El Gobierno nacional pidió al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación sobre las 68 muertes producto de un incendio en la comandancia principal de la Policía de Carabobo el pasado miércoles 28 de marzo. También enviaron sus “sentidas palabras de condolencia a los familiares y allegados” de los fallecidos en este hecho.
La solicitud pretende “la búsqueda de la verdad, a los fines de determinar las causas que provocaron este doloroso evento, así como las eventuales responsabilidades a las que haya lugar, y la aplicación implacable y firme de la justicia“, indica un comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación e Información y difundido a través de Twitter.
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— MIPPCI (@Mippcivzla) 30 de marzo de 2018
El vocero gubernamental también informó sobre la creación, junto a las autoridades de gobierno de Carabobo, de un “equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas”, así como “la atención a las personas que resultaron lesionadas en el mencionado comando policial”.
“De igual manera, se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución“, añadió el comunicado.
El Gobierno también rechazó “las precipitadas y desproporcionales (sic) declaraciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos“.
Esta oficina declaró este jueves 29 de marzo sentirse “horrorizada” por el suceso en el que murieron 68 personas en los calabozos de esta comisaría de Valencia, capital de Carabobo, y pidió a las autoridades que se respete el derecho de las familias a obtener información correcta sobre lo ocurrido.
Para Venezuela, este organismo “procede a fijar públicamente su posición tendenciosa” sobre el país “de manera prejuiciada y sin requerir información oficial al Estado” sobre el suceso. Esto, añade el texto, “constituye una agresión multiforme que se desarrolla contra nuestro país, haciendo uso grosero e infame del tema de los derechos humanos“.
El Gobierno nacional “ratifica su compromiso con la actuación justa y en estricto apego a la verdad y a la protección integral de las víctimas, como ha sido siempre, y a las garantías constitucionales y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia”, finaliza el documento.
Según el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, 66 hombres y dos mujeres que estaban de visitan en los calabozos, fallecieron en un “presunto incendio” del que no especificaron los motivos, pero que diversos medios locales y varias ONG lo vinculan con un motín.
Lea el comunicado íntegro aquí.
Con información de EFE.
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