La decisión de la Casa Blanca el lunes de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a venezolanos podría beneficiar a unos 320.000 inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos debido a la situación especial por la que atraviesa su país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) designó a Venezuela como beneficiaria de recibir un Estatus de Protección Temporal (TPS). Este consiste en amparar de la deportación a los inmigrantes venezolanos que no tenga documentación y estén en Estados Unidos.
Los beneficiados podrán permanecer en el país, obtener un permiso de trabajo por 18 meses y aplicar para recibir un permiso para viajar. El TPS no les confiere la condición de residentes, sin embargo sus beneficiarios pudieran en un futuro aplicar para obtener otro estatus.
Para otorgar este beneficio, el DHS observa si los solicitantes cumplen determinadas condiciones en los países de origen, entre ellos: conflicto armado vigente, desastre ambiental o epidemia, u otras condiciones extraordinarias y temporales.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, como impulsor del beneficio para los venezolanos, argumentó: “Seguir deportando a los venezolanos de regreso a la tragedia de Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza para nuestra seguridad nacional e invitados no deseados en nuestro país. La realidad y nuestro interés nacional son precisamente los contrarios”.
El DHS señaló que el beneficio fue otorgado ya que Venezuela “se enfrenta actualmente a una grave emergencia humanitaria” bajo la administración del presidente Nicolás Maduro, Además, señaló que el país ha estado “en medio de una severa crisis política y económica durante varios años».
Aunque Venezuela no está bajo un conflicto armado, la situación política, económica y social en la nación latinoamericana ha llevado al menos a 5,4 millones de venezolanos a huir de su país, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El 10 de diciembre de 2020, la ONU y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) lanzaron un plan regional de 1.400 millones de dólares a fin de ayudar a estos refugiados repartidos en todo el mundo y los países que los han recibido, en medio de una crisis agudizada por la pandemia de COVID-19.
En un informe de septiembre de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada para los Refugiados de la ONU, bajo la coordinación de Michelle Bachelet, aseguró que “que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014 han planificado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos, incluidos los asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad».
Alrededor de 323.000 inmigrantes venezolanos podrían beneficiarse con los TPS, según la Casa Blanca, quienes deben cumplir con los “estándares de elegibilidad” que estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Los beneficiarios deberán inscribirse, a través del Formulario I-821 y solicitar una autorización de empleo (EAD), a través del formulario I-765.
Así mismo, deberán entregar sus huellas digitales para verificar los antecedentes criminales.
Solo podrán acceder a este beneficios aquellos que se encontraban en Estados Unidos el 9 de marzo de 2021 o antes y creen ser elegibles para recibir el amparo. A aquellos indocumentados o“sin nacionalidad”, debido a que su país se la negó o por la crisis política venezolana.
A partir del 9 de marzo de 2021, las personas que califican tienen 180 días para solicitar el amparo.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) es la encargada de los registros de inmigrantes venezolanos, la cual publicará pronto la guía para proceder con las inscripciones al TPS.
Del 9 de marzo de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2022; los TPS duran 18 meses y puede ser ampliado. Si no se notifica, los beneficiarios regresan a estatus de indocumentados o al que tenían el 9 de marzo de 2021.
El Gobierno de Estados Unidos dijo en un comunicado, citando a Mayorkas, que la decisión “se debe a condiciones extraordinarias y temporales existentes en Venezuela que evitan que los nacionales regresen a su país de manera segura, entre estas, una crisis humanitaria compleja, marcada por la propagación del hambre y la malnutrición, a la creciente presencia de grupos armados no estatales y a una infraestructura que se tambalea”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exhorta a todos aquellos venezolanos que consideren que son elegibles para el TPS, a presentar su solicitud en un plazo de 180 días.
El DHS aclara que únicamente “las personas que pueden demostrar residencia continua en Estados Unidos al 8 de marzo de 2021 son elegibles para el TPS”, e insiste en que la personas actúen con cautela ante anuncios de traficantes u otras personas que afirmen que la frontera ahora está abierta. Las restricciones de viaje y admisión en la frontera, impuestas por la pandemia del COVID-19, siguen vigentes, indicó el departamento.
Además de Venezuela, anteriormente Estados Unidos otorgó esa condición a Haití, El Salvador, Guinea, Honduras, Liberia, Nepal, Nicaragua, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
Con información de VOA
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La decisión de la Casa Blanca el lunes de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a venezolanos podría beneficiar a unos 320.000 inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos debido a la situación especial por la que atraviesa su país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) designó a Venezuela como beneficiaria de recibir un Estatus de Protección Temporal (TPS). Este consiste en amparar de la deportación a los inmigrantes venezolanos que no tenga documentación y estén en Estados Unidos.
Los beneficiados podrán permanecer en el país, obtener un permiso de trabajo por 18 meses y aplicar para recibir un permiso para viajar. El TPS no les confiere la condición de residentes, sin embargo sus beneficiarios pudieran en un futuro aplicar para obtener otro estatus.
Para otorgar este beneficio, el DHS observa si los solicitantes cumplen determinadas condiciones en los países de origen, entre ellos: conflicto armado vigente, desastre ambiental o epidemia, u otras condiciones extraordinarias y temporales.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, como impulsor del beneficio para los venezolanos, argumentó: “Seguir deportando a los venezolanos de regreso a la tragedia de Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza para nuestra seguridad nacional e invitados no deseados en nuestro país. La realidad y nuestro interés nacional son precisamente los contrarios”.
El DHS señaló que el beneficio fue otorgado ya que Venezuela “se enfrenta actualmente a una grave emergencia humanitaria” bajo la administración del presidente Nicolás Maduro, Además, señaló que el país ha estado “en medio de una severa crisis política y económica durante varios años».
Aunque Venezuela no está bajo un conflicto armado, la situación política, económica y social en la nación latinoamericana ha llevado al menos a 5,4 millones de venezolanos a huir de su país, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El 10 de diciembre de 2020, la ONU y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) lanzaron un plan regional de 1.400 millones de dólares a fin de ayudar a estos refugiados repartidos en todo el mundo y los países que los han recibido, en medio de una crisis agudizada por la pandemia de COVID-19.
En un informe de septiembre de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada para los Refugiados de la ONU, bajo la coordinación de Michelle Bachelet, aseguró que “que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014 han planificado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos, incluidos los asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad».
Alrededor de 323.000 inmigrantes venezolanos podrían beneficiarse con los TPS, según la Casa Blanca, quienes deben cumplir con los “estándares de elegibilidad” que estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Los beneficiarios deberán inscribirse, a través del Formulario I-821 y solicitar una autorización de empleo (EAD), a través del formulario I-765.
Así mismo, deberán entregar sus huellas digitales para verificar los antecedentes criminales.
Solo podrán acceder a este beneficios aquellos que se encontraban en Estados Unidos el 9 de marzo de 2021 o antes y creen ser elegibles para recibir el amparo. A aquellos indocumentados o“sin nacionalidad”, debido a que su país se la negó o por la crisis política venezolana.
A partir del 9 de marzo de 2021, las personas que califican tienen 180 días para solicitar el amparo.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) es la encargada de los registros de inmigrantes venezolanos, la cual publicará pronto la guía para proceder con las inscripciones al TPS.
Del 9 de marzo de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2022; los TPS duran 18 meses y puede ser ampliado. Si no se notifica, los beneficiarios regresan a estatus de indocumentados o al que tenían el 9 de marzo de 2021.
El Gobierno de Estados Unidos dijo en un comunicado, citando a Mayorkas, que la decisión “se debe a condiciones extraordinarias y temporales existentes en Venezuela que evitan que los nacionales regresen a su país de manera segura, entre estas, una crisis humanitaria compleja, marcada por la propagación del hambre y la malnutrición, a la creciente presencia de grupos armados no estatales y a una infraestructura que se tambalea”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exhorta a todos aquellos venezolanos que consideren que son elegibles para el TPS, a presentar su solicitud en un plazo de 180 días.
El DHS aclara que únicamente “las personas que pueden demostrar residencia continua en Estados Unidos al 8 de marzo de 2021 son elegibles para el TPS”, e insiste en que la personas actúen con cautela ante anuncios de traficantes u otras personas que afirmen que la frontera ahora está abierta. Las restricciones de viaje y admisión en la frontera, impuestas por la pandemia del COVID-19, siguen vigentes, indicó el departamento.
Además de Venezuela, anteriormente Estados Unidos otorgó esa condición a Haití, El Salvador, Guinea, Honduras, Liberia, Nepal, Nicaragua, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
Con información de VOA