Solórzano: Pedimos la designación de un cuerpo internacional para transparencia en el caso Acosta Arévalo

POLÍTICA · 1 JULIO, 2019 18:09

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Cristofer García | @cristofueg


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La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional (AN), informó este lunes, 1 de julio, que el parlamento solicita la designación de un cuerpo internacional para la investigación del asesinato bajo presunta tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

«Estamos solicitando por escrito la designación de un cuerpo internacional que apoyen en la transparencia de estos procesos (de investigación)», expresó Solórzano, durante una rueda de prensa.

La parlamentaria hizo énfasis en la aplicación del Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota. El primero, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece un conjunto de normas para la investigación de delitos de tortura y tratos inhumanos, para tanto el caso de Acosta Arévalo y los otros seis detenidos por este cuerpo de seguridad.

Mientras que el Protocolo de Minnesota ofrece los mecanismo para investigar los asesinatos a manos del Estado, para realizar una autopsia independiente al cuerpo de Acosta Arévalo. También desestimó las investigaciones anunciadas por el Ministerio Público, al acusarlas de faltas de imparcialidad.

«En primer término hemos requerido la relación de una investigación independiente e imparcial, pero no nos referimos a las autoridades de Venezuela (…) Ninguna investigación que lleve acabo el señor Tarek William Saab (fiscal designado por la ANC) puede decirse independiente, porque es un militante del partido de gobierno».

Acosta Arévalo fue detenido el pasado 21 de junio, tras ser señalado por la administración de Maduro de estar vinculado a un presunto golpe de Estado que buscaba asesinar al gobernante, a Cilia Flores y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, además de presuntamente ser el “especialista en explosivos” para ese plan.

Aseguró que Venezuela hay 700 presos políticos, por lo cuales el parlamento exige la aplicación del Protocolo de Estambul para que se les permita el ingreso a los diputados a los centros de detención.

«Todo esto pone de manifiesto la existencia en el país de un patrón de violación a los derechos humanos», dijo.

Solórzano también criticó la detención de dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a quienes responsabilizan del asesinato de Acosta Arévalo. La parlamentaria aseguró que se trata de más implicados: quienes dan las órdenes, quienes torturan, quienes trasladan y el juez que no abre una investigación.

«¿Quién dio la orden? Esto no es un delito de homicidio agravado, hay delitos de tortura, no son sólo estos todos funcionarios. Son responsables los jueces que guardaron silencio, los que practicaron las torturas y ocasionaron la muerte, los que los trasladaron», expresó.

«Es hora de que actúen»

Durante sus declaraciones, la diputada instó a los funcionario de la la oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que se encuentran en Venezuela, para que tomen acciones frente al caso de Acosta Arévalo.

«Deben cumplir una función. Sabemos que han estado trabajando en este caso (Acosta Arévalo) pero no es suficiente (…) Están aquí, es hora de que actúen, tienen facultades para eso», dijo.

Solórzano también criticó el comunicado emitido por  al contrariar al texto que felicita a la Fiscalía por investigar el caso.

«En el documento se felicita y saluda las investigaciones del Ministerio Público. Señora Bachelet nosotros no lo felicitamos ni saludamos, porque no cumplen con los requisitos de imparcialidad».

Solózarno también reiteró la exigencia del parlamento para que se tramiten las evidencias de violaciones a los derechos humanos, que aseguran tener, a la Corte Penal Internacional.

La parlamentaria, además, ratificó el llamado del presidente (e) Juan Guaidó a protestar en la sede de la Dgcim el próximo 5 de julio, cuando se emita el informe de la Alta Comisionada de la ONU.

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Foto: Iván Reyes.