TSJ ordena a ocho alcaldes opositores evitar obstrucción de vías públicas en sus municipios
La Sala Constitucional ordenó tomar acciones contra las reuniones en las vías públicas
Contra las alcaldías. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a pronunciarse, esta vez contra los alcaldes opositores de ocho municipios del país. A través de una decisión informada este 24 de mayo por el magistrado y segundo vicepresidente del máximo tribunal del país, Juan José Mendoza, se ordena a los funcionarios cumplir obligatoriamente con una serie de “amparos cautelares” para evitar la obstrucción de vías públicas en sus municipios.
La advertencia va dirigida a los siguientes alcaldes: José Fernández, del municipio Los Salias (Miranda); José Luis Rodríguez, del municipio Carrizal (Miranda); Carlos García,del municipio Mérida (Mérida); David Smolansky, del municipio El Hatillo (Miranda); Juan José Peña, del municipio Alberto Adriani (Mérida); Omar Lares, del municipio Campo Elías (Mérida); Gerado Blyde, del municipio Baruta (Miranda); y Ramón Muchacho, del municipio Chacao (Miranda).
La Sala Constitucional señala que los alcaldes incurrieron en la presunta infracción a los derechos al libre tránsito; a la protección a la familia, a la niñez y a la adolescencia; a la protección a los ancianos; a la salud; a la educación; y a un ambiente sano. También los acusa de permitir “que personas de esas localidades coloquen obstáculos en las vías públicas y quemen objetos”.
Ante la situación suscitada en estos municipios, el TSJ ordenó lo siguiente:
1.- Realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios para evitar que se coloquen obstáculos en las vías publicas que impidan el libre tránsito.
2.- Inmediata remoción de los obstáculos y mantener las zonas libres de barricadas y de cualquier objeto.
3.- Ordenar del tránsito de vehículos para garantizar un adecuado y seguro desplazamiento en el municipio.
4.- Proteger a los habitantes del municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito.
5.- Ejercer la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan sus derechos y garantías.
6.- Velar por la protección del ambiente.
7.- Girar las instrucciones necesarias a los respectivos cuerpos de policía municipal.
Mendoza calificó de “obligatorio” el cumplimiento de los mandamientos de amparos cautelares leídos durante la alocución y ordenó a los alcaldes desplegar acciones preventivas con el fin de garantizar “la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la Ley”.
En 2014, el TSJ también dictó una medida similar contra los exalcaldes de los municipios San Diego (Carabobo) y San Cristóbal (Táchira), Enzo Scarano y Daniel Ceballos, respectivamente. Luego de que el máximo tribunal del país determinara que ambos incumplieron las medidas cautelares impuestas, se les suspendieron sus funciones de alcaldes y fueron detenidos.
Juan José Mendoza es uno de los ocho magistrados que fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado 18 de mayo. Junto a él, otros seis magistrados de la Sala Constitucional y el presidente del TSJ, Maikel Moreno, también fueron añadidos a la lista de sanciones.
