Morir de hambre tras las rejas

Marino Alvarado | @marinoalvarado

Activista de Derechos Humanos. Asesor de Provea, del Observatorio Venezolano de Prisiones y de Amnistía Internacional.

La situación de los privados de libertad es muy difícil. Hay una permanente violación a sus derechos humanos. Las cárceles en Venezuela son, además, de las más violentas en el mundo.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) desde 1999 hasta el año 2016 habían fallecido por hechos de violencia 6.836 privados de libertad. Solo en el año 2012 fallecieron 591. Desde 1999 también han sido heridos 16.728.

Para que tengamos una idea de la dimensión del problema, en el año 2012 en todo Chile hubo 550 homicidios. En Venezuela ese mismo año, solo en las cárceles hubo 591.

Otro de los graves problemas que hay en las cárceles es el hacinamiento. Existen más de 56.000 reclusos en distintas cárceles, algunas de ellas con niveles de hacinamiento crítico superior al 800%.

A ello hay que sumar la situación en los retenes policiales donde según un informe de la Defensoria del Pueblo existían hace meses atrás más de 33.000 personas y en algunos retenes el hacinamiento superior al 1000%.

En ese contexto empezó a aparecer una situación nueva a partir del año 2015. Altos niveles de desnutrición en muchos presos y durante 2016 y lo que va de 2017 se han registrado más de 15 casos de muerte por desnutrición principalmente en calabozos policiales.

Los retenes policiales, ya sean de un cuerpo policial con competencia nacional, estadal o municipal, están concebidos para cortas estancias de las personas detenidas. No deberían estar más de 96 horas. Sin embargo, algunos pasan años.

No se les asigna a los cuerpos policiales presupuesto para garantizar la alimentación de los detenidos. Su alimentación, salvo excepciones como el Sebin, depende exclusivamente de lo que los familiares le lleven.

La gran mayoría de los privados de libertad son de escasos recursos y también sus familiares. La situación de escasez de alimentos y alto costo de la vida ha generado que muchas familias no garanticen las tres comidas diarias.

Pero la situación es más preocupante es la de aquellos detenidos que no reciben visita familiar. Ellos dependen de la solidaridad de otros presos que, como anotamos, reciben poca comida.

En una visita a un centro de detención pudimos escuchar que algunas de las personas tras las rejas se alimentaban de las sobras y por ejemplo, la concha de los plátanos y cambures o de algunas verduras eran consumidas crudas por otros presos.

Si las autoridades no adoptan medidas urgentes lamentablemente seguirán falleciendo privados de libertad por hambre. Si mantienen su actitud indolente, las cifras de muertes por hambre crecerán. El Gobierno es responsable de la vida de los presos. El artículo 43 de la Constitución indica que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.

La Defensoría, que alertó ya hace varios meses de la grave situación que se vive en los retenes policiales, tiene la obligación de actuar con contundencia y evitar que se siga asesinando de hambre a los privados de libertad. Igual debe atender la situación de las cárceles.

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios es, en última instancia, el principal responsable de lo que ocurre y sobre él recaen responsabilidades penales y administrativas por violación grave de los derechos humanos por omisión. Se están produciendo violaciones al derecho a la vida por omisión y en un contexto que pudiera agravarse.

Foto: versionfinal.com

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