Promesas sobre recuperación económica y más poder para el pueblo se reciclan con las parlamentarias - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 26 OCTUBRE, 2020 12:24

Promesas sobre recuperación económica y más poder para el pueblo se reciclan con las parlamentarias

Texto por Deisy Martínez │@deicamar

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Se acerca un nuevo proceso electoral con el que se pretende elegir a los diputados de la Asamblea Nacional (AN), pese a las denuncias nacionales e internacionales sobre falta de garantías democráticas.

 Sin que haya comenzado oficialmente la campaña, fijada por el Poder Electoral entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre, los candidatos del chavismo y el jefe del partido de gobierno, Nicolás Maduro, desempolvan viejas promesas aún sin cumplir, para captar el voto entre sus seguidores. También hacen otras ofertas sobre la base de la profundización de problemas como los de los servicios públicos.

Propuesta para el gas

 En medio de protestas diarias por fallas en los servicios públicos, Maduro asegura que cuando el chavismo recupere el Parlamento, los diputados de la “revolución” aprobarán un conjunto de 10 leyes prioritarias. Entre ellas una que permita mejorar el acceso de la población al gas.

 Solo el 14 de octubre el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), reportó un total de 11 estados del país con protestas simultáneas por fallas en servicios públicos y falta de gasolina. La no llegada de los productos alimenticios del CLAP y los bajos salarios también están entre los reclamos diarios.

Al hablar sobre el servicio de gas doméstico durante una alocución este 20 de octubre, Maduro insistió en que las irregularidades de distribución se deben a un supuesto sabotaje. Afirmó que desde finales de septiembre se produce lo suficiente para satisfacer la demanda nacional.

Retomar el Parlamento Comunal

El gobernante también hizo énfasis en una ley del Parlamento Comunal y otra sobre ciudades comunales que reforzarán la creación de más de 200 ciudades de este tipo en todo el país y harán honor a la frase de más poder para el pueblo, entonada desde los inicios de Hugo Chávez en Miraflores. 

 Estos “parlamentarios comunales” deberán trabajar coordinadamente con los legisladores que resulten electos el 6 de diciembre. Las figuras de los consejos comunales y las comunas, aunque no contempladas en la Constitución, cuentan con una ley cada una.

 Las comunas fueron concebidas, según la Ley Orgánica aprobada en 2010 por la AN con mayoría chavista, como espacios territoriales agrupados según sus características comunes (usos y costumbres, rasgos culturales), cuyos representantes o voceros, coordinarían con los gobiernos municipales y regionales (que elevarían las peticiones al gobierno central) la solución de los problemas en las comunidades. Las protestas evidencian que tales cometidos siguen sin cumplirse y que las comunas no derivaron en bienestar.

Aunado a ello, Venezuela es en 2020 el país más pobre de la región de América Latina, con 96 % de pobreza por ingresos, según la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi).

¿La soberanía reside en el pueblo?

 El vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, informó el pasado 1 de septiembre que en el país están conformadas 3.230 comunas y 45.095 consejo comunales.

 La Ley Orgánica de las Comunas en su artículo 21, contempla el Parlamento Comunal como “la máxima instancia del autogobierno en la Comuna, y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos (…)».

El mismo texto contiene sus competencias. La instalación de esta especie de poder legislativo comunal se concretó en 2015, luego de que el chavismo perdiera la mayoría de la AN, pero no tomó cuerpo y ahora se anuncia que será retomado con otra legislación.  Fue el Tribunal Supremo de Justicia el que con sucesivas sentencias (más de 100) desde 2016, como la que declara el desacato aún vigente, ha despojado de sus competencias a la AN, de acuerdo con un registro hecho por la ONG, Acceso a la Justicia.

Sobre la legalidad del Parlamento Comunal, Diosdado Cabello, dijo aun siendo presidente de la AN en diciembre de 2015, que se sostenía en el artículo 5 de la Constitución, según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.

“Ley electorera”

Un ofrecimiento recurrente en tiempos de elecciones es el de la recuperación y reactivación económica que luego de siete años de la administración de Maduro luce cada vez más lejana para los venezolanos.

“Ahora les digo, vamos todos el 20 de mayo a votar para traerle la prosperidad y el crecimiento económico, y se los voy a garantizar” dijo Maduro durante un acto proselitista previo a las elecciones del 20 de mayo de 2018.

 Otra oferta fue fortalecer la educación pública y la meta de 100% de escolarización, la expansión del sistema de salud pública y la construcción de cinco millones de viviendas.

 A dos años de dichos comicios presidenciales no reconocidos por casi 60 países, se plantea y se aprueba la Ley Antibloqueo, considerada “electorera” por el chavismo disidente, en voz del economista y exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. Y es que Maduro asegura que con la aplicación de la normativa podrá recuperarse el salario y la seguridad social de los trabajadores, el reimpulso de los CLAP para atender a más venezolanos, la reactivación de la producción nacional para el autoabastecimiento de alimentos, del sector industrial y en general de la economía nacional.

 También se promete que los recursos que la implementación de la ley genere se invertirán en la recuperación de los servicios de gas, electricidad, agua, gas doméstico, transporte y telecomunicaciones. No es casualidad, señala Cabezas que haya sido sancionada previo a los comicios parlamentarios.

 “Se incurre en una demagogia electorera al decirle a los venezolanos que esta ley resolverá los desequilibrios macroeconómicos de la República. La recesión económica, la hiperinflación, el deterioro operativo y financiero de Pdvsa, así como el hambre y la desnutrición que afecta a 50 % de la población, no se detendrán por esta ley”, advirtió Cabezas en entrevista con Efecto Cocuyo, el 9 de octubre.

Las promesas no parecen calar incluso entre el electorado chavista que no parece dispuesto a participar masivamente en los comicios del 6 de diciembre. Para diciembre de 2019, según el estadístico Félix Seijas, ya 60% del llamado chavismo blando responsabilizaba al gobierno madurista de los problemas del país, ese porcentaje subía a 62,4% con el chavismo en general.