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Sobre la base del miedo y la impunidad, solo puede construirse una tensa calma, tan frágil y falsa como un muro de papel. Cuatro meses de protestas y represión causaron 165 muertes violentas en el país. Entre abril y agosto de 2017, al menos tres personas fallecieron diariamente en un contexto de manifestaciones que se activaron tras la emisión de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Para el 29 de marzo del año pasado, el TSJ en manos del recién nombrado presidente del poder judicial, Maikel Moreno, había disuelto la Asamblea Nacional y otorgado atribuciones ilimitadas al mandatario nacional Nicolás Maduro. La dirigencia de la oposición y varios constitucionalistas interpretaron las sentencias 155 y 156 como un golpe de Estado de un poder sobre otro.

Desde el 30 de marzo, numerosos ciudadanos empezaron a movilizarse en las calles de Caracas y otras ciudades para exigir la restitución de las competencias retiradas al parlamento venezolano. La jornada de ese día, cerca de la sede del máximo tribunal en la avenida Baralt, terminó con dos estudiantes y un periodista detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un recordatorio de cómo un componente militar es capaz de reprimir una manifestación.

Dos sentencias firmadas por Moreno, jurista que llegó en 2017 a encabezar el Tribunal Supremo de Justicia, encendieron la llama del descontento popular en Venezuela. Tales documentos fueron rechazados inmediatamente por la Asamblea Nacional, pues constituían una ruptura constitucional que fue denunciada por la  Fiscalía General de la República.

“Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Luisa Ortega Díaz, máxima autoridad en el Ministerio Público (MP) -para ese momento-, el 31 de marzo.

Pero, ¿qué decían esas decisiones judiciales que resquebrajaron la unión institucional del Gobierno nacional?

La sentencia 155, de fecha 27 de marzo de 2017, ordenaba al presidente Nicolás Maduro que ejerza las medidas internacionales que considere para “salvaguardar el orden constitucional… y garantizar gobernabilidad del país”. La sentencia 156, fechada el 29 de marzo, remataba esta medida con la advertencia de “que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

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Poco efecto disuasivo tuvo que, poco después, el TSJ diera marcha atrás a sus decisiones del 27 y el 29 de marzo. La oposición venezolana aprovechó esa indignación ciudadana para movilizar a sus seguidores y exigir el respeto a la Asamblea Nacional (electa en diciembre de 2015 y con mayoría de diputados contrarios al Gobierno), elecciones generales, liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario para el suministro de alimentos y medicinas.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) contabilizó en total 6.729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017 en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias.

Desde oriente a occidente, en los 23 estados del país al menos hubo una manifestación de descontento. Según el Ovcs, la mayor cantidad de actividades de calle se originaron en Distrito Capital (989), Miranda (929) y Lara (527).

Toda esta convulsión social mantenía en vilo a los venezolanos. Barricadas, saqueos, bombas lacrimógenas, perdigones, paralización del Metro de Caracas y del transporte superficial, quema de cauchos, movilización de masas, todo era inesperado. Al final, el saldo rojo fue de 165 víctimas entre abril y agosto de 2017, según un registro de Efecto Cocuyo.

Movidas políticas

Leña al fuego fue la convocatoria a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que realizó casi un mes después de iniciadas las protestas el presidente Maduro.

«Hoy 1° de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como Jefe de Estado constitucional, de acuerdo al artículo 347, convoco al Poder Constituyente Originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacional Constituyente«, dijo en la alocución tradicional dedicada a los trabajadores en su día internacional.

Dicha petición fue ejecutada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en menos de tres meses se realizó la elección de 545 constituyentes de forma sectorial y territorial, principal irregularidad resaltada por políticos y politólogos, porque argumentaban que era una elección de segundo grado que no está contemplada en las leyes venezolanas.

Por ejemplo, el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández -en sus redes sociales- calificó el llamado del Presidente como la profundización de un golpe de Estado y consideró que la declaración en la que señala que los constituyentes «serán elegidos por el pueblo y la clase obrera» entre otros sectores, excluían a la totalidad de la ciudadanía y, por lo tanto, atentaban contra la democracia y los valores republicanos.

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Ante esta movida, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) «se jugó a Rosalinda» con una consulta popular que buscaba figurar como un referendo, en el cual se realizaban las siguientes preguntas a los ciudadanos:

1.- ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

2.- ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3.- ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

Esta consulta se ejecutó el domingo 16 de julio y movilizó a 7.186.170 personas dentro del país y 693.789 venezolanos en el exterior, según lo anunció al finalizar la jornada la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, quien figuraba como representante de los garantes de la transparencia del proceso.

No tardó mucho Jorge Rodríguez, en ese momento alcalde de Distrito Capital y vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en desmentir esos resultados. El lunes 17 de julio aseveró que en la consulta participaron menos de 2.300.000 personas. Explicó que los opositores no contaron cada papeleta como un voto, sino cada pregunta por separado, lo que permitió que pudieran llegar a los 7.186.170 votos.

Así llegó el domingo 30, fecha pautada para los comicios de la ANC, entre protestas y represión. Ese día, el Gobierno cumplió su propósito y anunció que se eligieron más de 545 constituyentes, todos adeptos del Psuv. 

Aunque por una parte la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguró que la jornada se había realizado en paz, por la otra Rodríguez afirmó que «la violencia» se disponía a «evitar el voto de los venezolanos» y ese domingo fueron asesinadas 15 personas, además de registrarse el fallecimiento de otras dos el 1° de agosto, quienes resultaron heridas durante esa jornada.

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La oposición va a elecciones

Dos días después de celebrarse los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, aseguró que su partido sí participaría en unas elecciones regionales, que en principio estaban pautadas para diciembre, pero que la propia ANC adelantó para octubre de 2017.

Esto «cayó como un bloque» en la opinión de la mayoría de los ciudadanos que se movilizaron activamente entre abril y agosto, quienes creyeron en el llamado -sin condiciones- de la oposición “calle sin retorno” hasta sacar a Maduro de la Presidencia y remover del poder a los dirigentes de la «revolución bolivariana».

Finalmente, la coalición política participó en los comicios con candidatos únicos para los 23 estados, de los cuales solo cuatro resultaron victoriosos el 15 de octubre. Al conocerse los resultados ofrecidos por el CNE sobre esa jornada, Gerardo Blyde, jefe de campaña de la MUD, expresó a los seguidores de la oposición lo que consideraron una sentencia  lapidaria: “Lo intentamos”.

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