Una bala disparada desgarra la piel y los músculos. Su objetivo es penetrar la protección natural que tienen los órganos vitales, llegar a ellos. Con una velocidad aproximada de 900 kilómetros por hora, entra al cuerpo humano, se desliza en línea recta por los pliegues de la piel algunos centímetros y, después, que el azar determine si el proyectil logra o no el objetivo por el que fue escupido desde un arma: matar.
La bala que impactó a Anyelo Rafael Quintero Rivas, de 28 años de edad, logró su objetivo. No al instante, sino ocho meses después. La munición no solo lo hirió el 28 de junio de 2017, sino que le fracturó el cráneo e hizo que perdiera masa encefálica.
Nadie fue detenido por las lesiones causadas al joven en Ejido, estado Mérida, y tampoco han aprehendido a al menos una persona por su homicidio, materializado finalmente el 13 de febrero de 2018.
Con la muerte de Anyelo Rafael, en 2017, fueron 108 “misiones cumplidas” para quienes pretendían sesgar una vida cuando halaron los gatillos. Ese es el número de personas que recibió un impacto de bala en su cuerpo y que murió en Venezuela durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro ese año, según el registro diario que llevó Efecto Cocuyo.
Entre abril y la primera quincena de agosto, la población venezolana descontenta con el Gobierno salió a la calle para manifestar su malestar. El arrebatar a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, las competencias legislativas fue la medida gubernamental (ejecutada por el Poder Judicial) que activó la calle. Escasez de alimentos y medicinas, inflación, represión política y finalmente la organización de una Asamblea Nacional Constituyente a espaldas del poder originario fue lo que mantuvo a la gente en protestas casi diarias.
Al lado de los manifestantes pacíficos estaban también los funcionarios de seguridad del Estado y los grupos armados pro y contra Gobierno. Los encuentros violentos entre los bandos ocasionaron 165 muertes violentas, 66% de ellas por armas de fuego, cuyos proyectiles eran balas.
Uno de los casos más alarmantes para venezolanos y la comunidad internacional fue el de Fabián Urbina. Tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quedaron registrados en videos y fotos con pistolas en mano cuando dispararon contra los manifestantes, entre ellos el adolescente de 17 años, el 19 de junio. Cuatro estudiantes más quedaron marcados por esas balas.
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Esta especificación es necesaria, puesto que en el transcurso de esos meses varias heridas fueron causadas por cartuchos rellenos de esferas de vidrio (metras) o metálicas (rolineras o balines). Siete víctimas murieron por tiros de escopetas “aliñadas”.
“El efecto que puede causar una metra al ser disparada es impredecible. Depende de la distancia y el lugar del cuerpo en el que impacte. Si alcanza una superficie blanda es tan letal como una bala”, aclaró un criminalista y profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) a Efecto Cocuyo en junio del año pasado.
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Una orden presidencial prohibió el uso de municiones de perdigones, aseveró el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el 17 de mayo de este año. Pese a esto, su uso como arma para el control del orden público fue recurrente y dos personas murieron producto heridas causadas por perdigones.
Uno de ellos fue David Vallenilla, contra quien un funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) descargó su carabinera cinco días después de darse a conocer esa regulación. Las esferas de los perdigones causaron el desgarramiento del pulmón, corazón e hígado de Vallenilla.
No solo hubo uso indebido en este tipo de armas para controlar el orden público, también lo hubo en las escopetas que impulsan bombas lacrimógenas. De acuerdo con estándares internacionales, estos cartuchos deben ser detonados a más de 60 metros de distancia y las carabinas no deben apuntar directamente a los manifestantes. Pero tres jóvenes venezolanos murieron porque estos proyectiles los alcanzaron en el pecho a una distancia menor de 60 metros.
“Extremarán precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables”, reza la normativa venezolana para el control de manifestaciones. Cuatro personas murieron asfixiadas por los gases lacrimógenos que los funcionarios de seguridad activaron. Una de ellas fue una bebé de dos meses, otro un adolescente, un hombre de 50 años y un abuelo de 76.
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“La Resistencia” y sus armas
Para enfrentar las bombas lacrimógenas y perdigones, las tanquetas y ballenas, las metras y balas; la llamada “Resistencia” se armó como pudo. Así se autodenominó el grupo de jóvenes que se activaba en las manifestaciones, una vez que los cuerpos de seguridad evitaban el paso de la movilización.
Cohetones, palos, piedras, “chinas” (resorteras), morteros y bombas molotov. Este fue parte del arsenal que en 2017 cobró auge como la defensa de “La Resistencia”.
No se produjeron muertes durante los cuatro meses de protestas por estos artefactos, pero sí hubo reportes de funcionarios heridos por objetos contundentes. Tampoco se conoció de uniformados lesionados por metras, rolineras o clavos, impulsados por armas caseras conocidas como “chopos”; pese a que el discurso gubernamental aseguraba que los manifestantes violentos cargaban ese tipo de armas.
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“Tiene que valer la pena el sacrificio de esos muchachos heridos” #AUnAñoDeLasProtestas