Como "un grito de tortura" califican organizaciones civiles la declaración por coacción - Efecto Cocuyo

Como “un grito de tortura” califican organizaciones civiles la declaración por coacción

Varios representantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que alertan sobre lo que califican como la detención arbitraria del parlamentario Juan Requesens, ocurrida el 7 de agosto, y denuncian que el procedimiento está al margen del Estado de Derecho y viola la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución.

“Un diputado solo puede ser objeto de detención en caso de cometer un hecho ilícito en flagrancia,en cuyo caso se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión. Desde el momento de su detención, el diputado Requesens ha permanecido incomunicado; ni sus familiares ni abogados de su confianza lo han podido asistir, con lo cual se configura una grave violación del derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la carta magna, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano”, señala el documento publicado el viernes 10 de agosto.

“Cualquier acto contra la integridad física, psicológica o moral en condiciones de detención constituye indicio del delito de tortura, el cual pueden ser juzgados como un crimen internacional de lesa humanidad, en el contexto de los patrones de represión política en Venezuela durante los últimos años. Las responsabilidades por este tipo de crímenes recaen individualmente sobre cada una de las personas que hayan participado”, dice el documento firmado, entre otras organizaciones, por Cepaz, Espacio Público, Fundación Aguaclara, Foro Penal Venezolano, Acceso a la Justicia y Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi).

Llaman la atención sobre el hecho de que la detención fue hecha sin la debida orden judicial y se prescindió del antejuicio de mérito y, “de ese modo, de la protección que brinda la Constitución a las funciones contraloras que desempeñan los parlamentarios”.

Responsabilizan directamente a Nicolás Maduro “por la persecución penal contra el parlamentario se produce en el contexto de una sistemática criminalización de cualquier manifestación de oposición al régimen dictatorial”.

Asimismo y en el mismo espíritu de Provea, exigen al Defensor del Pueblo y al Fiscal General a que se pronuncien ante tantas irregularidades, incluida la presunta tortura.

“También exigimos el cese de la indebida intromisión del gobierno en la administración de justicia, de modo que el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro sea investigado con independencia y autonomía”, concluye el comunicado.

Si quiere leer el comunicado en su totalidad, haga click aquí.

Provea emplaza al Defensor y al Fiscal para que se pronuncien sobre Requesens

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