Transcurrido el proceso electoral del 21 de noviembre, el chavismo parece haber olvidado que como parte de las garantías electorales otorgadas para que la oposición inscribiera sus candidaturas, estaba el respeto a los resultados de las votaciones.
Tal como ocurriera en 2014 y 2017, se señala a la administración de Nicolás Maduro de pasarle por encima a la voluntad popular a través de los órganos de justicia y de seguridad. Dirigentes políticos y autoridades electas denuncian persecución, hostigamiento y que se pretende restar autoridad y hasta quitar sus cargos a quienes llegaron a ellos por la vía del voto.
A esto se le suma el despojo de competencias a la gobernación del Zulia que ahora estará dirigida por Manuel Rosales, al quitarle el control sobre los peajes, el puente sobre el lago de Maracaibo General Rafael Urdaneta y el aeropuerto internacional de la Chinita. La Gaceta Oficial 42.261 con fecha 23 de noviembre, concreta «la transferencia inmediata» al Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Transporte.
La amenaza
El 26 de noviembre, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre y uno de los altos jerarcas del chavismo, confirmó amenazas contra los nuevos alcaldes de oposición, a quienes señaló de dañar bienes públicos e intervenir emisoras comunitarias. No dudó en recordar, a modo de advertencia, lo ocurrido en el pasado durante las «guarimbas» de 2014 y las manifestaciones masivas de 2017, cuando autoridades municipales de oposición fueron destituidas y encarceladas.
«He observado por ahí que algunos de esta gente de la oposición que ganaron en algunos municipios andan como locos quemando cosas (…) Espero que se levante toda la información y los organismos del Estado asuman lo que tengan que asumir. Que ganó un alcalde y llegó quemando… bueno, ese tiene que ir preso. Fueron y atacaron emisoras comunitarias. ¿Por qué atacan emisoras comunitarias?”, dijo.
Las señales
El 25 de noviembre, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron en la sede de la Alcaldía del municipio, Juan Germán Roscio, donde la nueva alcaldesa electa, Sulme Ávila, quien fue candidata de la llamada Alianza Democrática, prestaba juramento ante una jueza.
Activistas de Cambiemos denunciaron que los uniformados, sin ofrecer explicaciones, intentaron detener a la nueva mandataria municipal y, según periodistas locales, se llevaron apresada a una de sus asistentes pero luego fue liberada. También se dijo que los efectivos fueron sancionados por la acción.
Ante la negativa del nuevo Concejo Municipal de juramentarla en el cargo, tras alegar que sería constituido el 1 de diciembre, Ávila recurrió a la jueza Esthela Ortega para juramentarse en el cargo. El 30 de noviembre, versiones extraoficiales indicaron que Ortega fue detenida, señalada de usurpación de funciones.
El Alcalde del municipio Arzobispo Chacón (Canaguá), Omar Fernández, no solo fue amenazado sino detenido la madrugada del 26 de noviembre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), junto a cuatro miembros de su equipo, durante diez horas. Quien venció al chavismo en las megaelecciones del 21 de noviembre, postulado por la MUD, fue liberado el mismo día, sin que se le formularan cargos.
MUD denuncia detención de alcalde electo en Mérida
Fue señalado por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab de «asaltar» una emisora comunitaria en el municipio. Pero habitantes de Canaguá dijeron a periodistas de la región que la detención de Fernández se debió a que evitó que la autoridad saliente de la alcaldía se llevara medicinas e insumos.
Llamado de Picón
El pasado viernes 26 de noviembre, a solicitud del Ministerio Público, fue emitida una orden de captura contra el concejal electo del municipio El Hatillo del estado Miranda por la MUD, Alejandro Moncada, por “violencia psicológica, acoso u hostigamiento y promoción o incitación al odio”, contra las mujeres.
Lo que se critica en este caso es la celeridad con la que actuó el fiscal Saab, quien nada dijo sobre un chiste catalogado como misógino del alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, a través de un video colgado en la red social Tik Tok.
«Hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad del estado, a los actores políticos y al poder judicial para que se respete el resultado de las elecciones, se actúe según el debido proceso y se respete la autoridad de los candidatos electos», pidió el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, el 26 de noviembre, a propósito de los incidentes que involucraron a las autoridades electas.
En los comicios del 21 de noviembre, el antichavismo que comprenden la MUD, Alianza Democrática e independientes, lograron tres gobernaciones, 130 alcaldías con las respectivas mayorías en Concejos Municipales y puestos en Consejos Legislativos.
Antecedentes
ONG, juristas y expertos han señalado que desde el 2015 el poder político en Miraflores profundizó el deterioro institucional del país, al desconocer las competencias de la Asamblea Nacional con mayoría opositora, elegida por los venezolanos en las parlamentarias de diciembre de ese año. También el TSJ dejó sin efecto la proclamación de cuatro diputados de Amazonas, por lo que la voluntad popular también fue pasada por alto.
En febrero de 2015, previo despojo de sus competencias fue detenido el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, señalado de participar en un supuesto plan para derrocar a Nicolás Maduro. Al exalcalde de Caracas el chavismo nunca le perdonó haber conquistado la Alcaldía Metropolitana de Caracas, creada a raíz del proceso constituyente de 1999. En noviembre de 2017 se fue al exilio, tras escapar del arresto domiciliario.
El 2 de septiembre de 2016, el alcalde de Mario Briceño Iragorry, Aragua, Delson Guárate fue detenido, señalado «por delitos de contravención de planes de ordenación del territorio y disposición indebida de residuos o desechos sólidos peligrosos, previstos en la Ley Penal del Ambiente». En diciembre de 2017, mientras se encontraba en libertad condicional, se fue al exilio.
TSJ vs alcaldes de oposición
Pero la «cruzada» ya había iniciado antes, en 2014, cuando alcaldes de oposición en ejercicio, fueron detenidos y condenados a prisión por no reprimir las protestas ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro tildadas de «guarimbas».
Fueron los casos de los mandatarios locales de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel Ceballos condenado a 12 meses de cárcel y de San Diego, estado Carabobo, Enzo Scarano, quien recibió sentencia de 10 y 15 días de prisión, por lo que ambas localidades se quedaron sin sus mandatarios elegidos por voto popular en 2013.
El para entonces alcalde de El Hatillo, David Smolansky y la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, también recibieron amenazas que no se concretaron.
La arremetida continuó con fuerza en 2017, contra otros alcaldes de oposición en ejercicio. La causa fue la misma, no contener las masivas protestas. En apenas dos semanas de agosto de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destituyó a varios mandatarios locales que llegaron con los votos del antichavismo.
Para entonces, los afectados fueron los alcaldes Ramón Muchacho de Chacao, Alfredo Ramos de Iribarren (Barquisimeto), Carlos García de la ciudad de Mérida, Gustavo Marcano de Diego Bautista Urbaneja (Lechería) y Smolansky, quien para esa oportunidad no logró escapar del brazo del TSJ. Todos fueron condenados a 15 meses de prisión. Muchacho, Marcano, García y Smolansky se fueron al exilio, mientras que Ramos fue a la cárcel.
En un informe, la ONG Transparencia Venezuela, identificó otros casos de alcaldes sancionados: Pedro Loreto, alcalde del municipio Leonardo Infante del estado Guárico, también fue arrestado, pero solo por 72 horas.
También fue destituido con orden de aprehensión el alcalde del municipio Maturín, estado Monagas, Warner Jiménez, Omar Láres de Campo Elías, Mérida, mientras que Lumay Barreto de la alcaldía de Páez en Apure fue destituida y el alcalde de Jáuregui, Táchira, Alirio Guerrero inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Igualmente estuvieron bajo amenazas por haber sido denunciados ante el Ministerio Público los alcaldes José Luís Machin (Barinas, Barinas); Ronald Aguilar (Antonio José de Sucre, Barinas; Ramón Rodríguez (Bejuma, Carabobo); Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua, Carabobo) y Yovanny Salazar (Chaguaramos, Guárico)