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Las consecuencias de la acción policial llegaron a los niños, niñas y adolescentes del país. El año pasado, las muertes producidas por los uniformados en este grupo etario aumentó más que otras categorías de fallecimientos violentos en el país.

El informe Somos Noticia del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) para el 2018 revela que 287 niños, niñas y adolescente (NNA) murieron en manos de la policía. Esto significa un incremento de 265%, en comparación con 2017, cuando se registraron 108 casos.

La cantidad de muertes por supuesta resistencia a la autoridad es parte de un total quizás más alarmante: 1.484 homicidios de NNA en todo un año. Es decir, que cada día un venezolano de este grupo etario fue asesinado en 2018.

En comparación con 2017, las muertes violentas aumentaron 130%.

Roberto Briceño León, sociólogo director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), fue el responsable de presentar  las cifras fúnebres este 17 de mayo. Una de sus observaciones fue que 20 de las víctimas por acción policial fueron niños menores de 12 años. Se preguntó, cómo un pequeño puede «resistirse a la autoridad».

Homicidios en contexto de protesta

Cecodap apuntó también que en el año 2018, aunque no se cuenta con un registro público que documente este tipo de muertes violentas, se conocieron algunos casos de muertes por la represión contra protestas sociales, lo que permite suponer un subregistro de estos graves hechos. Entre los casos conocidos están los de los adolescentes:

• José García Fonseca (17 años) el 10 de enero de 2018
• Anderson Luis Oliveros Nuñez (15 años) 23 de abril de 2018
• Luis Fernado Tábata (16 años) el 05 de julio de 2018
• Evelio José Rodríguez (12 años) el 16 de julio de 2018

«Todas estas muertes, por armas de fuego, todas en el contexto de protestas sociales. Son los casos conocidos, quizás existan otras muertes no difundidas por los medios de comunicación, no registradas, al igual que los heridos y los lesionados por la actuación excesiva, innecesaria y violatoria de la ley por parte de los funcionarios que asumen el control de las manifestaciones públicas», expone el informe,

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