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La crisis política en Venezuela marca también la respuesta a la pandemia del COVID-19.

El país tiene  dos Ejecutivos:  uno “interino”, que encabeza Juan Guaidó, con reconocimiento internacional, pero no la fuerza para materializar el poder; y uno que ejerce Nicolás Maduro con el control del territorio, de los recursos públicos y de la Fuerza Armada Nacional, pero sin legitimidad en más de 50 países, entre ellos los fronterizosa Venezuela como  Colombia y Brasil.

Un contexto

Esta crisis política dejó sin financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado venezolano para hacer frente a la pandemia de COVID-19 por falta de claridad sobre quién es el presidente de la República, argumentó el propio organismo.

También dificulta la coordinación de medidas sanitarias para proteger la frontera común de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela, pues el presidente Iván Duque solo reconoce a Guaidó.

El Gobierno interino está consciente de la imposibilidad de ingresar ayuda humanitaria al país sin la cooperación del régimen de Maduro y por eso Guaidó le pidió habilitar los puertos y aeropuertos para que entren los insumos requeridos.

Y aunque Maduro  ha decretado un estado de alarma y ordenado cuarentena en todo el país, el Estado aún debe garantizar insumos médicos en los hospitales con un presupuesto cada vez más reducido por la caída de los precios del petróleo.

Expertos consultados coinciden en afirmar que la crisis política dificulta la implementación de políticas públicas que protejan a la población.

Urge un acuerdo político

“El conflicto político obviamente está impidiendo que los gobiernos y organismos internacionales canalicen la ayuda a través del Gobierno de Maduro porque no tiene legitimidad y Guaidó tiene un poder fáctico muy reducido, porque no cuenta con ninguna de las palancas que permiten aplicar las políticas públicas en el país”, explica el sociólogo Trino Márquez.

Márquez  considera que un acuerdo político es la única salida porque “se necesita el apoyo del conjunto de la nación para actuar frente a la emergencia”.

“Este es un momento para la concertación entre el Gobierno y la oposición y la Asamblea Nacional debe ser la instancia para esto”, afirma.

Los sectores de la sociedad civil también deben participar en este proceso, agrega el sociólogo.

“Se tiene que convocar a los sindicatos, especialmente al gremio que agrupa a los médicos, a las enfermeras, a los bioanalistas, a todas las instancias de poder regional y local porque si se intenta centralizar las acciones de contención serán un fracaso”.

Asegura que las medidas extremas de prevención son necesarias, pero tienen consecuencias sociales, por lo que debe garantizarse asistencia alimentaria.

“Las fuerzas productivas se han informalizado, muchos tienen oficios o trabajos ocasionales y viven al día. No tienen ninguna capacidad de ahorro ni un ingreso fijo asegurado. Habrá que aplicar medidas de contención a través de las gobernaciones y las alcaldías”, advierte.

Guaidó adelantó que gestiona la ayuda alimentaria a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Actores irracionales

El politólogo, especialista en gobernabilidad y gerencia política, Jesús González, no ve signos de racionalidad en los actores políticos que abonen el terreno para un acuerdo político.

“Se debe buscar un acuerdo que acabe con esta situación de dualidad de poderes entre el que tiene la fuerza, que es Maduro, y el que tiene la legitimidad, que es Guaidó, porque hay vidas en juego”, comenta.

En su opinión,  la Iglesia es un actor de la sociedad civil que puede propiciar el acercamiento entre ambos factores.

“La Iglesia puede lograr ese acercamiento por Caritas que viene haciendo un trabajo importante, las Organizaciones no gubernamentales también,porque, ante la ausencia del Estado, muchas han asumido el suministro de insumos y de medicinas”, explica.

Subraya que el gran afectado es el ciudadano de a pie que ya perdió la esperanza en que el Estado puede garantizar sus necesidades básicas, lo que puede exaltar los niveles de tensión nacional, advierte.

A su juicio, la carta enviada por Nicolás Maduro al FMI en la que solicita 5 mil millones de dólares evidencia que el flujo de caja es precario para aplicar las políticas necesarias.

“No hay liquidez en el país, las reservas internacionales se las comieron desde hace rato. Las posibilidades de obtener recursos por la explotación de recursos minerales está limitada por los controles ante el coronavirus”, precisa.

Para González, esta necesidad de financiamiento puede abrir un pequeño compás para que Maduro admita la cooperación técnica de distintas organizaciones e incluso las que coordine Guaidó.

Foto: cubanet.org