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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) abolió de facto el texto constitucional en tan solo cinco meses. Fue instalada el 4 de agosto y desde entonces se arrogó las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoproclamándose como un poder “plenipotenciario”.

La Constitución vigente establece que la ANC solo puede modificar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico una vez redacte y someta a aprobación popular un nuevo texto constitucional. Sin embargo, el órgano, dirigido por la excanciller Delcy Rodríguez, no solo usurpó las funciones de estos dos Poderes públicos, sino que además impidió que un gobernador democráticamente electo ejerciera su cargo,pasando por encima de lo establecido en la Carta Magna de 1999.

La destitución de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la designación de Tarek William Saab como su sustituto fue el primer acto con el que la ANC desconoció formalmente al Parlamento el 5 de agosto. Esta remoción corresponde a la mayoría absoluta de los integrantes de la AN, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Plena, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La acción se dictó luego de que Ortega Díaz denunciara el quiebre del orden constitucional con la emisión de las sentencias 155 y 156 que luego el TSJ se vio obligado a anular parcialmente.

12 días después, los constituyentes aprobaron el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado oficialista y esposo de Ortega Díaz, Germán Ferrer, suprimiendo el mandato del artículo 200 de la Constitución que establece que el Tribunal Supremo de Justicia es la única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, la detención del diputado y continuar su enjuiciamiento.

Pero Ferrer no sería el único diputado al que este órgano le allanaría la inmunidad. El 6 de noviembre la instancia oficialista le quitó la protección constitucional al primer vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara tras acusarlo de promover hechos de violencia durante las protestas antigubernamentales del segundo trimestre del año.

Guevara respondió que volvería a llamar a la “desobediencia civil” y pidió protección en calidad de huésped en la embajada de Chile en Caracas, donde se permanece refugiado actualmente.

Sustitución del CNE

La convocatoria de las elecciones regionales y municipales las hizo la ANC y no el CNE como manda la Ley Orgánica del Poder Electoral. Mediante “decretos constituyentes” los comicios fueron adelantados y se suspendió, sin explicación alguna, la elección de los consejos legislativos de los estados y de los concejos municipales.

La amenaza contra las autoridades electas que no se subordinaran ante la ANC cobró su primera víctima el 26 de octubre. El líder opositor Juan Pablo Guanipa resultó electo gobernador del Zulia el 15 de octubre y proclamado así por el CNE, pero se negó a reconocer a la asamblea oficialista y eso le costó la anulación de su juramentación como autoridad regional.

En su lugar, la ANC ordenó la repetición de la elección, desconociendo el voto popular, e impidió que Guanipa pudiera participar nuevamente como candidato, procurando así la victoria del candidato del Psuv.

El Poder constituyente también eliminó la elección de las autoridades de las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure. Posteriormente, el 20 de diciembre las eliminó como figuras político-territoriales.

Ese mismo día aprobó un decreto de “validación de los partidos políticos” que ilegaliza a todas las organizaciones políticas que tuvieron presencia en el tarjetón de las elecciones municipales del 10 de diciembre, lo que perjudica específicamente a los principales partidos de oposición que hicieron un llamado a no participar en los comicios, tras denunciar que el sistema electoral venezolano es fraudulento.

Hasta el 20 de diciembre pasado la ANC derogó al menos 18 artículos constitucionales.

Vea el balance de la ANC aquí:

Foto: promar.tv