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Larga lista de sancionados. En la red de corrupción que se teje en torno a las cajas Clap no solo están el empresario colombiano Alex Saab y su familia, sino también los hijos de Cilia Flores. Así lo reveló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este jueves, 25 de julio, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) incorporara a 10 personas a la lista de sanciones individuales

El nepotismo reina en la red, según alertó el Gobierno estadounidense, pues en el lucrativo negocio de la importación y distribución de alimentos en Venezuela participaron Saab y sus hijos (Shadi e Isham Saab), el socio de Saab, Álvaro Pulido, y su hijo Emmanuel Rubio, y los hijastro del gobernante Nicolás Maduro, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores.

Entre sobornos y sociedades pantalla (empresas sin actividad real, domicilio o empleados), Saab consiguió la adjudicación de contratos gubernamentales y se benefició de la venta de los alimentos del Clap.

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El Departamento del Tesoro no solo acusa al empresario colombiano y a su socio de beneficiarse de contratos en materia alimentaria, sino también en el sector construcción. Adicionalmente, Estados Unidos sancionó a un grupo de 13 empresas vinculada a la trama de corrupción de las cajas Clap.

Saab y Pulido Vargas fueron acusados este jueves, 25 de julio, de presunto lavado de dinero por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos. Ambos hombres son señalados de formar parte de un plan para pagar sobornos y aprovecharse del control cambiario impuesto en Venezuela desde el año 2003.

La acusación alega que desde principios de noviembre de 2011 hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el dinero procedente de un esquema ilegal de sobornos desde bancos ubicados en Venezuela a instituciones financieras en los Estados Unidos.

Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el Gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de bajos recursos. Los acusados y sus co-conspiradores supuestamente se aprovecharon del control cambiario y presentaron documentos de importación fraudulentos para bienes y materiales que nunca llegaron a Venezuela.

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