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La Asamblea Nacional junto a organizaciones no gubernamentales y otros activistas han advertido que los derechos humanos de los hasta ahora 17 capturados por el intento de incursión en La Guaira y Chuao (Aragua), deben ser garantizados pese a las acusaciones en su contra. La petición, especialmente de Provea, molestó al gobernante Nicolás Maduro.

“Sale Provea ahí mismo, una organización financiada por la CIA y que algún día defendió los derechos humanos en el país; salen rápido a darle cobertura a los terroristas, aun cuando ya están capturados, convictos y confesos”, reclamó Maduro el 5 de mayo durante una alocución oficial.

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, recordó que toda persona  que comete delito tiene que recibir una sanción, previo debido proceso en un tribunal.

“Una persona no pierde sus derechos por haber cometido un delito, no puede ser sometido a tortura por ejemplo. Defendemos los derechos de todos, de los presos en las cárceles, no avalamos sus delitos o la impunidad, pero tienen derechos”, aclaró.

El defensor de DD. HH. recordó a Maduro que existe la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura (aprobada en junio de 2013 durante presidencia de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional).

También, que mientras el entonces teniente coronel Hugo Chávez estuvo preso en la cárcel de Yare, por el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, Provea lo visitó para constatar las condiciones en las que se encontraba.

“Ello no significó que avalamos el intento de golpe de Estado; es cuestión de principios”, enfatizó.

En la sesión del Parlamento del martes 5 de mayo, Juan Guaidó aseguró que como Poder Legislativo la AN velaría por el respeto a los derechos humanos de los apresados en las costas venezolanas. Dijo temer por la integridad de los capturados dado los antecedentes con el concejal de Libertador Fernando Albán, el exCipcp Oscar Pérez y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Albán y Acosta Arévalo murieron bajo la custodia del Estado y Pérez fue abatido, pese a haberse rendido.

Derechos en cuarentena

Consultado por Efecto Cocuyo sobre si conoce el estado físico y dónde se encuentran los detenidos por la fallida incursión en La Guaira, Chuao y Carayaca, Uzcátegui indicó que la condición general de todos los apresados en lo que va de cuarentena (decretada desde el 16 de marzo) por COVID-19, es de incomunicación.

“El estado de alarma ha sido aprovechado por Maduro para irrespetar los derechos de las personas también detenidas en protestas por servicios básicos. La cuarentena se levantará en cualquier momento, pero creemos que los DD. HH. seguirán confinados”, alertó.

Destacó que los defensores de derechos humanos en Venezuela no tienen salvoconducto ni están incluidos en los sectores priorizados, por lo que no tienen acceso a determinados lugares como los sitios de reclusión.

Lo que sí han podido hacer en medio de la emergencia sanitaria es mantener contacto  permanente y fluido (en grupos o cada ONG por individual) con representantes del Alto Comisionado de DD. HH. de la ONU y con Ginebra, para tenerlos al tanto de la situación.

“Pero Maduro no ha cumplido con los compromisos adquiridos. No se le ha permitido a los oficiales de la ONU entrar en contacto con las personas detenidas en los distintos centros de reclusión, ni ingresar a los calabozos”, denunció.

Por esa razón, dichos funcionarios recurren a los familiares para recabar información sobre los casos y seguir la evolución de ciertos acontecimientos, como la reciente incursión.