La mañana del viernes 26 de julio, en el sector Los Laureles de la Cota 905, cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) resultaron heridos cuando realizaban una verificación de vehículos en el barrio. Durante tres horas, las autoridades de la policía científica esquivaban las balas y se defendían de los delincuentes hasta lograr rescatar a los funcionarios, quienes fueron víctimas de la megabanda de “El Coqui”.
Los cuatro efectivos del Cicpc, que fueron sorprendidos por la ráfaga de disparos, se resguardaron en una vivienda, con el fin de evitar sumarse a la lista de víctimas fatales a manos de El Coqui. “Pidieron auxilio y al lugar llegaron distintas comisiones de la policía científica, incluyendo la Brigada de Acciones Especiales (BAE)”, relató uno de los funcionarios del Cicpc que estuvo durante el operativo, quien pidió reservar su identidad.
En el enfrentamiento, los miembros de la banda de “El Coqui” exhibieron armas de alto calibre que usaron en contra de los miembros de la policía científica venezolana. El cuerpo de investigación quedó acorralado. No respondió al ataque y tampoco pudo detener a los responsables. “No teníamos las armas para combatirlos”, sostuvo el oficial.
“Durante el operativo que se realizó para rescatar a nuestros compañeros, la banda tenía el control de la zona, ellos disparaban por disparar y nunca se le acababan las municiones. Nosotros no teníamos la misma cantidad de armas largas que tenían ellos”, contó el funcionario.
Además relató que, a pesar de las carencias logísticas, sus compañeros estaban dispuestos a rescatar a los heridos que quedaron atrapados en la Cota 905. “Una de las dificultades era que los delincuentes estaban en sitios estratégicos, se conocían toda la zona, eso les daba ventaja. Era una situación compleja en vista de todo el equipamiento logístico que tienen los delincuentes”.
Para el funcionario del Cicpc llamar a la Cota 905 “zona de paz” es una hipocresía. “Allí no existe la paz, solo la delincuencia organizada. En esas zonas siguen ocurriendo delitos y también situaciones como estas que se salen de control. Si esto continúa así, y no se busca la manera de frenarlo, esas bandas se van a fortalecer”.
Desde 2014, las divisiones del Cicpc no son equipadas con unidades óptimas para su funcionamiento operativo. Una fuente cercana al Cicpc relató que los funcionarios incluso deben hacer el mantenimiento a los vehículos. “Si se te daña la unidad no te darán otra”, concluyó.
Zonas de Paz
En 2013, las denominadas “zonas de paz” fueron creadas por José Vicente Rangel Ávalos, viceministro para la seguridad ciudadana del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz para el momento, con la intención de disminuir los índices delictivos y los enfrentamientos entre bandas armadas. La propuesta recibió la aprobación de Nicolás Maduro.
El plan consistía en el intercambio de materiales de construcción, productos agrícolas y productos de línea blanca para reinsertar a los miembros de bandas a la economía formal. Sin embargo, la idea fracasó. El dinero destinado para la pacificación fue invertido por los líderes de bandas delictivas en armamentos. “Los índices delictivos no dejaron de crecer en esas comunidades”, aseguró el criminólogo Fermín Mármol García.
En julio de 2015 esos tratados de paz terminaron. La Cota 905, denominada “zona de paz” por el Estado, fue la primera comunidad en Venezuela donde se implementó la Operación de Liberación al Pueblo (OLP).
Durante el primer operativo se contabilizaron 15 muertos y 134 personas detenidas. Muchos de los fallecidos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales que fueron denunciada por la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, el 30 de marzo de 2017.
Para agosto de 2017, con la visita de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y el ministro de Deporte Pedro Infante, las negociaciones con las bandas volvieron. En esa oportunidad, vecinos de la Cota 905 contaron al portal Crónica Uno que, desde que esas negociaciones comenzaron, los delincuentes tomaron de nuevo el control de la zona.
Microestados
Para el criminólogo Fermín Mármol la toma y control de un territorio por las megabandas armadas se le puede denominar “microestados”.
“El Estado tiene un concepto clásico que es una población en un territorio bajo un ordenamiento jurídico y cuando las bandas criminales controlan los territorios se les denomina microestados delincuenciales. Hay una población sometida por unas personas que dicen ser la autoridad y tienen sus propias leyes”.
Mármol asegura que en el país no solo las megabandas criminales tienen control territorial, también los colectivos armados, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y el “pranato” en las cárceles del país.
“Venezuela tiene un estado superior de criminalidad, que es cuando se controla el territorio y eso es un mal síntoma, porque la estructura del crimen, cuando controla el territorio se fortalece financieramente y capta adeptos para sobrevivir”, afirma Mármol.
El criminólogo sostiene que lo acontecido en la Cota 905 es el retrato de lo que han sido unas políticas públicas fallidas contra el crimen organizado y la violencia
“Trajeron el plan de pacificación y nacieron las zonas de paz. Los planes pilotos, por ejemplo en Barlovento (Miranda), fracasaron porque el dinero que se le dio a las bandas criminales para la explotación agrícola, con el fin de que entreguen sus armas no fue efectivo. Por lo que optaron por comprarse pick-up, vehículos de cargas y fusiles. A pesar de eso, continuaron con la idea y la aplicaron en Caracas”, relató.
Peligro inminente
Para Luis Cedeño, sociólogo y director de la organización no gubernamental Paz Activa, los ciudadanos que habitan en las zonas de paz están obligados a seguir las leyes impuestas por las megabandas.
“A sabiendas que el estado ha desertado o se ha rendido y le ha dado el control territorial a una banda, lo que sucede es que en parte de esos acuerdo de convivencia se aplique algún tipo de control social a través de un tipo de política. Habrá delincuencia y trafico de drogas pero tiene que haber límites”, explicó el sociólogo.
Cedeño asegura que los miembros de las bandas controlan la seguridad de la zona, que la distribución de comida llegue a los negocios, una supuesta “protección” a los comerciantes, solo si los dueños pagan vacunas. Una réplica de lo que es el pranato carcelario.
Enfatizó que en una zona de paz las autoridades policiales y militares no pueden ingresar sin autorización previa de altos funcionarios del Gobierno venezolano. “Las bandas armadas tienen el control de la zona y llegan a controlar desde la seguridad de los ciudadanos que habitan en el sector hasta la distribución de alimentos”, añade.
Añade que, debido a la nulidad de la acción policial en los sectores controlados por la delincuencia organizada, se consolidaron megabandas como la de “El Coqui”, que tiene entre 100 y 150 hombres armados con indumentaria de guerras.
“El Estado tiene que hacer una política de desarme muy agresiva. En Brasil aplicaron mano dura y no lo recomendaría, hay que tener cuidado con eso, no se puede repetir las OLP. Tendría que ser una política de persuasión y acción para disminuir el tamaño de las bandas. Pero esto está conectado con el sistema de justicia y al servicio penitenciario”, aseguró Cedeño.
El sociólogo sostuvo que las megabandas desparraman y toman grandes sectores de la sociedad, lo cual limita la efectividad de las políticas de control ciudadano. “Preocupa que 20 o 30 bandas grandes se conviertan en tres hiperbandas; y que esas bandas controlen a toda una ciudad como el caso de Medellín. Eso sería peligroso, ya que en Venezuela el Estado funciona como Estado mafioso”.
Lea también:
Zonas de Paz en Caracas tienen al menos seis “corredores de la muerte”
Foto: Mairet Chourio