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Privados de libertad. A los ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusados de violar a un estudiante en el Zulia en 2017, les fue ratificada la privativa de libertad en audiencia preliminar este 5 de diciembre, luego de que la audiencia fuera diferida siete veces.

El hecho ocurrió el pasado 20 de julio de 2017, cuando el joven fue detenido durante una protesta en las cercanías de la sede de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) del sector Amparo, en Maracaibo, capital zuliana. A los policías además se les acusa de los delitos de tratos crueles e inhumanos.

En la audiencia preliminar de más de 6 horas de duración, el Tribunal 10° de Control del estado Zulia no se pronunció sobre algún acto conclusivo, debido a que el Ministerio Público (MP) no realizó oportunamente las diligencias solicitadas por la defensa para la investigación.

No obstante, decretó la nulidad de la acusación fiscal, mantuvo la medida privativa de libertad en contra de los acusados y decretó con lugar la solicitud de las copias certificadas del expediente realizada por el equipo de abogados de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en representación de la víctima.

A la audiencia no asistió el Fiscal 45° con competencia en Protección de Derechos
Fundamentales, Yortman Villasmil. En su lugar estuvo presente la Fiscal Auxiliar, a pesar de que la relevancia del caso ameritaba de la presencia de Villasmil cuya actuación debió sentar precedente para el establecimiento de sanciones orientadas a la erradicación de la tortura en Venezuela.

Además de los delitos señalados y de la privativa de libertad, existen elementos de convicción para un juzgamiento por el delito de tortura. Por tal motivo, se exhortó al MP realizar una investigación transparente acorde con su deber constitucional de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

Obstáculos en el proceso

El equipo de abogados de Codhez está en representación judicial de la víctima. Estos profesionales mostraron preocupación por la actuación del juzgado, que obstaculizó la defensa plena de la víctima al negar a la representación judicial la solicitud de copia certificada del expediente.

Por lo tanto, Codhez interpuso un Amparo Constitucional en contra del referido tribunal, a cargo de la juez María de los Ángeles Ruiz Rivero, que presión resultó decisivo para que la juez decretara con lugar la petición de Codhez.

Además, el joven torturado sexualmente no fue notificado sino hasta la quinta audiencia y, a pesar de que las investigaciones han permitido determinar que en este caso existen más víctimas, el MP no las ha notificado y por lo tanto les ha impedido ser parte del proceso.

La determinación de la verdad en este caso no solo está destinada a la reparación de los derechos de la víctima y sus familiares, sino que adquiere una dimensión colectiva al tratarse de un hecho que involucra múltiples violaciones a los derechos humanos.

Con información de Codhez

Foto referencial: El Impulso