“La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado. Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Nicolás Maduro que, de forma sistemática y generalizada, persigue, encarcela y tortura a centenares de opositores políticos, con el firme objetivo de generar terror en la población y consolidar los mecanismos de control social y político”.
Este párrafo es parte del último comunicado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). La organización lamentó la muerte del concejal del municipio Libertador (Distrito Capital) Fernando Albán el pasado 8 de octubre. Según la versión ofrecida por el Ejecutivo nacional, el hombre habría caído de un piso 10 mientras se encontraba detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Provea recuerda que Albán fue señalado por el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, como participante del supuesto atentado fallido contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Tras ser detenido el 5 de octubre, fue recluido en la sede del Sebin de Plaza Venezuela en Caracas. Allí permaneció incomunicado por 20 horas sin permitirse el acceso de abogados y familiares. También cumplió 48 horas sin haber sido presentado ante un tribunal, como lo ordena la ley.
“La detención arbitraria y posterior desaparición forzada del concejal Albán generan serias dudas sobre el trato que recibió mientras estaba bajo la custodia de los funcionarios del Sebin“, apunta Provea.
Deja claro el comunicado que las declaraciones de los voceros del Ministerio Público y del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se contradicen. Esto hace recordar a Provea el asesinato por torturas del dirigente político Fabricio Ojeda en 1966, a manos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada (Sifa), así como el caso del también líder de izquierda Jorge Rodríguez padre, en 1976, por la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
“Ambos casos fueron presentados ante la opinión pública como suicidios y, posteriormente, se demostró que fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas”, detalló la organización que defiende los derechos humanos.
Responsabilidad del Estado
En 2015, el preso político Rodolfo González murió en las celdas del Sebin, en la sede de El Helicoide.
“Reafirmamos que las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, son exclusiva responsabilidad del Estado. Los funcionarios responsables de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, tienen que responder civil, administrativa y penalmente por las acciones u omisiones que conduzcan al fallecimiento de los custodiados”, afirmó Provea.
Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y acogidos por el Estado venezolano, determinan la responsabilidad de los Estados miembros en garantizar el respeto a la integridad, dignidad y respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de libertad sujetas a su custodia. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la vida e integridad personal (física y psicológica) de las personas privadas de libertad, y debe asegurar condiciones mínimas de reclusión que sean compatibles con su dignidad.
Secuestrados por el Estado
“Desde el ascenso al poder de Nicolás Maduro, Provea ha registrado al menos 137 casos de personas secuestradas por su Gobierno.
Las víctimas más recientes: el diputado Juan Requesens y el concejal Albán. Ambos acusados sumariamente por su presunta participación en el supuesto atentado contra Maduro.
En la totalidad de los casos registrados, el patrón de actuación ha sido el mismo: detención arbitraria; incomunicación; desaparición forzada; violación del derecho a la defensa y el debido proceso, entre otros. La mayoría de los casos de secuestros de Estado registrados por Provea se produjeron en el primer semestre de 2018, con un total de 85 casos registrados entre enero y junio del presente año.
La desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su circulo de familiares y amigos. No sólo afecta al desaparecido, genera un profundo temor e incertidumbre en sus familiares, por lo que prolonga el sufrimiento e inhibe a la sociedad, quien se siente amenazada ante tales prácticas.
En la asunción del terrorismo de Estado como forma de gobierno, las dictaduras -clásicas y modernas- de América Latina, han recurrido a la oprobiosa tarea de desaparecer a cientos de miles de ciudadanos para tratar de impedir los cambios sociales o aplastar las revueltas sociales que demandan mejoras para las mayorías”.
Lea el comunicado completo aquí.
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