Así fue la escalada de sanciones de Trump contra Venezuela en un año

Donald Trump cumple un año de haber resultado electo presidente de Estados Unidos, siempre rodeado de controversia. Desde que asumió el poder, el 20 de enero de 2017, en siete ocasiones la Casa Blanca ha tomado medidas concernientes a Venezuela. La intensidad de estas acciones aumentó progresivamente e incluso, si el jefe de Estado venezolano continúa con la actitud que ha mostrado hasta ahora, se prevé que se hagan más severas. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal comprador del crudo venezolano.

Aunque la posición de Trump ha sido polémica y contraria a la de su antecesor Barack Obama en muchos temas, en el caso Venezuela ha mantenido -e incluso radicalizado- su misma postura. Según evalúan expertos consultados es un balance positivo para la región. “Su mandato ha sido lamentable en muchos aspectos, pero en el tema de Venezuela es uno de los que mejor ha manejado, respetando los procesos administrativos, impulsando el diálogo entre mandatarios, escuchando a los distintos sectores”, considera Félix Arellano, internacionalista y catedrático de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Las medidas contra funcionarios y contra el Gobierno venezolano han dejado de ser amenazas para convertirse en una realidad en la época Trump. La manera de evaluarlas, dice la analista internacional, Giovanna De Michele, es contemplando sus consecuencias. “Todas estas medidas hay que verlas en conjunto… lo que finalmente hacen es cercenar la credibilidad del Gobierno nacional (…) hacen que el Gobierno pierda su capacidad de negociación no solo con los acreedores de Estados Unidos sino del mundo y los pone en jaque”, apunta.

¿Cuáles fueron las sanciones?

En 2014 Barack Obama firmó una ley que suspende visas y congela activos en territorio estadounidense pertenecientes a funcionarios venezolanos considerados responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas que ocurrieron ese año. En ese momento, Obama habló de que Venezuela era una amenaza para la región e incluyó en una lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a distintos políticos allegados al Gobierno de Maduro.

Al año siguiente se le unieron otros como Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio José Benavides Torres,  Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público.

Las primeras sanciones de Trump se produjeron también contra particulares. Empezaron en febrero de 2017, con la adhesión del entonces vicepresidente, Tareck El Aissami -a quien lo vinculan con el narcotráfico internacional– y su presunto testaferro, Samark López, a la lista de sancionados de la Casa Blanca.

Después de El Aissami, incluyeron en el directorio a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dentro de los que se estuvo el presidente Maikel Moreno – por considerar que usurpaban funciones de la Asamblea Nacional venezolana y atentaban contra la democracia.

Más adelante incorporaron a 13 funcionarios más a quienes culpan de “socavar la democracia”. Se trata de la ministra Iris Varela; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, el entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, Elías Jaua, Néstor Reverol, entre otros.

La consecución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a finales de julio, detonó que desde la Casa Blanca se tomaran nuevas medidas. Días antes el propio Trump había asegurado que de proseguir con el proceso constituyente lideraría sanciones “fuertes” contra Venezuela. Y lo cumplió.

Además de incluir expresamente al primer mandatario venezolano en la lista negra, el 25 de agosto el Departamento del Tesoro de la Casa Blanca publicó un nuevo decreto en el que se “prohíbe transar nueva deuda emitida por el Gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal”. Esto se traduce, según los expertos consultados por Efecto Cocuyo, en la primera medida del Gobierno norteamericano que afecta a la economía nacional.

Un mes más tarde, el Gobierno de Trump agrandó la lista de funcionarios sancionados con la inclusión de Francisco Ameliach, Adán Chávez, Érika Farías, Carmen Meléndez y otros, por su participación en la ANC.

El 24 de septiembre, Trump reemplazó el antiguo veto migratorio que aplicaba originalmente a países de mayoría musulmana: Sudán, Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia, por uno nuevo que excluye a Sudán e incorpora Corea del Norte, Chad y Venezuela. Las restricciones en el caso de Venezuela se centran en los funcionarios del Gobierno y no en los ciudadanos regulares. Bajo esta orden, varios funcionarios y sus familiares inmediatos tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense con visas de turismo o de negocios.

¿Qué pasará? 

En las últimas semanas el presidente Trump y la atención del Gobierno estadounidense se ha centrado en temas de su política interna. El caso Venezuela sigue siendo importante más no prioritario, observan los internacionalistas, por lo que se prevé cierta estabilidad.

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el país vuelve al ojo mediático. “Recordemos además que hay varias investigaciones abiertas, no solo en temas que tienen que ver con los compromisos no cumplidos en materia de Derechos Humanos, de Democracia, pero también en materia de narcotráfico y en materia de terrorismo“, explica De Michele, para dar a entender que a pesar de que no hayan nuevos pronunciamientos, se mantiene el tópico en la agenda.

Es difícil predecir si Trump tomará el paso de tomar medidas que tienen que ver con el mercado petrolero, advierte la analista De Michele. “No sabemos si el Gobierno de los EEUU va a escalar a ese nivel. Es posible que se lo piense un poco más”, afirma. Pero con la nueva idea de refinanciar la deuda externa, quizá esto desate nuevas advertencias tanto para Estados Unidos como para el resto de los mercados.

Por su parte, Arellano considera que “las medidas sí se podrían incrementar y hasta diversificarse… se pudieran incluir la Unión Europea y el Grupo de Lima, quienes ya han manifestado su clara posición frente a lo que ocurre aquí”.