Cidh denuncia ante la Corte IDH la muerte de Fernando Albán

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 5 de agosto de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 14.267, relativo a Venezuela, por la responsabilidad del Estado en la “detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial” del dirigente opositor Fernando Alberto Albán Salazar, así como por las agresiones a su familia y la impunidad en los hechos.

La Cidh solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.

#CIDH presenta a #CorteIDH caso por la detención, tortura y ejecución extrajudicial de un dirigente opositor en #Venezuela

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— CIDH – IACHR (@CIDH) August 25, 2026

También pide “dejar sin efecto los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales contra Albán y su familia; prevenir, investigar y sancionar actos de hostigamiento contra la familia y su defensa; y adoptar medidas de no repetición, como asegurar la independencia en la designación de la Fiscalía General, garantizar investigaciones imparciales en muertes bajo custodia estatal, abstenerse de comentarios públicos sobre causas penales pendientes y capacitar al SEBIN, el Ministerio Público y el Poder Judicial en derechos de las personas detenidas y debida diligencia”.

El caso se originó en una petición presentada ante la CIDH el 26 de abril de 2019. La Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y defender los derechos humanos en la región.

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Recordando el caso

Mediante un comunicado, la Cidh recordó que Albán, de 56 años, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital, fue detenido el 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU.

Albán fue apresado en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden judicial ni explicación, y durante unas veinte horas las autoridades negaron su detención, lo que la familia denunció como una desaparición forzada.

“El 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el fiscal general informó públicamente que Albán se había suicidado en la sede del Sebin. La familia y su defensa cuestionaron esa versión y señalaron múltiples irregularidades, entre ellas certificados de defunción contradictorios. Antes de su muerte se le había abierto un proceso penal por terrorismo y otros delitos. Solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplimiento de deberes de custodia; las penas fueron reducidas y quedaron en libertad. Las denuncias de torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial no fueron investigadas”, indica el documento publicado este 25 de agosto.