Extensión del espacio. La delincuencia organizada avanza y la lucha por el control del territorio pone en zozobra a los habitantes de La Vega y de la Cota 905, quienes han sido testigo de violentos tiroteos que comenzaron en el mes de enero y se han extendido hasta este 14 de junio.
Luis Izquiel, criminólogo y profesor universitario, advierte que si el Estado permite que la megabanda de El Coqui tome La Vega, el poderío delictivo y criminal de estos delincuentes podría expandirse a otras zonas del oeste de la ciudad de Caracas.
“Si El Coqui llegara a tomar La Vega, para el Estado sería otra demostración de que no tienen la fuerza, que no tienen la operatividad a través de los cuerpos de seguridad para controlar el territorio de Venezuela, y como consecuencia de esto se están creando microestados”, dice Izquiel.
La megabanda de El Coqui, El Vampi y El Garbis mantiene el control de la Cota 905, al oeste de Caracas, siendo esta zona, junto a José Félix Ribas en Petare, donde alías Wilexi tiene el dominio, los lugares de la capital venezolana controlados por la delincuencia organizada.
Izquiel señala que la intención de la megabanda criminal que controla la Cota 905, de expandir su territorio a La Vega se debe a que el barrio vecino es más grande y tiene más actividad comercial que en La Cota 905. Esto le permitiría a la banda de Carlos Luis Revete, alias El Coqui, ampliar la lista de extorsionados, la venta de drogas y la facilidad de cometer otras fechorías.
“Allí puede llevar a personas secuestradas, desvalijar vehículos y cometer otros delitos con un nuevo territorio que se estaría anexando. Eso debe verse con sumo cuidado, porque estamos hablando de la expansión de la gobernanza criminal que ya sabemos como funciona en la Cota 905 y que, si se le permite, seguirá extendiéndose hacia otras zonas de la ciudad”, explica el criminalista.
El experto en seguridad explica que la extensión de los microestados, como denomina a las zonas tomadas por la delincuencia organizada, extienden la anarquía en estos lugares y los ciudadanos son blancos de los delincuentes cuando se realizan operativos policiales.
Desde que comenzaron los tiroteos para llegar a tener el control delictivo en La Vega, se han registrado por lo menos siete personas muertas por balas perdidas.
“El Estado abandonó los sectores populares en Venezuela, y ese vacío de poder fue llenado por estas megabandas criminales y los lideres que las encabezan, en este caso El Coqui. Para ejercer ese control de la zona poseen armas de guerra como las que hemos visto en los últimos días en los tiroteos como FAL, ametralladoras, granadas y armas de altísimo poder y una estructura delictiva de unos 150 hombres, al menos”, señala Izquiel.
Hay otra consecuencia de la que se habla muy poco cuando las megabandas toman el control de los territorios. Izquiel explica que cuando los delincuentes toman las zonas y las controlan en su totalidad las viviendas de esos sectores pierden el valor monetario.
“¿Quién se quiere mudar hoy a La Vega?¿Quién quiere vivir cerca de la Cota 905?, nadie¿”, responde el criminólogo.
Fallido diálogo
El pasado 26 de abril, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) anunció que la policía científica estaba en “conversaciones” con la banda de El Coqui, para que este y su grupo criminal “deponga de su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas” y entreguen las armas de fuego.
Este intento de diálogo no fue bien visto por muchas personas, inclusive por el diputado chavista Pedro Carreño, que, sin nombrar a Rico, recientemente catalogó la iniciativa como un error, al considerar que con la delincuencia no se dialoga.
“Oí a un policía (decir) que hay que negociar. Con la delincuencia no se negocia; la delincuencia se combate, se ataca y se erradica”, dijo el parlamentario a través de un video difundido en redes sociales.
Izquiel también se opone a esta idea propuesta por Rico. El criminólogo indica que ningún delincuente activo va a abandonar sus armas y tampoco va a abandonar su poder criminal con la que gana muchísimo dinero sencillamente porque fuesen a hablar con él.
“Eso no funciona ni aquí ni ha funcionado en ninguna parte del mundo, con los delincuentes se puede negociar solo si están rodeados por los funcionarios de seguridad, entonces ya lo que se negocia es la entrega, porque tu no vas a negociar que un delincuente de esto que tiene un microestado allí, que tiene 150 tipos a su disposición y tiene granadas, ametralladoras y fusiles”, asegura.
Para Izquiel esos procesos de diálogos con delincuentes son un fracaso, ya que en el año 2013 se intentó dialogar con los delincuentes y nacieron las zonas de paz, que fracasaron y fortalecieron a las bandas criminales.
“Yo supongo que después de estos tiroteos de todos los días y después de esta cantidad de personas asesinadas por estas balas perdidas, más otras personas que han terminado heridas esos procesos de diálogo se dieron por terminado”, añade.
Además del fracaso en las conversaciones, para Izquiel pareciera que los cuerpos de seguridad no tienen capacidad para combatir a estas bandas criminales, tal y como ocurrió en Apure que se terminaron retirando los cuerpos de seguridad del Estado.
“Aquí parece que también van a claudicar en cuanto al control de este territorio (La Vega) porque pareciera que los cuerpos de seguridad no tienen la capacidad humana y operativa para desmantelar estas bandas y devolverles la tranquilidad a los habitantes de La Vega, La Cota 905 y las parroquias aledañas”, indicó.
Amenazas a civiles
En un tuit publicado este 14 de junio, el periodista de sucesos Román Camacho asegura que los lideres de la megabanda de El Coqui amenazaron con “matar a civiles cada hora si no se retiraban los cuerpos de seguridad”, tras el operativo policial que se desplegó para repeler a la organización criminal.
Aunque Efecto Cocuyo no ha podido verificar esta información, el criminólogo Luis Izquiel señala que podría ser cierto, ya que una de las tres víctimas de los enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios de este lunes recibió un impacto de bala en la cabeza.
“Podría haber sido a causa de una bala perdida, pero también pudo ser un francotirador de los delincuentes y podría ser en aras de esa amenaza que ellos emitieron, pero eso es muy difícil de confirmar porque aquí no hay información oficial”, explica el criminólogo.
De ser cierta la amenaza, Izquiel señala que demostraría el poderío de esa banda criminal y el chantaje que hay contra los cuerpos de seguridad y la incompetencia del Estado de brindarle protección a la ciudadanía.
Para el criminólogo, el Estado debe retomar con decisión la recuperación de los espacios a manos de la delincuencia organizada, aunque reconoce que no es fácil, explica que en la Latinoamérica se ha hecho y los resultados han sido eficientes.
“¿O es que acaso los narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro eran menos poderosos que El Coqui? No, eran lo mismo, tenían microestados en las favelas de Brasil y una opción decidida del gobierno logró desplazar de muchas favelas a estas bandas de narcotraficantes. No hicieron operativos como los de aquí, que son operativos de horas, de momentos y luego se retiran, sino que en Brasil se tomó una decisión firme: dejaron dentro de las favelas dominadas por narcotraficantes estaciones policiales de tamaño importante”, indicó Izquiel.