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Zozobra y terror. El temor a nuevos allanamientos está latente entre los habitantes de la Torre Viasa, a una semana después del operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que resultó en al menos ocho muertes. Los residentes viven con miedo y se sienten desprotegidos. Hasta este lunes, 19 de noviembre, no ha habido pronunciamiento oficial.

«Los que nos quedamos aún aquí nos arriesgamos a que nos maten. Tenemos miedo. Muchos ya no duermen en la torre por temor a otro operativo», aseguró un familiar de una de las víctimas del operativo del 12 de noviembre.

Por miedo, la persona prefirió no identificarse, porque aseguró que han recibido amenazas por denunciar los sucedido. Aseguró que patrullas de la policía rondan continuamente los alrededores del edificio y funcionarios se esconden en las cercanías. Se sienten perseguidos.

«Nos han dicho que ‘falta gente por matar’, que ‘vendrán por los demás’. Tememos que vuelva a suceder de nuevo. Sabemos que la policía anotará nuestros nombres para luego arremeter contra nosotros», manifestó.

Vecinos y familias exigen justicia. Hasta este lunes el Ministerio Público no había informado sobre la asignación de un fiscal para la investigación del caso. Familiares de las víctimas aseguran que la Defensoría del Pueblo tampoco los ha respaldado.

Cansados de la situación, los vecinos se reunieron el domingo pasado para organizarse y tomar acciones. Informaron que irán a la Fiscalía General de la República este martes, 20 de noviembre, para denunciar la masacre, de nuevo, porque en las pasadas oportunidades no les han dado respuesta.

«Dijeron que con nueve personas no se hace nada. Seguiremos yendo para que nos den una respuesta». Agregó que tampoco otras organizaciones se han ofrecido a ayudarlos. «Estamos completamente solos«.

Aseguró además que tiene miedo de que nuevamente los roben. «Ese día (12 de noviembre) nos quitaron todo: dinero, comida, ropa y equipos electrónicos. Hay muchos niños pequeños que se quedaron sin sus estrenos por eso».

El pasado lunes, 12 de noviembre, un operativo de las Faes, culminó con horas de terror, destrozos, robos y muertes en la Torre Viasa.

Según alegaron fuentes policiales, el operativo accionó en la búsqueda de un par de pistoleros que habían disparado y asaltado al oficial de la PNB, José Antonio Canales Alemán, en la avenida Bolívar horas antes.

Sin tiempo para el luto

Desde temprano los hondos sártenes están llenos de aceite y dispuestos para la jornada. El fuego está alto; las brasas rozan al pasar. Mientras, los atareados vendedores, pelan y pican los plátanos verdes. La muerte que llegó sin avisar a la torre platanera, no detuvo su comercio.

«Aquí somos todos trabajadores. Aquí no están los delincuentes que la policía busca», expresó, mientras se disponía a empaquetar los tostones listos, labor que hace desde al menos dos años.

Es familiar de Asley Flores, uno de los fallecidos en el operativo. Flores murió de un impacto de bala en el área del tórax, según el informe de autopsia. «Quisieron ponerlo como el cabecilla de una banda, que no era», dijo.

A Asley se lo llevaron mientras pelaba plátanos. Fue la última vez que lo vieron con vida. Tenía antecedentes penales por robo, pero ya había pagado su condena. «Si hay alguien aquí con delitos, llévenselo, pero no los maten. Y si ya pagaron su condena, déjenlos vivir», expresó.

Sin embargo, no ha tenido tiempo para el luto. Debe continuar con el negocio del cual vive. Y del que se mantiene prácticamente todos los vecinos; porque existen alrededor de 15 cooperativas de tostones en el edificio, que funcionan desde hace aproximadamente tres años. Por las escaleras hombres trasladan enormes cajas amarillas llenas de tostones. La escena se repite en la planta baja.

Un tímido bombillo alumbra el negro pasillo que conduce de las escaleras al área de trabajo. Hace calor y las altas brasas incrementan el sofoco.

Piden atención

Los habitantes de la Torre Viasa desean continuar con el negocio de tostones. Sin embargo, quieren que los reubiquen para trabajar formalmente. Además, esperan viviendas en buenas condiciones.

«Nos quieren echar para que vengan otros, entonces cuál es el sentido. El Gobierno ha dicho que nos va a reubicar pero no lo hacen. Pero, cómo se puede solucionar todo este problema, si los funcionarios dan ordenes de que nos maten», dijo.

Aseguran que no quieren abandonar el negocio del que viven. Esta torre está invadida desde 2006, y ahora ahora se contabilizan alrededor de 200 familias viviendo en ella.

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Fotos: Cristofer García