Según la ONU 33 funcionarios están detenidos por violaciones de DDHH en protestas

Entre abril y julio de 2017, 124 personas murieron durante las protestas que se suscitaron contra el Gobierno nacional  en el país. Esta cifra es la que maneja el Ministerio Público y también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La institución internacional estimó necesario realizar un informe de 47 páginas para describir cómo en cuatro meses se violaron los derechos humanos de quienes decidieron alzar su voz contra las políticas del presidente Nicolás Maduro. Por esta respuesta del Estado, murieron 46 manifestantes directamente a manos de funcionarios policiales y otros 27 por civiles armados.

“Al 31 de julio de 2017 se había detenido a 33 agentes de seguridad“, indicó la ONU. El informe no detalla a cuáles casos corresponden esas detenciones, pero señala que se trata de los agentes que presuntamente mataron a 14 personas.

Muy pocas veces las autoridades gubernamentales han condenado los incidentes de uso de fuerza excesiva“, apunta la ONU. Detalla que el Ministro de la Defensa reconoció el 6 de junio de 2017 que había “incidentes aislados” y que el Ministro de Relaciones Interiores hizo lo propio el 19 de junio cuando a Fabián Urbina le dispararon dos hombres de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Pero, “las autoridades estatales han negado su responsabilidad en nueve de las 14 muertes por las que se ha ordenado la detención de agentes de seguridad, incluidas las muertes de Juan Pablo Pernalete y Armando Cañizales”.


Uso excesivo de la fuerza

Entre las principales conclusiones a las que llegó la ONU después de hacer una investigación en el país es que las fuerzas de seguridad utilizaron sistemáticamente la fuerza para dispersar manifestaciones lo cual infundió temor y disuadió las protestas.

“La información reunida por el Acnudh reveló que las fuerzas de seguridad infringieron los estándares nacionales e internacionales al utilizar la fuerza de manera no progresiva y en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad“, explicó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Entre los factores que agravaron la violación de derechos humanos en el país fue la aplicación del Plan Zamora. El presidente Nicolás Maduro anunció su acivación el 18 de abril y luego se implementó una segunda fase el 17 de mayo.

“El análisis del Acnudh , basado en los tipos de lesiones sufridas por los manifestantes, revela cómo el uso de la fuerza aumentó progresivamente en paralelo con la aplicación del Plan Zamora”, apunta el documento y agrega que en los estados donde la cantidad de protestas fue mayor hubo mayor represión y muertes.

No conforme con usar gases lacrimógenos, perdigones y tanquetas con sistema para lanzar chorros de agua a los manifestantes, la ONU destacó que se usaron estos implementos de control de orden público en universidades, hospitales y centros comerciales donde los manifestantes buscaban refugio. Ese fue el caso que se registró el 17 de mayo, cuando miembros de la GNB presuntamente habrían disparado armas y lanzado lacrimógenas en dirección de la UPEL, en el estado de Aragua, donde hirieron a cinco estudiantes.

Muertes violentas

“Del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público registró 124 muertes en relación con las manifestaciones. Las organizaciones de la sociedad civil registraron 157 muertes durante el mismo período”, expuso la ONU en su informe redactado por la Acnudh.

Al revisar los crímenes se determinó que la mayoría de víctimas eran hombres jóvenes, de 27 años en promedio; pero que también había 15 niños y adolescentes muertos y 7 mujeres. “En general, las víctimas eran estudiantes o personas que acababan de terminar sus estudios“, especificó y agregó que según el Gobierno nueve  miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de las manifestaciones.

Para Acnudh  fue difícil encontrar información detallada en el caso de 51 muertes registradas en manifestaciones, específicamente para determinar la identidad de las personas responsables.

“Si bien esas muertes ocurrieron en el contexto de las manifestaciones, sus causas estaban relacionadas con hechos, tales como accidentes automovilísticos causados por la presencia de barricadas, saqueos, linchamientos y otros incidentes”.

Uso de las armas 

Tras el análisis de las 124 muertes, la Acnudh llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad no solo emplearon las armas permitidas por la legislación venezolana, sino también sus propias armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes.

Estudió específicamente los casos de Juan Pernalete, de 20 años, quien participaba en una manifestación en Caracas. “Tras quince minutos de la manifestación, la GNB, única fuerza de seguridad presente, comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes. Según un familiar, que tuvo acceso al expediente, la GNB estaba aproximadamente a 25 metros de distancia cuando la víctima recibió el impacto”, aseguró el informe.

También el de Antonio Canelón, de 32 años de edad, a quien la GNB le disparó dos veces: “Según el médico que lo operó, se encontró un cartucho de bala de plástico en el abdomen y varios perdigones de plástico en el tórax. El médico estimó que el primer disparo se hizo a quemarropa, probablemente a menos de dos metros, y que el segundo disparo impactó a la víctima cuando ya estaba en el suelo. Los guardias nacionales detuvieron a Antonio después de recibir el disparo y lo llevaron al hospital dos horas más tarde”.

Otro de los casos en los que deparó la ONU fueron:

– Armando Cañizales (18 años): murió el 3 de mayo cuando participaba en una manifestación en Las Mercedes, Caracas. Varios testigos declararon a Acnudh que la GNB era la única fuerza de seguridad presente y que él recibió el impacto de una esfera metálica de 7mm en el cuello y murió. También señalaron que las pruebas reunidas mostraban que el proyectil solo podía haberse disparado desde la posición de la GNB.

–  David Vallenilla (22 años): murió el 22 de junio cuando protestaba cerca de la base aérea La Carlota en Caracas.  En un video se le ve acercándose a la reja del
perímetro del recinto militar para lanzar un objeto (probablemente una piedra) mientras unos militares se aproximan desde el otro lado de la reja y le disparan. Un tribunal penal de Caracas emitió una orden de arresto contra el sargento, que en el momento de redactarse el informe no se había cumplido.

–  Fabián Urbina (17 años): murió el 19 de junio cuando protestaba contra la Asamblea Constituyente en Caracas.  En un video se ve en un puente a un grupo de manifestantes que persiguen a unos miembros de la GNB y a uno de ellos que comienza a disparar su arma de servicio hacia la multitud. Fabián Urbina recibió un impacto en el pecho y otras cinco personas resultaron heridas.


Violaciones del derecho a la integridad física durante las protestas

Tenía el casco puesto, por ello el cartucho no lo mató“, dijo un médico voluntario del estado Lara a los investigadores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, quienes encontraron un caso de un manifestante que fue lesionado con un perdigón en el ojo y que sufrió además pérdida motriz por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.

Esta entrevista y otras permitió determinar a la organización internacional los tipos de heridas que sufrieron los manifestantes en Venezuela con mayor frecuencia: impactos por metras, perdigones; fracturas y desfiguración de rostro y golpes propinados por la policía.

“El Acnudh recibió información de que los heridos tenían miedo de solicitar retención en los hospitales públicos por temor a ser detenidos por las fuerzas de seguridad, que al parecer buscaban a los manifestantes que recurrían a esos establecimientos de salud”, detalló el informe redactado.

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