Tras más de 15 horas del motín que realizan los reclusos en la sede de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, al este de Caracas, familiares de los detenidos confirmaron que dos de los más de 950 detenidos murieron.

Desde la noche del 3 y la mañana de este miércoles 4 de septiembre, al  menos 200 personas se mantienen en los alrededores del centro de detención preventiva para exigir traslados de los presos. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el recinto está hecho para albergar a aproximadamente 250 personas y en la actualidad hay más de 950 personas detenidas.

Una de las víctimas del motín quedó identificada como Erick José Gastón de 24 años, quien según su esposa Armelis Hernández murió tras ser decapitado por otros reclusos.

“Me llamaron para informarme que mi familiar estaba muerto. Él dejó tres hijos, uno de 4, uno de 5 y una bebé de 1 año de edad. Estaba detenido por hurto agravado en Guatire”, aseguró. Gastón estaba preso desde agosto de 2018 y dos meses después fue sentenciado a dos años de prisión.

Javier Román Castillo de 34 años es el nombre de la otra víctima fatal. Según información policial el hombre también habría sido decapitado por sus compañeros de reclusión.

Los familiares de los reclusos denuncian que desde la madrugada de este miércoles, los funcionarios de la PNB cortaron el servicio eléctrico y han disparado bombas lacrimógenas y perdigones para tratar de disolver el motín. A lugar también llegaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un fiscal en materia de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

Muchos de los presos exigen ser trasladados a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y otros a Tocuyito en Carabobo.

Además del hacinamiento, los familiares denuncian que  funcionarios de la PNB los extorsionan al momento de realizar las visitas. Luisa Poncho informó que algunos policías cobran hasta 40 dólares por permitir las visitas o la entrada de algunos enseres.

Un hombre que no quiso ser identificado, por temor a represalias contra su familiar detenido, denunció que ha tenido que pagar cinco veces para que su hijo pueda pasar su reclusión en un espacio mejor. “La primera vez pagué 150 dólares para que no durmiera en el inframundo, las segunda tuve que pagar 100 y el restos de las veces entre 30 y 40 dólares”.

 Los privados de libertad en este centro de reclusión preventiva, llaman el “inframundo” a una parte de la cárcel donde conviven todos los presos que no pueden pagar vacunas a los policías y donde no se pueden colocar colchones por la cantidad de personas detenidas, informó uno de los manifestantes.

Pasadas las 3 de la tarde se pudo conocer que al menos 100 presos iban a ser trasladados al centro penitenciario Yare en el estado Miranda.