descuento del 69%.
La negociación no solo fue condenada por la oposición y la Asamblea Nacional de Venezuela, sino también por el gobierno de los Estados Unidos, que la calificó de “altamente problemática”. “Venezuela y su futuro Gobierno democrático no olvidarán donde estuvo Goldman Sachs cuando le tocó decidir”, afirmó el presidente de la AN, Julio Borges, en una misiva enviada en mayo de este año.