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Las cuatro demandas que llevaron a la oposición a manifestar durante cuatro meses  en 2017 siguen siendo ignoradas. Las elecciones libres, la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y la activación del canal humanitario son materia política pendiente del Gobierno de Nicolás Maduro, según denuncian organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Interparlamentaria Mundial, entre otros.

El intento de lograr una negociación entre el oficialismo y la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue frustrado por la convocatoria adelantada de las elecciones presidenciales que hizo la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tras violar el artículo 293 de la Constitución que faculta únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar y organizar los comicios en el país.

A la cuestionada convocatoria se suman al menos cinco violaciones a la Ley que la Red Electoral Ciudadana –integrada por Cepaz, Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia- denuncia y que vulneran la primera demanda opositora: elecciones libres. Estas son:

1.-Transgresión del artículo 142 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), al anunciar el 7 de febrero la fecha de la elección sin la publicación del cronograma.

2.- Violación al cronograma. Se anuncian actividades sin estar establecidas como: la presentación de la solicitud de denominación de Grupos de Electores y la distribución de invitaciones a los acompañantes internacionales.

También desaparecieron del cronograma las actividades relacionadas con la tinta indeleble y su auditoría, el sistema de información al elector y su auditoría, el catastro electoral (actualización y procesamiento) y simulacro electoral.

3.- Disminución de los lapsos en todos los actos del proceso: entre la fecha de la elección y el vencimiento del periodo constitucional, la jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral, notificación y capacitación de electores para el Servicio Electoral Obligatorio, postulaciones, feria electoral, acreditación de testigos y distribución de material electoral en el país y en el extranjero.

4.- Obstrucción de la inscripción y actualización del Registro Electoral. El CNE ordenó exigir a los venezolanos en el exterior documentos que demostraran la residencia legal permanente, requisito que no establece la Lopre.

5.-CNE incumple el artículo 11 de la Lopre para el cálculo de las circunscripciones electorales para las elecciones de legisladores regionales. Se desconoce el método que aplicó.

A la inhabilitación de dirigente políticos de oposición se sumó la cancelación de los partidos políticos. De 67 organizaciones políticas que existían en 2016 actualmente sobreviven 17, de los cuales 12 militan dentro del Polo Patriótico.

Las rectoras del CNE tampoco fueron sustituidas. Las autoridades que ocupan el cargo por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se mantienen al frente de la institución.

Segunda demanda: liberación de presos políticos

Antes de las protestas antigubernamentales, Foro Penal registraba 117 presos políticos en marzo de 2017. Un año después, hasta el 22 de marzo de 2018, sumaban 241 presos políticos.

Gilber Caro, electo democráticamente como diputado de la Asamblea Nacional en 2015, fue encarcelado a pesar de tener la protección de la inmunidad parlamentaria que establece el artículo 200 de la Constitución.

Perfil: Gilber Caro nuevamente “huele el dolor” del presidio

Tercera demanda: reconocimiento de la AN

El desconocimiento de la Asamblea Nacional se agravó luego de que el Poder Ejecutivo impusiera la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio de 2017.

Este poder fue instalado como “plenipotenciario” y “supraconstitucional” sin que los venezolanos lo respaldaran a través de un referendo aprobatorio. Su legitimidad fue puesta en tela de juicio por la denuncia sobre manipulación de resultados electorales que hizo la empresa que proveía la plataforma tecnológica del CNE: Smartmatic.

En sus primeros cinco meses la ANC anuló a un gobernador electo democráticamente: Juan Pablo Guanipa en el estado Zulia, por no subordinarse ante ella, y usurpó facultades de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral.

ANC anuló a un gobernador electo y usurpó dos Poderes en sus primeros 5 meses

Cuarta demanda: abrir canal humanitario

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro niega que en el país exista una crisis humanitaria y culpa a las sanciones económicas de la administración de Donald Trump de la escasez de alimentos y medicinas.

El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Francisco Valencia, ha advertido que si el Gobierno no facilita la cooperación internacional para garantizar la entrada de alimentos y medicinas se reafirma la “sentencia de muerte” de 300 mil pacientes que padecen enfermedades crónicas en el país. Sin embargo, el canal humanitario no ha sido autorizado.

No obstante, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en entrevista concedida a la BBC, admitió que estarían dispuestos a recibir ayuda internacional «siempre que se respete la soberanía de Venezuela».

Sin unidad y sin ruta

El politólogo y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, Óscar Valles, señaló que la división de la dirigencia opositora provocó que perdiera la unidad y la ruta que impuso con fuerza en 2017.

“De esa gran agenda que movilizó al país y que fue muy poderosa, promovida y adoptada por organismos internacionales queda muy poco. Lo que hemos visto es un desierto en el panorama político opositor”, opina.

Para el politólogo, la elección de la ANC y las dos victorias posteriores del oficialismo en las elecciones municipales y regionales, producto de la abstención, oxigenaron al sector que apoya a Maduro.

Vallés advierte que el riesgo de la inacción opositora es la pérdida de respaldo popular de los liderazgos y de los partidos. Su afirmación se sustenta en una encuesta de Datanálisis, publicada en febrero de 2018 y elaborada por José Antonio Gil Yepes, en la que se señala que el problema de la desarticulación de la oposición se refleja en el porcentaje de autodefinidos «opositores» que bajó de 48%, en julio de 2017, a 33% en febrero de este año.

De la misma manera ocurrió con el porcentaje de aquellos que se identifican, militan o simpatizan con los partidos. Los identificados con el Psuv subieron de 13,4% en febrero de 2017 a 21,8% en febrero de 2018. Y los de la oposición bajaron de 24,2% a 20,4%.

No obstante, esta encuesta también subraya que el 68,4% de los consultados por Datanálisis opina que el presidente Nicolás Maduro, quien aspira ser reelecto, debe dejar el cargo en 2018.

Apoyo internacional

Sin embargo, el analista destaca que el logro fundamental de la oposición fue consolidar un respaldo sólido de la comunidad internacional.

«Los países de la región más importantes como México, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, entre otros, están muy claros de cuáles son las pretensiones autoritarias de Nicolás Maduro y las condiciones de vida que tienen los venezolanos. Esto ha sido resultado de los dolorosos hechos que ocurrieron en los que más de 100 venezolanos perdieron sus vidas y otros miles fueron detenidos. Hoy internacionalmente no estamos solos. Hace cinco años no teníamos esto», señala.

Inacción del Frente Amplio

A juicio del politólogo, «lo que está operando contra la constitución del Frente es el efecto que está generando la campaña de Henri Falcón», pues considera que el fundador de Avanzada Progresista está sumando simpatías en contra de la posición que promueve el Frente Venezuela Libre que es el de no participar en los comicios del 20 de mayo por considerarlos fraudulentos.

«Si el Frente aspira no reconocer la elección del 20 de mayo, entonces lo menos que puede hacer la Asamblea Nacional, que es la controlada por los que dirigen este frente, es designar un nuevo CNE. Es probable que los nuevos rectores tengan que irse al exilio como ocurrió con los magistrados del TSJ, pero esta acción le daría coherencia y levantaría algún tipo de entusiasmo en el electorado. Políticamente tendría una baja eficiencia, pero sería altamente eficiente en lo social», concluye.

Foto: www.abc.es