La batalla de Linda Loaiza López por justicia aún persiste. Su caso quedará registrado como el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela, en ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde relatará su historia el próximo 6 de febrero, en San José de Costa Rica.
El 27 de marzo de 2001, cuando tenía 18 años de edad, Loaiza fue secuestrada y durante su cautiverio resultó abusada sexualmente, torturada y amenazada de muerte. Sus familiares, intentaron denunciar los hechos ante las autoridades venezolanas sin obtener una oportuna y efectiva ayuda. Luego de más de tres meses, la joven logró escapar.
El maltrato al que fue sometida fue de tal intensidad que debió ser operada alrededor de 15 veces y estuvo hospitalizada durante un año, para la reconstrucción de su rostro.
Su denuncia, también incluye la revictimización y discriminación que privó durante la investigación llevada a cabo por las autoridades venezolanas y en un proceso judicial plagado de irregularidades y estereotipos de género.
Durante el primer juicio llevado a cabo, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue absuelto de todos los delitos por los cuales era acusado. Solo cinco años después de los acontecimientos, Loaiza obtuvo una sentencia condenatoria, pero que solo reconoció a Carrera como culpable de los delitos de Lesiones Personales Gravísimas y Privación Ilegítima de Libertad, dejando por fuera los delitos de violación sexual y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En marzo de 2015, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Loaiza lamentó haber tenido que apelar a instancias internacionales luego de agotar todos los recursos en el país y no recibir respuestas satisfactorias. Al volver a Venezuela, dijo que esperaba que su caso fuera enviado a la Corte Interamericana, lo que ocurrió en noviembre de 2016.
“Este paso no es solo importante para mí, es importante para las mujeres venezolanas y latinoamericanas. Yo quiero ser reconocida en la sociedad por las batallas y luchas que he dado a favor de las mujeres y no por los hechos atroces de los cuales fui víctima. Quiero sentar jurisprudencia en casos de violencia de género y garantizar que no haya repetición”, manifestó entonces.
Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas), una de las organizaciones que representa a Loaiza, expuso que este caso es un ejemplo de impunidad que impera en las denuncias presentadas por miles de mujeres venezolanas, víctimas de la violencia sexual y de género. De acuerdo con el Informe Anual del Ministerio Publico del 2014, de las 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, apenas 0.7% han llegado a juicio.
Añadieron que la decisión que tome la Corte IDH puede marcar un hito en materia de violencia contra las mujeres y la discriminación a la que con frecuencia se enfrentan al acceder a la justicia. También podría impulsar cambios estructurales en las leyes, políticas públicas y administración de justicia en cuanto a la prevención y sanción de violencia contra la mujer en el país.
Con información de nota de prensa de Cofavic.
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La batalla de Linda Loaiza López por justicia aún persiste. Su caso quedará registrado como el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela, en ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde relatará su historia el próximo 6 de febrero, en San José de Costa Rica.
El 27 de marzo de 2001, cuando tenía 18 años de edad, Loaiza fue secuestrada y durante su cautiverio resultó abusada sexualmente, torturada y amenazada de muerte. Sus familiares, intentaron denunciar los hechos ante las autoridades venezolanas sin obtener una oportuna y efectiva ayuda. Luego de más de tres meses, la joven logró escapar.
El maltrato al que fue sometida fue de tal intensidad que debió ser operada alrededor de 15 veces y estuvo hospitalizada durante un año, para la reconstrucción de su rostro.
Su denuncia, también incluye la revictimización y discriminación que privó durante la investigación llevada a cabo por las autoridades venezolanas y en un proceso judicial plagado de irregularidades y estereotipos de género.
Durante el primer juicio llevado a cabo, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue absuelto de todos los delitos por los cuales era acusado. Solo cinco años después de los acontecimientos, Loaiza obtuvo una sentencia condenatoria, pero que solo reconoció a Carrera como culpable de los delitos de Lesiones Personales Gravísimas y Privación Ilegítima de Libertad, dejando por fuera los delitos de violación sexual y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En marzo de 2015, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Loaiza lamentó haber tenido que apelar a instancias internacionales luego de agotar todos los recursos en el país y no recibir respuestas satisfactorias. Al volver a Venezuela, dijo que esperaba que su caso fuera enviado a la Corte Interamericana, lo que ocurrió en noviembre de 2016.
“Este paso no es solo importante para mí, es importante para las mujeres venezolanas y latinoamericanas. Yo quiero ser reconocida en la sociedad por las batallas y luchas que he dado a favor de las mujeres y no por los hechos atroces de los cuales fui víctima. Quiero sentar jurisprudencia en casos de violencia de género y garantizar que no haya repetición”, manifestó entonces.
Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas), una de las organizaciones que representa a Loaiza, expuso que este caso es un ejemplo de impunidad que impera en las denuncias presentadas por miles de mujeres venezolanas, víctimas de la violencia sexual y de género. De acuerdo con el Informe Anual del Ministerio Publico del 2014, de las 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, apenas 0.7% han llegado a juicio.
Añadieron que la decisión que tome la Corte IDH puede marcar un hito en materia de violencia contra las mujeres y la discriminación a la que con frecuencia se enfrentan al acceder a la justicia. También podría impulsar cambios estructurales en las leyes, políticas públicas y administración de justicia en cuanto a la prevención y sanción de violencia contra la mujer en el país.
Con información de nota de prensa de Cofavic.