La Asamblea Nacional (AN) de 2020, aprobó el informe de la comisión especial que investiga supuestos hechos de corrupción durante la gestión del Parlamento de mayoría opositora para el período 2016-2020. La plenaria enviará comunicaciones a la Fiscalía y Contraloría General para que tomen medidas penales y administrativas para castigar a los presuntos responsables, encabezados por Juan Guaidó.
El presidente de la comisión especial que investiga a la oposición, José Brito (disidente de Primero Justicia), presentó un resumen de la investigación. Advirtió que no es un documento final por cuanto, aseguró, «hay delitos que siguen perpetrándose» y deben ser documentados y sancionados.
«Quiebra» de Monómeros
Brito, quien fue involucrado en una trama de corrupción para favorecer al empresario colombiano, Alex Saab, señaló directamente al gobernador del Zulia, Manuel Rosales; al secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup; al dirigente de Primero Justicia (PJ), Julio Borges y al líder de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, de supuestamente incurrir en hechos ilícitos que afectaron el patrimonio público.
«Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, participó en las elecciones del 21 de noviembre, ganó y sigue actuando delictivamente en contra de la República, aparte de estar involucrado en la quiebra inducida de Monómeros», dijo Brito durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo este jueves 3 de marzo.
Alertó que Venezuela ya «perdió» la empresa con sede en Colombia y que está en manos de un «gobierno tramposo», en alusión a la administración de Iván Duque. Al mandatario colombiano también lo culpó de «silenciar» la corrupción en el activo venezolano, el segundo más importante después de Citgo, para quedarse con él en «complicidad con el G4»; es decir, AD, VP, UNT y PJ.
Al G4 también acusó de apropiarse de recursos venezolanos a través de la plataforma Airtm, distribuidos en listas de activistas de cada partido que alcanza, según aseguró, a 1.600 personas.
Pérdidas y más de 400 involucrados
Destacó que el informe de 12.592 folios recoge la supuesta participación concreta en hechos de corrupción de 442 actores involucrados, de los cuales son 203 exdiputados principales y suplentes, 239 personas designadas por Guaidó como embajadores ante la comunidad internacional, juntas ad hoc de empresas del Estado en el exterior, el «simulado» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio y «órganos del Estado usurpado».
Subrayó que las pérdidas en recursos necesarios para solucionar los problemas del país ascienden a 194 mil millones de dólares. Pidió a la plenaria evaluar, a partir del informe, la declaratoria de responsabilidad política de la dirigencia opositora encabezada por el presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó.
«No ha existido un país en el mundo cuyo asedio se haya hecho con el concurso de actores internos que se hacen llamar mayoría opositora. No me siento representado por ellos», aclaró ante la mayoría de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Brito denunció además que este jueves 3 de marzo, la oposición en la Comisión Delegada Legislativa «expolió» 50 millones de dólares, depositados en el Citi Bank, destinados al Fondo de Liberación de Venezuela, con la anuencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tal señalamiento fue remarcado por el diputado de 2020, Bernabé Gutiérrez, quien instó al Parlamento a actuar contra quienes llamó «ladrones» y que siguen en libertad.
Como autoridad de AD, impuesta por el TSJ, se desmarcó de los hechos de corrupción que involucran a su excompañero Ramos Allup.
«Vamos todos a pedir con firmeza que los órganos abran esas cajas, investiguen para que Venezuela toda sepan quiénes son los corruptos, quiénes piden sanciones y se roban el dinero de los venezolanos», exclamó Gutiérrez desde la tribuna de oradores.
«Insólita impunidad»
Otros diputados del 6Dic como la segunda vicepresidenta de la AN de 277 diputados, Vanesa Montero y Hugbel Roa del Psuv, pidieron a la Fiscalía actuar para que los señalados vayan a la cárcel.
La primera vicepresidenta de la AN, Iris Varela, se quejó de la «insólita impunidad» con la que dice que actúa la oposición y advirtió que de no hacer algo, el Parlamento y otras instituciones se convierten en «cómplices». Exigió justicia y «que se ponga tras las rejas» a Guaidó. «¿Cuántas pruebas necesitan?», preguntó.
Llamó a evitar que el líder opositor sea impedido de ejercer algún otro cargo público en el país. «30 años de cárcel y una inhabilitación política de por vida» pidió contra Guaidó y el resto de los señalados en el informe presentado por Brito. Dijo no querer ver que en próximas elecciones dicha dirigencia opositora se presente como candidatos o candidatas.
Ley de Participación Estudiantil
La plenaria de la AN del 6Dic también aprobó en primera discusión la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. La diputada del chavismo, Eirimar Malavé, explicó que el proyecto legal de 15 artículos, dos capítulos y una disposición final, consagra el derecho a la participación y libre asociación de los estudiantes de educación media en su ámbito educativo.
La joven diputada de 2020 indicó que la propuesta de ley contempla “educación de calidad, contar con profesores, alimentación escolar y pasaje estudiantil”, entre otros. Recalcó que los estudiantes de educación media tienen derecho a conformar por ejemplo, Consejos Estudiantiles en sus centros de estudios.
«Estudiar y luchar es la consigna», exclamó.