El video de menos de un minuto que transmitió el viernes 10 de agosto el ministro Jorge Rodríguez sobre una supuesta confesión del diputado Juan Requesens no es el primero en su clase. Desde que Nicolás Maduro llegó al Poder Ejecutivo, exhibir a detenidos es la estrategia. Filman sus declaraciones, sin evidencia de que estén presentes sus abogados y/o fiscales. Ese es el común denominador en los casos políticos desde 2013.
Entre los partidos políticos más mencionados en nueve materiales revisados por Efecto Cocuyo están Voluntad Popular y Primero Justicia, dos de los más populares dentro de la oposición. También entre las declaraciones de los privados de libertad se encuentran los nombres de María Corina Machado, de Vente Venezuela y exdiputada de la Asamblea Nacional; y Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda.
El atentado fallido contra Nicolás Maduro, tratado como intento de magnicidio por el Gobierno, tiene ya dos “video-confesiones“. La primera fue de Juan Monasterio, supuesto líder de la operación que hizo estallar dos drones cerca de la avenida Bolívar de Caracas, donde se encontraba el Presidente.
En la pieza audiovisual confiesa que aprendió a manejar el aparato en Colombia y que recibió apoyo de los parlamentarios Julio Borges y Juan Requesens. No se le ve el rostro, a diferencia de los jóvenes detenidos por razones políticas en 2017.
Por eso, el martes 7 de agosto, fue aprehendido irregularmente el diputado por el esatdo Táchira. El viernes 9 de agosto, el ministro de Comunicación e Información sorprendió en su alocución con un video de Requesens en el que manifestaba que había ayudado a Monasterio para pasar de Venezuela a Colombia y que había recibido esa solicitud de Borges.
Los morochos de PJ
El 16 de abril 2017, seis videos mostró el presidente Maduro como “pruebas” de que involucran Primero Justicia participó en actos vandálicos y de terrorismo.
En uno de los videos aparece un joven de nombre Guido Rodríguez, sin camisa, en lo que parece ser una celda: “Hace tiempo trabajé con PJ juvenil y siempre me consigo al morocho (…) a los morochos. Y me propusieron que fuera a la marcha de hoy (8 de abril) y que hiciera actos vandálicos”, afirma el joven, quien además dijo que le ofrecieron Bs. 300.000 por participar en el ataque a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en Chacao.
En otros dos videos, que se divulgaron ese día desde el Gobierno, se muestra a uno de los morochos Sánchez, Alejandro, señalando al secretario juvenil de Primero Justicia, Carmelo Enrique Zambrano, de ser el financista de las bases del partido. No le mostraron el rostro.
Los Morochos eran activistas juveniles del partido aurinegro. También eran estudiantes de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Un día después de estas transmisión, fueron imputados por instigación a delinquir y agavillamiento. Estuvieron cuatro días sin ser presentados en tribunales.
En diciembre del mismo año, los dos quedaron en libertad bajo medidas cautelares, que incluían no hablar con la prensa.
“Pollo Ronco”
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hizo un allanamiento en la plaza Francia de Altamira -en Caracas- el 7 de junio de 2017 en la madrugada. Segundo año de protestas organizadas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El oficialismo las marcó como violentas, pese a que más de una centena de personas murieron y la mayoría por acción de los cuerpos de seguridad para reprimir la manifestación en la que se encontraban
El 7 de junio un supuesto exmanifestante apareció en las cámaras de VTV como el testigo clave. Relató cómo se organizaba la conocida “Resistencia” (grupo de jóvenes opositores que enfrentaban la represión) y aseguró que les pagaban Bs. 60 mil por cada marcha a la que asistían.
El violinista usado
El 27 de julio, durante el fin del ciclo de protestas de 2017, Wuilly Arteaga fue detenido. Era famoso por tocar su violín durante las jornadas de represión en manifestaciones de Caracas.
Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, mostró durante su programa de televisión semanal una pieza audiovisual de tres minutos, donde el violinista desmentía los abusos de la GNB que días atrás se habían denunciado en medios.
El 15 de agosto, el muchacho fue liberado tras pasar todo ese tiempo recluido en el comando 433 de la GNB, ubicado en El Paraíso, Distrito Capital. Un juez le dictó una medida cautelar y al salir aclaró lo ocurrido con el video: “A mí sí me reventaron el violín las causas de la GNB“, aseguró Arteaga en una declaraciones ofrecidas el 17 de agosto, “el video de Con el mazo dando fue editado”.
El músico añadió que en el destacamento 433 de la GNB en El Paraíso grabaron sus testimonios en días diferentes y que no le dejaron cambiarse la ropa.
Antes de que finalizara el año, migró a Estados Unidos.
Homicidas y testigos
Liana Hergueta fue electrocutada, violada, asesinada y descuartizada. Así lo informó el entonces ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz en 2015, Gustavo González López.
Esta mujer fue encontrada desmembrada el 7 de agosto de ese año. Por el caso detuvieron a José Pérez Venta y Carlos Trejo. Fueron señalados como autores materiales e intelectuales del homicidio. Como móvil del hecho se descubrió que Trejo le debía dinero en dólares a la víctima, ella quiso cobrarle y éste la asesinó.
Días después de la detención de estos jóvenes, ambos fueron presentados por el Gobierno como miembros de partidos de oposición (Voluntad Popular y PJ) y los vincularon con protestas que habían ocurrido en 2014 y que para el oficialismo fueron consideradas como actos violentos.
A ambos les grabaron videos durante su detención y difundieron el material el martes 18 de agosto a través del programa de televisión del mandatario nacional.
A través de lo que parecen dos interrogatorios en sitios distintos, Pérez Venta aseguró que fue entrenado en Colombia para actuar en disturbios. Allí supuestamente se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exministro de Hacienda de ese país, Oscar Iván Zuluaga.
En el interrogatorio también mencionó a Richard Blanco, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo con quien, presuntamente, se reunía en la sede principal de la tolda opositora. Otros indiciados fueron: María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Henrique Capriles.
Pero su supuesta confesión no solo aludió a políticos, sino también a civiles que más tarde fueron detenidos, sometidos a torturas y a retrasos procesales. Se trata de Betty Grossi, Dany De Abreu, Andrea González y Alejandro Zerpa. Los cuatro fueron excarcelados en diciembre de 2017.
Caso Robert Serra
El diputado oficialista de la AN en 2014, Robert Serra, fue asesinado dentro de su casa el 1° de octubre de ese año. Los homicidas también agredieron de muerte a María Herrera, su asistente. Por el hecho fueron detenidos Edwuin Torres Camacho y Carlos García Martínez. Más tarde, extraditaron a Leiver Padilla, apodado “El Colombia“.
El 15 de octubre, Nicolás Maduro, presentó una grabación de Edwuin Torres Camacho, alias “El Poli“, jefe de escoltas del parlamentario, confiesa su participación en el crimen. Esta vez, a diferencia del resto de detenidos, al presunto homicida le taparon el rostro.
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