Un brote infeccioso enlutó a niños, padres y doctores del servicio de Nefrología del hospital J. M. de los Ríos en el año 2017. Cuatro muertes por bacterias adquiridas en la unidad de diálisis estremecieron al centro pediátrico entre mayo y junio del año pasado. Tras meses a la espera de justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) se pronunció sobre los hechos y solicitó al Gobierno a investigar las causas de los decesos.

El pasado jueves 22 de febrero fue notificado el otorgamiento de la medida cautelar por parte del organismo que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, la medida fue solicitada por Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y Prepara Familia el 22 de diciembre del año pasado.

Mediante la medida, la Cidh solicita al Estado venezolano garantizar el derecho a la salud de cinco niños de Nefrología que se encuentran en condición crítica: Carlisbeth Falcón, Andrés Fernández, Deivis Román, Daikeiner Da Costa y Winder Arellano. Este grupo de pacientes requiere medicamentos inmunosupresores y piden que se reactive el programa de trasplantes para poder llevar una vida normal y no tener que depender de las diálisis.

No obstante, la medida de protección es extensiva al resto de los niños que son atendidos en el servicio: 22 que deben dializarse tres veces a la semana y 60 que asisten a la consulta cada día.

En el documento, la Cidh solicita al Gobierno investigar las causas del brote que afectó al servicio entre febrero y agosto del año pasado para evitar que una situación similar se produzca otra vez. El Instituto de Higiene Rafael Rangel tomó muestras de los tanques de agua en mayo de 2017; sin embargo, hasta la fecha no se ha informado sobre los resultados de la evaluación.

El organismo internacional también solicita al Estado venezolano proporcionar el tratamiento médico a los pacientes y cumplir con los procesos de diálisis y trasplante; garantizar la seguridad y la salubridad del servicio mediante la limpieza de la planta de ósmosis y los tanques de agua del hospital; e involucrar a los familiares en las decisiones que tome el Ministerio de Salud.

“Nosotros llevamos hoy el documento al Ministerio de Salud, que tiene 10 días para informar qué está haciendo para implementar estas medidas de protección”, indicó Carlos Trapani, coordinador de Cecodap.

Sin Estado y sin justicia

La contaminación en Nefrología desató un brote infeccioso en el piso 4 del hospital. Klebsiella, estafilococo y pseudomona fueron algunas de las bacterias que contrajeron los pequeños en la unidad de hemodiálisis.

Sin embargo, esta no es la única irregularidad que denuncia Prepara Familia, fundación abocada a ayudar a los pacientes y a sus familiares, sino también la falta de insumos y servicios básicos en el principal centro pediátrico del país.

“Diez niños fallecieron el año pasado en el servicio de Nefrología; no se cumple el tratamiento de la planta; de 15 máquinas en la hemodiálisis, solo funcionan seis; el programa de trasplante está suspendido; estuvimos cuatro semanas sin quirófanos este 2018; y hay una carencia de nefrólogos pediatras y de enfermeras especializadas”, enumeró Katherine Martínez, directora de Prepara Familia.

No obstante, Martínez advirtió que la crisis hospitalaria no solo afecta al piso 4, sino a todo el hospital, y dijo que ambas organizaciones bregarán para que la medida se haga extensiva al resto de los servicios.

La primera víctima del brote fue Raziel Jaure (10 años) y murió el 3 de mayo; luego le siguieron Samuel Becerra (12), quien falleció el 11 de mayo; Dilfred Jiménez (16) el 22 de mayo; y Daniel Laya (2) el 25 de junio. Posteriormente, murieron otros niños que también se contaminaron.

Un año antes del brote, en febrero de 2016, Cecodap introdujo un amparo ante el TSJ para exigir la procura de una adecuada dotación medicamentos e insumos al hospital de niños. En cuatro ocasiones, la acción legal fue frustrada por jueces distintos. Todos alegaron que el centro recibía el suministro necesario y que los derechos de los niños no se vulneraron.

Un segundo precedente

“¡Por fin se está haciendo justicia!”, expresó Judith Bront luego de que ambas ONG dieran a conocer la medida de la Cidh. El mismo sentimiento embargó a los padres del resto de los niños del servicio.

Esta es la segunda vez que la Cidh otorga una medida cautelar a un paciente ante la falta del tratamiento suministrado por el Estado. El primer precedente lo marcó el caso de Johonnys Hernández, un hemofílico del estado Bolívar con 40 años de edad y que necesita factor VIII para tratar su condición. Pese a la escasez del tratamiento, ONG aseguran que a Hernández se le ha garantizado el suministro.

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