TSJ trunca elección de un nuevo CNE y amenaza a diputados, señalan abogados

POLÍTICA · 27 MAYO, 2020 18:25

TSJ trunca elección de un nuevo CNE y amenaza a diputados, señalan abogados

Texto por Ibis Leon | @ibisL

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La sentencia N° 65 de la Sala Constitucional del máximo tribunal frustra la posibilidad de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por consenso y amenaza con cárcel a los diputados electos, en opinión de abogados consultados.

Al imponer como válida la cuestionada directiva de Luis Parra, el Tribunal Supremo de Justicia aleja la posibilidad de que prosperen los esfuerzos del comité de postulaciones electorales, integrado mayoritariamente por diputados que desconocen a Parra y respaldan al líder opositor Juan Guaidó.

“Eliminando a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional se pierde la esperanza de que se dé algún tipo de acuerdo para nombrar a un CNE imparcial e independiente y se abre la puerta a que sea elegido por el TSJ, puesto que Parra no tiene los votos ni siquiera para hacer quórum”, declara el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

El especialista en derecho administrativo y derechos humanos opina que la sentencia da pie a que el TSJ declare omisión legislativa e imponga nuevamente las autoridades electorales como ha hecho en el pasado porque agrava la crisis política que obstaculiza el funcionamiento del Parlamento.

Esto tendría un efecto negativo sobre la convocatoria de elecciones. “Abre las puertas a unos comicios tan ilegítimos como los del 20 de mayo”, sentencia.

El nombramiento de Luis Parra y sus colaboradores es irregular, porque no existe un acta que confirme si había quórum, así como el número de votos requeridos para hacer estas designaciones.

El Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional establece en su artículo 8 que “la votación se hará para cada cargo, quedando elegido o elegida el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos”. Este procedimiento se incumplió en la sesión del pasado 5 de enero.

La directiva impuesta cambió la versión sobre el paradero del acta probatoria, primero dijo que el diputado chavista Héctor Agüero la tenía y luego que había sido robada por el opositor Stalin González. Parra dio un tercer argumento: “la votación evidente no deja en ningún registro de acta los nombres que votaron”.

Aunque el mismo TSJ dio cinco días a la directiva paralela para que presentara la “copia certificada del acta” como medio de prueba, en la nueva sentencia señala que esta información “fue sustraída” y no la considera relevante.

Daniels cree que “el desmantelamiento institucional está servido para que haya un único poder en Venezuela que es el Ejecutivo”. “En el panorama institucional venezolano solo quedaban dos luces de libertad muy pequeñas: la Asamblea Nacional y las universidades autónomas y el TSJ está tratando de acabar con ambas”, expone.

Amenaza de cárcel

La sentencia declara que los diputados que participen en las sesiones que se realicen sin la aprobación de Parra incurrirán en desacato.  Esto es interpretado como una amenaza de cárcel por los profesionales del derecho.

“No solo se amenaza a Guaidó sino a todos los que participen en esas asambleas virtuales, la sentencia también permite perseguir a quienes presten los locales o espacios para que se lleven a cabo estas sesiones”, cuestiona Daniels.

El director de Acceso a la Justicia advierte que el máximo tribunal ha usado la figura de “flagrancia” para ordenar detenciones sin que se cumpla el  antejuicio de mérito que establece la Constitución: “Todo termina en mecanismos represivos y denegación de las libertades democráticas”.

Para el abogado constitucionalista Gustavo Manzó la sentencia “es una especie de advertencia de quien detenta el poder” contra los diputados electos, quienes, a su juicio, corren riesgo de ser detenidos arbitrariamente.

El profesor universitario coincide en que la decisión abona el camino para que los magistrados declaren omisión legislativa porque dificulta el consenso en el Parlamento facultado por la Constitución para escoger a los nuevos rectores.

“Esto es una sentencia que tienen carácter inconstitucional porque no se fundamenta en elementos probatorios. Es una expresión del constitucionalismo abusivo”, rechazó.

Manzó señala que la sentencia lo que hace es agravar el estado no democrático que vive Venezuela. “En Venezuela no tenemos democracia porque no se respeta la supremacía constitucional, la Constitución  está subordinada a la voluntad del detentador del poder; los derechos humanos no se respetan; y no hay separación de los Poderes Públicos”, concluye.

Foto: Minci.