La Constitución de Venezuela es clara en su artículo 35: “Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.
“El artículo no está sujeto a libre interpretación”, advierten abogados y defensores de derechos humanos consultados por Efecto Cocuyo. No puede, recalcan, la supuesta comisión de algún delito justificar la decisión de quitarle la nacionalidad a un ciudadano venezolano de nacimiento, ni ninguna otra ley imponerse a lo establecido en la Carta Magna.
Un derecho inherente al ser humano, a su condición de ciudadano, que da lugar a otros derechos como el de la identidad, coinciden los abogados, se ve amenazado luego de que el líder chavista, Nicolás Maduro, solicitara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad del opositor Leopoldo López por considerar que hace llamados a una invasión extranjera contra Venezuela.
De acuerdo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Maduro introdujo un recurso ante el máximo tribunal el pasado viernes 24 de octubre, porque a su juicio ha incurrido en la «promoción permanente del bloqueo económico» y «el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros». El exalcalde de Chacao, desde el exilio, ha apoyado las presiones de Estados Unidos sobre Miraflores, a través del despliegue militar en el Caribe.
Los consultados alertaron que de concretarse la amenaza contra el político se sentaría un grave precedente en Venezuela que confirma el patrón de persecución política bajo la tesis del enemigo interno y que busca la “anulación” de un individuo ante la sociedad.
TSJ debe acatar Constitución
“La Constitución es clara. Basta leer el artículo 35 para advertir que no puede ningún venezolano por nacimiento -el artículo 32 establece quienes son venezolanos por nacimiento – ser despojado de su nacionalidad venezolana. El artículo 19 de la Constitución confirma ese trato que al asunto concede la Carta Magna: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público”, subrayó el abogado constitucionalista, Nelson Chitty La Roche.
El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) recalcó lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Constitución para recalcar la inconstitucionalidad de una medida de ese tipo contra cualquier ciudadano. El artículo 23 alude a que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos – que también abarca el derecho a la nacionalidad – suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y, por lo tanto, deben ser respetados.
“No puede el TSJ desconocer el mandato constitucional y, de hacerlo, despojaría de validez sus actos y en especial en ese caso, según el artículo 25 de la Constitución”, advirtió.
El artículo 25 del texto fundamental, citado por el jurista, señala que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
“Mañana puede ser cualquiera”
El abogado experto en Derecho Internacional Público, Simón Gómez Guaimara, también recalcó que si el TSJ decide a favor de Maduro -como podría esperarse, afirmó, por su falta de autonomía- estaría yendo contra la Carta Magna y tomando una medida “arbitraria”. Indicó que la única forma de introducir la revocatoria de la nacionalidad a venezolanos por nacimiento sería mediante una reforma constitucional que no ha ocurrido.
“Confirmaría el patrón de agravamiento de la persecución política en Venezuela ante la negación de derechos fundamentales. El derecho a la nacionalidad da paso al goce de otros derechos civiles y políticos como el derecho a la identidad, a un estado civil, acceso a documentos. Se estarían violando además la Declaración Universal de los DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otros”, sostuvo el también defensor de DDHH.
La propuesta de retiro de la nacionalidad a opositores considerados “traidores a la patria” ya venía siendo promovida por diputados de la Asamblea Nacional como la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y la integrante de la Comisión de Política Exterior, Ilenia Medina (PPT judicializado), como parte de una reforma constitucional.
A juicio de Gómez Guaimara, si se considera que López o cualquier otro ciudadano comete un delito, el Estado dispone de mecanismos legales para sancionarlo, pero no se puede, insistió, negar derechos que son inherentes al ser humano. Recordó además que el delito de traición a la patria ha sido imputado de manera “abusiva” contra disidentes, hoy presos políticos.
“Intensifica la persecución política que es un crimen de lesa humanidad, al extremo de su gravedad. No es un acto contra la integridad física de la persona como lo es la tortura, pero busca la anulación del individuo porque se le priva de sus derechos básicos, va contra contra su condición de persona. Es como la última capa de la negación del Estado de Derecho en Venezuela. Hoy puede ser Leopoldo López, pero mañana puede ser cualquiera, como en Nicaragua que se ha privado de su nacionalidad a políticos, defensores de DDHH, estudiantes, cualquier persona que se perciba como incómodo”, dijo.
Medida ejemplarizante
Este lunes, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, al apoyar y justificar la medida contra López, argumentó que el opositor no quedaría privado de sus derechos fuera de Venezuela porque posee otra nacionalidad que no especificó.
El exalcalde de Chacao y ex preso político entre 2014 y 2020 niega tener otra nacionalidad, por lo que de concretarse la amenaza en su contra quedaría como “apátrida”.
«Son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad, no pueden renovar su pasaporte y que hoy están viviendo las consecuencias. Son cientos de miles de niños que nacen fuera de Venezuela en una condición de no tener patria», declaró Lopez este 27 de octubre, al considerar que no es el único afectado.
Para Gómez Guaimara, la administración de Maduro pudiera estar usando la medida contra López como un “caso emblema” o ejemplarizante hacia actores políticos que se mantienen dentro de Venezuela. Así como no descarta una sentencia del TSJ favorable a la solicitud de Maduro, tampoco que la decisión quede engavetada hasta nuevo aviso, dependiendo de cálculos políticos.
Maduro no fue el único. Este lunes el politólogo Luis Ratti acudió al TSJ para pedir el retiro de la nacionalidad a 25 opositores, entre ellos la líder política, María Corina Machado, el exdiplomático Edmundo Gonzalez Urrutia y hasta periodistas como Carla Angola.